Proponemos dar continuidad al plan de lucha bajo el siguiente cronograma:

Semana del 3 al 7 de agosto
Miércoles 5 y jueves 6
Retención de tareas en toda la provincia y en todas las oficinas y turnos, con asambleas diarias durante las dos primeras horas en cada edificio y trabajo a desgano.

Viernes 7 Movilización provincial al Panal

*- Capital: Abandono de tareas y Paro desde las 10 hs *
– Interior: Paro de 24 hs. para acompañar la movilización al Panal

Semana del 10 al 14 de agosto

Lunes 10
Asambleas y abandono de tareas las dos últimas horas de cada turno y en cada edificio

Martes 11
Asambleas en toda la provincia.
Capital: Movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (con retorno a los lugares de trabajo).
Interior. Asamblea y abandono las últimas 2 hs. de cada turno

Miércoles 12
Asambleas y abandono las 2 últimas horas de cada turno y en cada edificio

Jueves 13
11 hs. Asambleas en toda la provincia y desde las 12 hs., comienzo de un paro provincial de 36 horas.
Capital: 12 hs. Movilización a Tribunales 1

Viernes 14
Continuidad del paro provincial.

La Comisión Directiva propone profundizar el plan de lucha, reafirmando los objetivos que vienen guiando nuestro reclamo ante la falta de una propuesta superadora del TSJ pero con la táctica enfocada en cuidar la fuerza gremial y seguir visibilizando nuestro reclamo.
El sistema salarial vigente, que se basa en el enganche con los aumentos que dispone la CSJN, ha permitido que las actualizaciones otorgadas por la Corte acompañaran la evolución de la inflación hasta las devaluaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024, cuyo impacto aún no ha podido recuperarse. En ese marco, entendemos que la recuperación del poder adquisitivo perdido debe alcanzarse fortaleciendo y haciendo cumplir el acuerdo de equiparación, y dentro de nuestro sistema salarial, como herramienta para consolidar una recomposición salarial permanente.

Tras la masiva movilización de la semana pasada de las y los judiciales y por la enorme presión que este plan de lucha viene sosteniendo, hoy la provincia anuncio el pago de la segunda cuota del acuerdo de equiparación y el blanqueo de la primera cuota para el sábado 8 de agosto.
Sin embargo tanto la provincia como el Tribunal Superior de Justicia continúan sin presentar una propuesta salarial superadora que permita recuperar el salario, con un conflicto de meses y una justicia resentida.
Por ello, proponemos que la táctica esté orientada a profundizar el plan de lucha mediante medidas que mantengan la visibilidad y la intensidad del conflicto, procurando al mismo tiempo resguardar el bolsillo de las y los trabajadores y sostener la fuerza del reclamo.

 

Para descargar el mandato de Comisión Directiva HACER CLICK ACÁ

AGEPJ repudió las sanciones económicas y reiteró la exigencia del cumplimiento inmediato del Acuerdo de Equiparación, además de una nueva propuesta de recomposición salarial. Se pone a disposición la via legal contra los descuentos.

Desde AGEPJ repudiamos enérgicamente la decisión de la patronal de ejecutar descuentos en los haberes de julio por las medidas de fuerza ejercidas por las y los trabajadores.

Esta medida se efectiviza tras cinco meses de conflicto continuado, luego de que las acciones gremiales fueran legítimamente llevadas a cabo. Ejecutar un castigo económico a meses de realizada una protesta no es más que una muestra explícita de cinismo e insensibilidad. Además, la cuantía de los descuentos aplicados destruye el valor del haber mensual, atentando directamente contra el sustento básico de las familias judiciales. Esta decisión echa por tierra cualquier apelación a las «razones humanitarias» a las que el propio TSJ tan insistentemente invita a reflexionar en sus fallos judiciales. Una vez más, la empatía y la sensibilidad social que predican hacia afuera brillan por su ausencia hacia el interior del Poder Judicial.
Este intento de disciplinamiento económico resulta inaceptable. Se utiliza la quita salarial desmedida como una herramienta de amedrentamiento para silenciar el reclamo de quienes venimos sufriendo un ajuste brutal en nuestros ingresos.
Pero también, el castigo a la protesta demuestra una incoherencia por parte de la patronal ya que fue la propia patronal la que reconoció expresamente la legitimidad del reclamo judicial en la primera reunión de la mesa de conciliación voluntaria del 18/6/2026.
Frente a esta política de amenazas, queremos ser absolutamente claros y claras: las y los judiciales no nos dejamos disciplinar. Nuestra historia lo demuestra: cada vez que intentaron avanzar contra nuestros derechos, respondimos con más organización, más unidad y más lucha. Por eso, lejos de debilitarnos, estas acciones refuerzan nuestra decisión colectiva.

LA EQUIPARACIÓN NO SE NEGOCIA. SE CUMPLE
En paralelo, AGEPJ reiteró formalmente al Tribunal Superior de Justicia el reclamo por el pago inmediato de la segunda cuota del Acuerdo de Equiparación, firmada ante la Secretaría de Trabajo y refrendada por el propio Tribunal, cuyo pago debía efectivizarse con los haberes de julio.
Desde el gremio remarcaron que el cumplimiento de ese acuerdo no forma parte de la negociación salarial, sino que constituye una obligación asumida por la patronal. Advirtieron además que este incumplimiento profundiza el conflicto y aleja la posibilidad de alcanzar una solución.
Cumplir los acuerdos es una condición indispensable para resolver el conflicto. Por ello, AGEPJ reiteró también la exigencia de una nueva propuesta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de las y los judiciales.

LAS Y LOS JUDICIALES VAMOS POR TODAS LAS ESTRATEGIAS EN EL RECLAMO POR RECOMPOSICION SALARIAL: Recurso administrativo a disposición y hoja de ruta
Además de las medidas de fuerza ya dispuestas y lo que defina la Asamblea extraordinaria del próximo martes 4 de agosto; ponemos también a disposición la vía legal. No renunciamos a ninguna de las estrategias en torno a nuestro reclamo. Se acompaña aquí un modelo de recurso elaborado por nuestro equipo jurídico del gremio para todo el personal que haya sufrido descuentos en los haberes de julio.
Importante: El recurso NO requiere patrocinio letrado, por lo que debe presentarse de forma individual por cada trabajador/a judicial (recordá que nos rige la Ley de Procedimiento Administrativo N.º 5360/1972 y sus modificaciones, en particular la 10618/2019).

Instrucciones para la presentación:
1. Descargar y completar: Descargá el recurso [HACIENDO CLICK ACÁ], leelo detenidamente y completá tus datos personales e individuales identificados en amarillo.
2. Plazo límite de presentación: Tenés 10 días hábiles desde la notificación del recibo de sueldo (publicado en CiDi el 30/7/2026). El plazo vence el 14/8/2026 con cargo de hora (hasta las 9:00 hs, según la LPA).
3. Modalidades de presentación:
a) PAPEL:
o Imprimí dos (2) juegos y firmá ambos. Una copia es para presentar y la otra es tu recibo/duplicado.
o Capital: Mesa de Entradas de la Administración General del Poder Judicial (Arturo M. Bas 158), de 8:00 a 14:00 hs.
o Interior: Mesa de Entradas de la Superintendencia de tu sede respectiva, de 8:00 a 14:00 hs.
b) TRAMITE MULTINOTA CIDI + MAIL A LA ADMINISTRACIÓN
o Ingresa a tu CIDI, dirigíte a trámite multinota e ingresa el escrito. (Si querés podes subir en Anexo la documentación que te parezca, como el recibo de sueldo).
o Luego, envía un mail a la Administración General del Poder Judicial (correo: administracionme@justiciacordoba.gob.ar) indicando que presentaste recurso de reconsideración y pegando el número de sticker (ese es el número de tu trámite).
4. Seguimiento: Unos días después de la presentación (papel o digital), podés realizar el seguimiento del expediente ingresando a CiDi > E-trámites.

¡LA DIGNIDAD Y EL SALARIO NO SE NEGOCIAN!

El TSJ reconoce la legitimidad de nuestro reclamo salarial, pero responde con una política de descuentos extremos para intentar disciplinarnos por luchar por un salario digno.

Repudiamos este accionar y el incumplimiento del acuerdo de equiparación: la segunda cuota, comprometida para liquidarse con los haberes de julio, no fue abonada.
Lejos de debilitarnos, estas decisiones fortalecen nuestra unidad.

Las y los judiciales estamos más unidos que nunca.

VIERNES 31 DE JULIO
SE TRANSFORMA LA MEDIDA PREVISTA A UN PARO PROVINCIAL DE 24 HS.
Sin asistencia ni marcación a los lugares de trabajo (el paro comienza a las 00 hs. del dia 31/7 y culmina a las 24 hs. del día 31/7 o a la finalizacion del turno donde exista trabajo nocturno).

LUNES 3 DE AGOSTO – SEGUNDA MOVILIZACION MASIVA A TRIBUNALES I
Capital: Movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (con retorno a los lugares de trabajo, salvo para Unidades Judiciales) –

Interior: Asamblea y retiro de 2 hs. con modalidad a determinar por cada sede

MPF: Turno matutino: asamblea con movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (sin retorno para Unidades Judiciales). Resto de los turnos: abandono de dos horas por turno.

¡RUIDAZO DE PROTESTA CONTRA LOS DESCUENTOS Y POR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS!

• ⁠Martes 4 DE AGOSTO–
Asamblea general extraordinaria de afiliados/as

 

La organización y la unidad son nuestra fuerza.

Han transcurrido ya dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, mediante el Auto N.° 50 de la Sala Electoral y de Competencia Originaria de fecha 29 de mayo de 2026, estableció criterios claros respecto de la aplicación de la Ley 11.087. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Provincial continúa sin adoptar las medidas necesarias para adecuar su actuación a los lineamientos fijados por el máximo órgano judicial de la Provincia.

Desde el Frente de Gremios Estatales Aportantes a la Caja de Jubilaciones advertimos que esta inacción resulta preocupante. Más allá de que el pronunciamiento haya sido dictado en el marco de un caso individual, el Tribunal dejó sentados lineamientos que el Estado Provincial no puede desconocer ni ignorar al momento de administrar el sistema previsional.

En su resolución, el TSJ dispuso reducir la alícuota extraordinaria prevista en la Ley 11.087 del 8% al 6% para el caso analizado y sostuvo expresamente que las autoridades competentes deberán avanzar en una disminución progresiva de los aportes extraordinarios establecidos por dicha legislación. Esa afirmación constituye una directriz concreta que exige una respuesta política y administrativa por parte del Gobierno Provincial.

Durante todo este tiempo, los Gremios aportantes a la Caja, mediante las distintas acciones gremiales, políticas y jurídicas, hemos venido sosteniendo que la denominada «Ley de Equidad Previsional» implica, en realidad, un ajuste sobre los salarios de los trabajadores activos y sobre los ingresos de jubiladas y jubilados. Exigimos su derogación, denunciando que el incremento de los aportes previsionales significaba una reducción salarial encubierta y que esa disminución impactaba directamente sobre el cálculo de los futuros haberes jubilatorios. La propia Justicia comenzó a reconocer la razonabilidad de nuestros planteos.

También resulta trascendente que el Tribunal haya considerado como un hecho nuevo el acuerdo alcanzado entre la Provincia de Córdoba y ANSES. Precisamente por esa modificación del contexto económico y financiero, el TSJ entendió que ya no resultaba razonable mantener el nivel de aportes extraordinarios establecido por la Ley 11.087 y ordenó su morigeración.

Este avance judicial no es producto de la casualidad. Es consecuencia de la lucha sindical que estamos manteniendo los Gremios Estatales Aportantes en unidad, de las acciones gremiales en conjunto y de la permanente actividad desarrollada por las organizaciones sindicales y sus equipos jurídicos para demostrar la injusticia y la inconstitucionalidad de una norma que trasladó el costo previsional a trabajadores activos y jubilados.

Por ello, exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba que deje de dilatar la implementación de los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia y proceda de manera inmediata a adecuar la aplicación de la Ley 11.087 a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal. La seguridad jurídica exige que el propio Estado sea el primero en respetar las decisiones de la Justicia, especialmente cuando ellas emanan de su máximo órgano jurisdiccional de la Provincia.

Reclamamos que el Ejecutivo avance en la reducción progresiva de los aportes extraordinarios, revise integralmente el régimen instaurado por la Ley 11.087, restituya los derechos afectados y arbitre mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones sin que ello continúe significando un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados. Reiteramos lo ya manifestado en otras oportunidades, los problemas financieros de nuestra Caja tienen su origen en políticas de precarización laboral que desfinancian el Sistema.

De igual modo, continúa nuestro reclamo al Gobierno Nacional para que cumpla plenamente con las obligaciones de financiamiento previsional que le corresponden respecto de nuestra Provincia, entendiendo que el sostenimiento del sistema previsional debe basarse en el cumplimiento de esas obligaciones y no en la permanente transferencia del costo a quienes trabajan y a quienes ya se han jubilado.

A dos meses del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno Provincial ya no puede alegar desconocimiento ni permanecer inmóvil. Es tiempo de cumplir con los lineamientos fijados por la Justicia, abandonar definitivamente las políticas de ajuste previsional y abrir una instancia de diálogo que permita construir soluciones duraderas.

Los Gremios Estatales continuaremos impulsando todas las acciones gremiales, políticas y judiciales necesarias hasta que la Provincia adecue su actuación a los criterios establecidos por el Tribunal Superior de Justicia, sin dejar de exigir con ello, la derogación de la mal llamada Ley de Equidad Jubilatoria. Exigiéndole, además, que garantice un sistema previsional justo, sustentable y respetuoso de los derechos constitucionales de sus trabajadores y jubilados.

 

Frente de Gremios Estatales Aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba

30 de julio de 2026.

El jueves 30 de julio trabajadoras y trabajadores judiciales de distintas sedes tribunalicias se movilizaron hacia el edificio de tribunales I. La masiva movilización de empleadas y empleados en reclamo por recomposición salarial coincidió con la protesta que estaban realizando funcionarios y magistrados.

Luego de la masiva movilización y concentración en la explanada de tribunales I que incluyó un papelazo desde los distintos pisos del edificio hacia el Salón de los pasos perdidos; El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti felicitó a las y los judiciales por el espíritu de lucha demostrado en todos estos meses y recalcó que la solución de este conflicto es un propuesta económica salarial acorde a los legítimos reclamos de las y los trabajadores judiciales. Enfatizó también en que la patronal debe cesar con las amenazas de los descuentos y guardias mínimas o vallando los tribunales con presencia judicial. Esta inédita conjunción de los reclamos de trabajadores, trabajadoras con funcionarios y magistrados demuestra que el principal problema es la abrupta caída del poder adquisitivo de los salarios agravada por la nefasta ley de equidad jubilatoria provincial que trastocó el proceso de recomposición salarial que habíamos iniciado tras la lucha por la equiparación salarial de 2025.

El gremio de judiciales mantiene vigente el reclamo al Tribunal Superior de Justicia para retomar el diálogo institucional y presentar una propuesta salarial superadora, que permita recomponer el salario respetando el Acuerdo de Equiparación y el Sistema Salarial vigente, dando una respuesta concreta a los siguientes reclamos:

– Adelanto en blanco de todos los tramos pendientes del Acuerdo de Equiparación.
– Adelanto del 5 % de permanencia para todas las categorías.
– No descuento de los días de paro.
– Derogación de la Ley de Equidad Previsional.
– Cumplimiento de los compromisos salariales pendientes.

 

Esta medidas de fuerza junto con un plan de lucha que incluye asambleas, retiros, movilizaciones en toda la provincia, así como la  convocatoria a una nueva Asamblea General Extraordinaria fue definida luego de la reunión con los cuerpos orgánicos de Capital.

Continuidad del plan de Lucha

Viernes 31 –
Capital: 12hs. Retiro
MPF: Retiro de dos horas por turno
Interior: Asamblea y retiro de 2hs. con modalidad a determinar por cada sede

⁠Lunes 3 –
Capital: Movilización a Tribunales I de 10 a 12.30hs. (con retorno a los lugares de trabajo) –
MPF: Turno matutino: asamblea con movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (sin retorno para Unidades Judiciales). Resto de los turnos: abandono de dos horas por turno.

⁠Martes 4 –
Asamblea general extraordinaria de afiliados/as

 

UNIDAD EN LA LUCHA POR LA RECOMPOSICION SALARIAL
NO NOS BAJAN NI LAS AMENAZAS DE DESCUENTOS NI DE SANCIONES

Ante la falta de una nueva propuesta salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia, desde AGEPJ, y luego de la reunión con los cuerpos orgánicos de Capital e Interior, se da continuidad al plan de lucha con asambleas, retiros y movilizaciones en toda la provincia.

Las medidas se desarrollarán hasta la próxima Asamblea General Extraordinaria, ámbito en el que las y los afiliados evaluarán la continuidad del conflicto.

El conflicto salarial continúa sin una respuesta que permita avanzar en una verdadera recomposición para las y los trabajadores judiciales.

En ese marco, AGEPJ mantiene vigente el reclamo al Tribunal Superior de Justicia para retomar el diálogo institucional y presentar una propuesta salarial superadora, que permita recomponer el salario respetando el Acuerdo de Equiparación y el Sistema Salarial vigente, dando una respuesta concreta a los reclamos definidos por la Asamblea.

Frente a las amenazas de descuentos salariales y de eventuales sanciones vinculadas al cumplimiento de las guardias mínimas, los cuerpos orgánicos y las y los judiciales reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la firmeza del plan de lucha. Ninguna intimidación modificará el mandato asambleario de continuar reclamando una solución salarial justa, en el marco del diálogo institucional y con pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.

Reiteramos los ejes centrales del reclamo:

– Adelanto en blanco de todos los tramos pendientes del Acuerdo de Equiparación.
– Adelanto del 5 % de permanencia para todas las categorías.
– No descuento de los días de paro.
– Derogación de la Ley de Equidad Previsional.
– Cumplimiento de los compromisos salariales pendientes.

En este contexto, se desarrollará el siguiente cronograma de medidas gremiales:
•⁠ ⁠Miércoles 29 –
Capital: 11 hs. Asambleas – 12 hs. Retiro
MPF: Retiro de dos horas por turno
Interior: Asamblea y retiro de 2 hs. con modalidad a determinar por cada sede

•⁠ ⁠Jueves 30 –
Capital: Movilización a Tribunales I 10 a 12.30 (con retorno a los lugares de trabajo) – MPF: Turno matutino: asamblea con movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (sin retorno para Unidades Judiciales). Resto de los turnos: abandono de dos horas por turno.

Interior: Asamblea y retiro de 2 hs. con modalidad a determinar por cada sede

•⁠ ⁠Viernes 31 –
Capital: 12 hs. Retiro
MPF: Retiro de dos horas por turno
Interior: Asamblea y retiro de 2 hs. con modalidad a determinar por cada sede

•⁠ ⁠Lunes 3 –
Capital: Movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (con retorno a los lugares de trabajo) –
MPF: Turno matutino: asamblea con movilización a Tribunales I de 10 a 12.30 hs. (sin retorno para Unidades Judiciales). Resto de los turnos: abandono de dos horas por turno.

•⁠ ⁠Martes 4 –
Asamblea general extraordinaria de afiliados/as

Desde AGEPJ expresamos nuestra más profunda solidaridad con la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y con todas las trabajadoras y trabajadores de esa provincia que hoy enfrentan un nuevo intento de recortar derechos previsionales.

Quienes integramos AGEPJ sabemos muy bien lo que significa enfrentar una reforma regresiva. En Córdoba hemos sostenido durante meses una lucha gremial, política y judicial contra la Ley 11.087 porque siempre denunciamos que, detrás del discurso de la «equidad previsional», había un ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores activos y sobre las jubilaciones. Además, esa reforma desvirtuó el acuerdo de equiparación conseguido en 2025 licuando aún más la posibilidad de una recomposición salarial, por lo que hoy nos encontramos nuevamente en conflicto.

Hoy, el gobierno provincial de Entre Ríos pretende avanzar en un camino similar: reducir derechos históricos, modificar la forma de calcular los haberes jubilatorios y profundizar la denominada «armonización» de las cajas provinciales. El informe elaborado por la Federación Judicial Argentina (que puede descargarse haciendo Click Acá) advierte que esta reforma reduciría el haber jubilatorio real a casi el 64% en relación a las y los activos, muy lejos del objetivo del 82% móvil, afectando seriamente el derecho a una jubilación digna. Según lo que denuncian las y los judiciales de Entre Ríos con este proyecto también se sube la edad jubilatoria, se reducen pensiones y se agrega un aporte solidario para activos y pasivos.

Las cajas previsionales provinciales no son un privilegio: constituyen un patrimonio de las y los trabajadores y una garantía de un sistema solidario. Su sostenibilidad no puede lograrse trasladando el costo de la crisis a quienes viven de su salario o de su jubilación.
Porque cuando avanza una reforma previsional regresiva en una provincia, se pone en riesgo el conjunto de las cajas previsionales del país. La presión sobre las cajas provinciales se agrava con el ajuste nacional sobre los fondos que son de las provincias y entendemos que derivará en una mayor presión, también, al sistema nacional previsional.

No permitiremos el avasallamiento de derechos sociales básicos como salario y jubilaciones en todo el país.

Toda nuestra solidaridad con AJER y con las y los judiciales entrerrianos.

AGEPJ reclama al TSJ retomar la negociación para avanzar en una respuesta concreta a la recomposición salarial de las y los judiciales. Exige también el cumplimiento del sistema salarial.

Tras el rechazo por parte de la Asamblea General Extraordinaria a la oferta salarial del empleador el gremio reclamó por nota al TSJ la reapertura del diálogo institucional y reiteró sus planteos de adelanto en blanco de todos los tramos de la equiparación, adelanto del 5 % de permanencia para todas las categorías, no descuento de días de paro y derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria para que se presente una nueva oferta salarial superadora de la rechazada.

A su vez, en lo que se refiere al cumplimiento del acuerdo salarial vigente AGEPJ exige que se informe y cumpla con la liquidación y pago del retroactivo del SAC correspondiente al incremento del 2,6% otorgado en abril, la liquidación y pago del aumento del 2,1% de mayo, con todos sus retroactivos, el blanqueo de la primera cuota del Acuerdo de Equiparación e inicio de la percepción de la segunda cuota para todas las categorías.

Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) denunciamos públicamente la maniobra del Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Poder Judicial de Córdoba, quienes —mediante intimidaciones por correo electrónico y amenazas de sanciones— pretenden imponer «guardias mínimas» unilaterales para cercenar el libre ejercicio de nuestras medidas de fuerza.
Recordamos, además, que el Poder Judicial de Córdoba este compuesto en casi un 30% por magistrados y funcionarios que tienen dedicación funcional y cargas de dedicación exclusiva. En caso de requerirse la prestación mínima en el Poder Judicial, esta ya se cumple a través de la alta dotación de magistrados y funcionarios a lo largo de toda la provincia que tienen dedicación funcional.
Ante el intento del sector empleador de desinformar citando jurisprudencia recortada y leyes locales desactualizadas, dejamos en claro la realidad legal y política:

1. La patronal recurre a la mentira y al «recorte» de la OIT
Para amedrentar a las y los trabajadores, el MPF cita parcialmente una resolución de la OIT (Casos 1653/1660) donde afirma que se pueden restringir las huelgas en la función pública. Lo que ocultan deliberadamente es que el Comité de Libertad sindical de la OIT advirtió en esa resolución (Párrs. 107 a 109) que el Poder Judicial no puede ser «juez y parte»: un empleador no puede arrogarse el poder de restringir el derecho a huelga de sus propios empleados sin una negociación previa y la intervención de un tercero neutral (Art. 8, Convenio 151 OIT).

2. La Justicia NO es un «Servicio Esencial» en sentido estricto
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha ratificado de manera uniforme (Compendio 2018, Párr. 836) que sólo son servicios esenciales aquellos cuya interrupción ponga en «amenaza evidente e inminente la vida, la seguridad o la salud de la población». La administración de justicia no está reseñada en dicho compendio dentro esa definición. Asimismo, los principios internacionales prohíben taxativamente que el empleador defina de forma unilateral e inconsulta las guardias mínimas (Párr. 883). Toda regulación al respecto, afirma el Comité debe realizarse dentro de los marcos de la negociación colectiva con participación de un tercero imparcial.
Pero, además, de disponerse guardias mínimas, estas debieran ser cubiertas por la enorme dotación de funcionarios y magistrados que tienen responsabilidad funcional y cargas de dedicación exclusiva.

3. La Ley Provincial N° 10.461 está cuestionada internacionalmente
El intento de escudarse en la Ley Provincial 10.461 es inválido:
• En el Caso 3325 y por queja respecto de esa Ley de la CGT y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (2025), el Comité de Libertad Sindical de la OIT determinó que la Ley 10.461 debía ser revisada por violar la libertad sindical, condenando la fijación discrecional de servicios esenciales sin participación de las y los trabajadores.
• La Comisión Técnica de Garantías que la reglamentación de dicha norma prevé y que esta pensada para resolver los conflictos que sobre el tema se presenten, no cuenta con dirección ni dominio público y pareciera no tener legisladores en funciones en la actualidad.

4. Un historial de violaciones a la Negociación Colectiva
Desde el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT que AGEPJ y la FJA obtuvieron en 2003 (Caso 2223/03 OIT) hasta la propia Ley Provincial de Negociación Colectiva (N° 8.329/94), conocida como Ley «Sappia»; el Poder Judicial de Córdoba está obligado a discutir las condiciones de trabajo y los conflictos en mesas paritarias con mediación del Ministerio de Trabajo. Es la propia patronal judicial la que actúa fuera de la ley al negarse sistemáticamente a abrir los ámbitos formales de diálogo.

El Poder Judicial, que debería ser el garante del Estado de Derecho, utiliza herramientas de apriete autocráticas e ilegales. No buscan garantizar el servicio de justicia; buscan neutralizar el reclamo salarial y laboral de quienes sostenemos el sistema diariamente.
No vamos a tolerar que, en lugar de dar respuestas a los reclamos legítimos, se pretenda resolver un conflicto laboral mediante la amenaza, el amedrentamiento y la arbitrariedad. Las disposiciones internas dictadas «a dedo» y de urgencia en medio de un conflicto carecen de toda validez legal y legitimidad política.

EXIGIMOS:
1. El cese inmediato de los correos intimidatorios y de cualquier intento de sanción o descuento ilegal contra las y los trabajadores que adhieran a las medidas.
2. El cese de la fijación unilateral de guardias o servicios mínimos por parte de la patronal.
3. Que, de disponerse guardias mínimas, estas sean cubiertas por la enorme dotación de funcionarios y magistrados que tienen responsabilidad funcional y cargas de dedicación exclusiva.

Si sufris una acción intimidatoria por parte de tus funcionarios comunicate con tu delegado/a de sector u oficina o con AGEPJ. Ponemos a disposición un formulario de Google forms para receptar las denuncias al respecto HACER CLICK ACÁ

¡NINGÚN APRIETE VA A FRENAR LA LUCHA JUDICIAL!
SIN NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO HAY JUSTICIA POSIBLE.

Por mandato de la Asamblea Extraordinaria, continuamos con las medidas de fuerza para exigir una urgente recomposición salarial dentro del acuerdo de equiparación y del sistema salarial vigente.
Reclamamos el pago de la incidencia del SAC correspondiente al 2,6% de abril, aún adeudada y la urgente liquidación del 2,1% de mayo y sus retroactivos dispuesto por la CSJN el 8/7.

¡Nuestros salarios no pueden seguir esperando!

 

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

12:00 hs.
En todos los edificios judiciales de la provincia:
Concentración – Ruidazo – Aplausos de protesta.
Abandono de tareas.
Comienza el PARO PROVINCIAL DE 60 HORAS
Desde las 12 hs. del miércoles 22 hasta el viernes 24 de julio.

12:30 hs.
Concentración en unidad con la CGT Histórica y la CGT Regional en Colón y General Paz
Contra las políticas de ajuste provincial y nacional a las y los trabajadores

¡La unidad y la participación son la fuerza para defender nuestro salario!