Desde el Gremio de Judiciales de Córdoba expresamos nuestro más enérgico rechazo al proyecto que pretende aumentar las penas en los casos de denuncias falsas en materia de violencia de género.
Quienes trabajamos diariamente en el ámbito judicial sabemos que las denuncias falsas en este tipo de delitos son excepcionales. La evidencia empírica muestra, además, que las falsas denuncias se registran con mayor frecuencia en delitos vinculados a conflictos patrimoniales, y no en hechos de violencia de género, donde lo que predomina es, por el contrario, la subdenuncia.
Este tipo de iniciativas no son ingenuas tiene una clara intencionalidad política y cultural. Busca instalar sospecha sobre las víctimas, desalentar la denuncia y debilitar uno de los pilares fundamentales en la lucha por la igualdad de mujeres y niñas: el deber internacional del Estado de investigar y sancionar eficazmente la violencia de género.
Advertimos también que este discurso viene acompañado de un preocupante ataque a los Equipos Técnicos del Poder Judicial, a quienes se acusa de falta de objetividad o de estar influenciados por perspectivas que distorsionan el análisis de la prueba, promoviendo denuncias por mala praxis en el país. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino peligrosas.
Las intervenciones de los Equipos Técnicos se rigen por estrictos estándares profesionales: se ajustan a las normativas de los Colegios profesionales y a códigos de ética reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, se basan en metodologías, técnicas e instrumentos validados científicamente y permanentemente actualizados.
Desde nuestro gremio destacamos el rigor técnico, la formación y el compromiso de las trabajadoras y trabajadores de estos equipos, cuya labor resulta fundamental para garantizar procesos judiciales respetuosos de derechos, especialmente en la escucha y protección de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
Alertamos sobre la peligrosidad de la amplificación mediática de discursos que desacreditan estas prácticas. Lejos de contribuir a mejorar el sistema, generan desconfianza social y efectos de amedrentamiento sobre quienes cumplen funciones esenciales, debilitando las herramientas institucionales necesarias para abordar la violencia de género. A esto se suma la dificultad que conlleva la investigación de los hechos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual por la frecuente ausencia de testigos, lo que ha llevado a que los estándares internacionales exigen tomar con especial cuidado las denuncias y declaraciones de las víctimas. El hecho de que sean difíciles de investigar y probar no puede traducirse en un detrimento del acceso a la justicia de quienes sufren violencia, históricamente postergadas.
Pero además, resulta imprescindible decirlo con claridad: la realidad del sistema judicial hoy está muy lejos de lo que pretenden instalar desde el Congreso con este tipo de leyes mediáticas. La situación de los fueros penal y especializados en violencia de género es crítica y exige atención urgente. Actualmente, es materialmente imposible abordar de manera integral cada denuncia, dictar medidas oportunas y realizar el seguimiento adecuado que cada caso requiere. La estructura judicial y el personal asignado son insuficientes para dar respuesta a la magnitud y complejidad de estas problemáticas.
A esto se suma la necesidad impostergable de repensar el diseño institucional vigente, que muchas veces obliga a las víctimas a transitar circuitos fragmentados, confusos y desgastantes. Este entramado no solo genera un enorme desgaste institucional innecesario, sino que también produce revictimizaciones y profundiza la desorientación de quienes acuden en busca de justicia.
Las consecuencias son evidentes y alarmantes: la mayoría de las víctimas no llega siquiera a denunciar. En Córdoba, los datos son contundentes: sólo el 9,5% de las víctimas de femicidio o tentativa de femicidio durante 2026 había realizado una presentación previa ante la justicia.
Estos números no hablan de denuncias falsas. Hablan de un sistema que aún no logra garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia con perspectiva de género, basada en evidencia, en el respeto de los derechos humanos y en la protección efectiva de quienes más lo necesitan.
No es endureciendo penas contra supuestas denuncias falsas como se fortalece la justicia, sino fortaleciendo las condiciones reales para prevenir, investigar, atender y erradicar la violencia de género.
