AGEPJ denunció hechos de violencia y discriminación en la UJ de Carlos Paz y la Oficina de Sumarios del TSJ dispuso un severo llamado de atención a los dos Ayudantes Fiscales de la misma, la orden de realizar cursos de capacitación en materia de gestión y la recomendación de que sean trasladados a otra sede judicial.

El 15/08/2023 AGEPJ le informó a la Presidencia del TSJ que en la Unidad Judicial de Carlos Paz se venían sucediendo hechos “de suma gravedad funcional catalogables como violencia laboral por parte de los Ayudantes Fiscales Maximiliano Edgar Maldonado y Betiana Beatriz Bettini”. En esa presentación, el sindicato hizo mención de “prácticas humillantes hacia el grupo de trabajo” en donde “en particular, Maldonado acostumbra a dirigirse a los sumariantes desde el maltrato, con gritos y con tratos discriminatorios”, en connivencia con un comisionado policial; y que Bettini también trasladaba órdenes con gritos, malos tratos u hostigamiento a empleados y empleadas. Estas prácticas sostenidas, habían creado “un clima de trabajo muy particular, en donde se trabaja con miedo por parte de los y las sumariantes”, “generando en los y las afectadas notables afectaciones a su autoestima y bienestar.”

A raíz de esta presentación, como primera medida se ordenó el traslado del comisionado que también ejercía violencia a compañeras y compañeros de trabajo y luego se inició en la Of. De Sumarios una investigación preliminar la que, luego de tomar testimonios, el 26/10/2023 se resolvió con celeridad “I) Efectuar un severo llamado de atención a los Sres. Ayudantes Fiscales de la Unidad Judicial de Carlos Paz, Dres. Maximiliano Edgar Maldonado y Betiana Beatriz Bettini a fin de que, en lo sucesivo, extremen los recaudos en orden al trato  y manera de conducirse respecto del personal bajo su dependencia y con quienes comparten la órbita laboral, a fin de lograr un ambiente de trabajo respetuoso y armónico que posibilite la labor diaria. Ello, bajo apercibimiento de iniciárseles las correspondientes actuaciones disciplinarias. II) Los funcionarios deben realizar cursos (…) dentro del plazo de seis (6) meses, a fin de lograr la no repetición de las conductas que ameritan el presente severo llamado de atención. III) Sugerir al Sr. Fiscal General (…) que tenga a bien a disponer el pronto traslado de los Ayudantes Fiscales (…) a otra sede distinta a la de Villa Carlos Paz”.

Cabe resaltar que existían desde hace un tiempo, varios indicadores de violencia laboral como por ejemplo el alto índice de pedidos de traslados por parte de los sumariantes, como así también manifestaciones sobre lo que sucedía en dicha dependencia. Ante ello como gremio venimos sosteniendo que existen lugares dentro del ámbito judicial con estructuras de trabajo más vulnerables hacia la violencia que otras y las Unidades Judiciales son una de ellas. Es por ello que la actitud preventiva y alerta de los organismos de seguimiento de personal – específicamente el área de RR HH – debieran ser más estrictos y constantes frente a este panorama. Son aspectos que ya se han advertido en anteriores denuncias de mucha gravedad también y que el propio Protocolo ordena.

Además de la actitud preventiva, desde AGEPJ ya solicitamos al MPF que instrumente el traslado que recomienda la Of. De Sumarios de los Ayudantes Fiscales para desarticular la complicidad y connivencia mutua y evitar que en un futuro inmediato estas prácticas hostiles se reediten. Seguimos sosteniendo que es fundamental un trabajo coordinado de todas las áreas del Poder Judicial y que actúen articuladamente en el mismo sentido para erradicar la violencia laboral existente.

El Gremio de judiciales de Córdoba anunció que se estableció un aumento de todas las asignaciones que brinda el sindicato a sus afiliadas y afiliados.

Las asignaciones que se otorgan por nacimiento, matrimonio, título y jubilación aumentó a $8000 pesos a partir del primero de noviembre de 2023.

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El Tribunal Superior de Justicia finalmente cumplió con su amenaza y en un acto totalmente insolidario y de completa incomprensión con la realidad económica que atraviesa el país procedió a descontar el último paro de actividades. Recordemos que el paro se decretó para reclamar contra la decisión de pagar un retroactivo en un plazo excesivo en medio de un contexto en el que aún permanecemos, de alta inflación que erosiona el poder adquisitivo de los ingresos. Finalmente dicho objetivo gremial se logró y el retroactivo fue adelantado. Lamentablemente el empleador en una medida antisindical y a pesar de haber reconocido la justeza del reclamo ahora efectúa el descuento tal como lo había amenazado.

Más allá del evidente intento disciplinador de la patronal adoptando este tipo de actitudes está más que claro que la organización gremial no dejará nunca de recurrir a sus legítimas herramientas de lucha ante cada desconocimiento o violación de derechos.

En el plano legal está a disposición un modelo de recurso administrativo para reclamar contra el descuento. Descargalo aquí o escribí al 3517 65-6464. El mismo debe ser presentado por Ciudadano Digital (comenzar por “iniciar trámite) ó bien a través de soporte papel en el interior a las superintendencias y en capital por mesa de entradas de administración en Arturo M. Bas 158.