Hacia una Justicia más Democrática, Inclusiva y Libre de Violencias
Documento de posicionamiento del Sindicato del Poder Judicial de la provincia de Córdoba
Las trabajadoras del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en el marco de nuestra lucha por una justicia más democrática, equitativa y libre de violencia, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la igualdad de género y la transparencia en las instituciones. En un contexto de desafíos políticos, económicos y sociales de gran magnitud, las mujeres que formamos parte de esta organización seguimos trabajando por garantizar el acceso a la justicia, aunque lo hacemos con recursos cada vez más limitados.
1. Defensa de los Derechos Laborales y la Igualdad de Género
El Poder Judicial de nuestra provincia cuenta con una planta laboral compuesta en un 70% por mujeres. Sin embargo, esta presencia mayoritaria no se traduce en una distribución equitativa en los cargos jerárquicos. Persisten áreas, especialmente dentro de algunas direcciones del Ministerio Público Fiscal, donde las funciones se asignan sin procesos transparentes ni concursos públicos, perpetuando desigualdades y limitando el acceso de las mujeres a puestos de decisión. Estas áreas también registran los mayores problemas de violencia laboral y de género puertas adentro.
Desde el sindicato, sostenemos como bandera la defensa de los concursos públicos y evaluaciones transparentes para la designación de todos los cargos jerárquicos del Poder Judicial. Estos mecanismos no sólo garantizan la igualdad de oportunidades, sino que fortalecen la democracia interna, asegurando que quienes ocupen posiciones de poder estén capacitados y cuenten con perspectiva de género.
Es fundamental extender las políticas de transparencia y paridad a todas las dependencias de la institución, asegurando que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a roles de liderazgo en igualdad de condiciones.
2. Proyecto sobre Tareas de Cuidado Presentado en 2024
En el marco del Día de la Mujer Trabajadora de 2024, AGEPJ presentó un proyecto sobre tareas de cuidado que avanzaba en materia de conciliación entre la vida laboral y familiar. Las propuestas incluidas en el proyecto fueron resultado de una investigación realizada por el sindicato, que incluyó una encuesta accesible a toda la planta laboral. Los resultados arrojaron datos alarmantes, especialmente en torno a la violencia ejercida en las oficinas, tanto por parte de jefes como de compañeros hacia las compañeras y personas gestantes durante el embarazo, dificultades presentadas ante el retorno de la licencia por maternidad y al momento de ejercer derechos como la reducción horaria por lactancia.
De todas las propuestas formuladas, el único ejecutado por la patronal al momento es la implementación de lactarios móviles para las unidades judiciales, iniciativa que acompañamos y celebramos. Sin embargo, según los datos recabados, el uso de estos espacios ha sido limitado, lo que sugiere la necesidad de promover una mayor difusión y sensibilización sobre su disponibilidad y beneficios.
Creemos que las propuestas vertidas en el proyecto siguen vigentes e instamos al Tribunal Superior de Justicia, junto a las oficinas correspondientes, a estudiarlo y avanzar en las mejoras urgentes que las personas que deciden ejercer la maternidad necesitan para compatibilizar su vida laboral con su vida personal.
3. Violencia de Género y Condiciones de Trabajo
En un contexto de aumento de denuncias por violencia de género y familiar, resulta alarmante la falta de políticas estatales efectivas para abordar esta problemática. Según datos del Poder Judicial de Córdoba, en 2024 se registraron 15.906 denuncias por violencia de género, familiar y sexual, lo que representa un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Este aumento en la demanda de justicia contrasta con las condiciones laborales que enfrentamos las trabajadoras judiciales, caracterizadas por salarios bajos, contratos poco favorables y una sobrecarga de trabajo. A pesar de asumir responsabilidades cada vez mayores, los recursos con los que contamos son limitados, y en el caso de los escalafones más bajos, los ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Desde el sindicato, exigimos la implementación de políticas integrales que no solo protejan a las víctimas, sino que también brinden apoyo y recursos suficientes a quienes trabajamos en la primera línea de atención.
4. Rechazo a la Eliminación de la Figura de Femicidio y la Moratoria
Nos oponemos firmemente a cualquier intento de eliminar la figura de femicidio, un logro fundamental en la lucha contra la violencia de género.
Asimismo, rechazamos la eliminación de la moratoria jubilatoria a nivel nacional, que representa un retroceso en los derechos laborales y sociales de las trabajadoras. La decisión del gobierno nacional de no renovarla significa que a partir del 23 de marzo de este año solo 1 de cada 10 mujeres tendrá acceso a una jubilación. Según datos del Indec en Argentina las mujeres destinamos un 76% de nuestro tiempo a tareas de cuidado, en contraste con el 24% que dedican los varones a las mismas tareas. Dar fin a la moratoria significa desconocer y quitar el reconocimiento al trabajo de cuidado, aún cuando este aporta el 16% del PBI.
Las trabajadoras del Poder Judicial decimos: ¡Acá estamos y no damos ni un paso atrás! Seguiremos trabajando por una justicia más democrática, transparente y equitativa, donde las mujeres accedamos a cargos de decisión en igualdad de condiciones, donde se respeten nuestros derechos laborales y donde la violencia laboral y de género sea erradicada de nuestras instituciones.
Invitamos a todas las trabajadoras y trabajadores a sumarse a esta lucha, porque el Estado también somos nosotras, las que día a día ponemos el cuerpo para garantizar el acceso a la justicia.
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