El Tribunal Superior de Justicia resolvió imponer la máxima sanción sumarial prevista para una funcionaria con cargo de judicatura en el marco del expediente iniciado a partir de la denuncia presentada por AGEPJ por hechos de violencia laboral e incumplimiento funcional ocurridos en la Fiscalía de Instrucción y Familia de Segunda Nominación de Bell Ville.

Mediante resolución en el sumario en cuestión el Alto Cuerpo resolvió aplicar a la Dra. Isabel María Reyna una multa equivalente a cincuenta (50) Jus. Asimismo, recomendó que la funcionaria realice un abordaje profesional de las dificultades vinculadas al trato hacia el personal a su cargo y a su forma de relacionarse con el resto de quienes integran la sede judicial, bajo apercibimiento de promover nuevas actuaciones disciplinarias en caso de reiterarse las conductas constatadas.

Esta resolución constituye un paso de enorme importancia en la lucha contra la violencia laboral dentro del Poder Judicial y es el resultado de un trabajo gremial sostenido que incluye la recepción de las denuncias, la contención de las trabajadoras y los trabajadores afectados, el acompañamiento durante todo el proceso y el seguimiento permanente del expediente hasta su resolución.

Desde el primer momento, AGEPJ ha asumido a través de su espacio Judicialas el compromiso de que los hechos denunciados no quedaran invisibilizados ni reducidos a un conflicto individual. La organización gremial impulsó la denuncia institucional de este caso ante el Tribunal Superior de Justicia, acompañó a las personas afectadas, solicitó la intervención del Equipo Interdisciplinario de Violencia Laboral (Ac. 1706 del TSJ 8/6/2021) y sostuvo el reclamo para que se investigaran las conductas denunciadas y se determinaran las responsabilidades correspondientes.

La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia reafirma que la violencia laboral no puede ser tolerada en ninguna dependencia judicial y que quienes ejercen cargos de conducción tienen la obligación de garantizar ámbitos de trabajo respetuosos, libres de maltrato y compatibles con la dignidad de las personas trabajadoras.

AGEPJ reafirma su compromiso de continuar defendiendo los derechos de las y los judiciales, promoviendo condiciones de trabajo dignas y acompañando a quienes atraviesen situaciones de violencia, hostigamiento o maltrato en cualquiera de las dependencias del Poder Judicial.