AGEPJ realizó el pasado miércoles 5 de noviembre asambleas en toda la provincia para exigir la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios, el fin del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art. 58 ley 10.694). Se llevaron a cabo las dos últimas horas de cada turno en forma simultánea en todas las sedes.

El gremio de judiciales expresó que existe unanimidad en el reclamo por parte de las empleadas y empleados judiciales frente al recorte salarial que implican los aportes extraordinarios. Además se reiteró que está en marcha una estrategia de frente común para fortalecer el reclamo, por un lado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba se está estudiando un planteo judicial conjunto y en el frente gremial se busca ampliar el arco que hoy ya reúne a bancarios y judiciales.

Jornada Provincial de Protesta 6 de Noviembre 2025

Desde AGEPJ  afirmamos que“Es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023. Se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo. Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, y remarcamos que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales”

El Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti expresó que “es público el desfinanciamiento que el gobierno nacional propina a la provincia, incumpliendo acuerdos firmados no remite lo que corresponde a la caja de jubilaciones provincial pero la respuesta no puede ser siempre la misma, ajustar a trabajadores y jubilados. Vamos a alcanzar cerca de dos años en esta situación de descuento forzoso. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo.”

La seccional Villa María de AGEPJ realiza hoy miércoles 5 de noviembre asamblea para exigir el fin de los aportes extraordinarios y soluciones urgentes para el colapsado edificio de la sede que entre otras cuestiones presenta humedades, riesgos de derrumbes, instalaciones eléctricas precarias y hasta la desratización del día 4/11 tenía presencia de roedores.

El edificio, que además de lugar de trabajo de las y los trabajadores judiciales recibe diariamente a cientos de vecinos cada día, presenta graves problemas estructurales de larga data: humedades, amenazas de derrumbe, instalaciones eléctricas precarias y, como agravante reciente, hasta la desratización la presencia de roedores. Este cuadro configura un entorno laboral inaceptable e indigno, que vulnera derechos básicos a la salud, seguridad y dignidad no sólo en el trabajo sino para litigantes y la ciudadanía en general.
Tanto la seccional Villa María, como la Comisión Directiva Provincial llevan un reclamo y gestiones desde larga data apuntadas tanto a obtener soluciones coyunturales como las tendientes a obtener un nuevo edificio. Lamentablemente prima la lentitud del empleador en reconocer que se está ante una situación límite.

El secretario general de la seccional Rafael Rodríguez Tisera expresó que “No podemos seguir normalizando lo anormal. Es inadmisible que tengamos que desarrollar diariamente nuestras tareas en condiciones que ponen en riesgo nuestra integridad, litigantes y la del resto de la ciudadanía que concurre. El empleador no puede seguir mirando para otro lado”.

En tanto que el Secretario del Interior Pablo Sabas agregó que “Con esta medida, la seccional Villa María se pliega al reclamo unánime de AGEPJ a nivel provincial por la eliminación de los aportes extraordinarios que recortan los salarios desde hace casi dos años, al mismo tiempo eleva un claro reclamo sobre la grave situación edilicia local, exigiendo soluciones concretas e inmediatas.”

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba realizaron una reunión de trabajo conjunta con motivo del planteo de la supresión de los aportes extraordinarios.

Durante el encuentro, integrantes de ambas instituciones mantuvieron una reunión con el Dr. Guillermo Carena y Gonzalo Orduna del mismo estudio especialista en Derecho Previsional y Administrativo, con el objetivo de analizar los antecedentes normativos y las alternativas posibles en torno a la aplicación de dichos aportes.

Las entidades coincidieron en señalar que los aportes extraordinarios impactaron de manera directa sobre los ingresos del conjunto de la comunidad judicial. Asimismo, se destacó que las medidas de carácter excepcional, adoptadas en contextos de emergencia económica, deben ser acotadas en el tiempo y sujetas a evaluación periódica.

En este sentido, se subrayó que el financiamiento del sistema previsional es una responsabilidad del Estado, y que resulta necesario garantizar su sustentabilidad sin afectar el poder adquisitivo de los aportantes activos ni de los jubilados y pensionados.
Ambas instituciones acordaron solicitar en conjunto reuniones con el Tribunal Superior de Justicia y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para plantear los alcances del reclamo y evaluar alternativas institucionales y legislativas que permitan revisar la vigencia de los aportes extraordinarios.

Finalmente, se consideró relevante mantener el diálogo y la cooperación entre los sectores alcanzados por esta medida, con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la estabilidad del sistema previsional como la protección de los derechos de quienes lo integran.