Este 24 de enero todos los sindicatos paramos y movilizamos en contra de las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
Este 24 de enero será el marco de la discusión legislativa a nivel nacional sobre la Ley ómnibus y el DNU 70/24 enviado por la presidencia que, entre muchas cosas, ataca gravemente a los y las trabajadoras. Es sabido que las previsiones del DNU70/2024 intenta reformar en forma prejudicial el régimen de trabajo actual, favoreciendo que las patronales no hagan sus respectivos aportes, que se modifique a la baja el cálculo para las indemnizaciones, extendiendo el periodo de prueba para justificar los despidos sin causa, modificando la jornada laboral, eliminando la protección contra el despido arbitrario, a la mujer embarazada y la maternidad, atacando severamente el derecho a huelga y el accionar de las asociaciones sindicales con la declaración de servicios imprescindibles.
Pero, además, la Ley Ómnibus prevé privatizaciones de recursos y empresas estratégicas del Estado, la entrega de la soberanía nacional, la liberación de importaciones en detrimento de la industria nacional y especialmente de PYMES, ataque a las economías regionales, entre muchas cosas más.
En Córdoba estamos ya viviendo las consecuencias de los ajustes. Entre gallos y medianoche, el nuevo gobierno provincial, en contra de los acuerdos salariales vigentes y haciéndose eco de un discurso de un ahorro urgente exigido a nivel nacional, decidió apretar en primer término contra los y las trabajadoras estatales que somos los que mantenemos las políticas públicas para la sociedad. El 27/12/2023 se configuró un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS. Los estatales, luego de la devaluación a nivel nacional que golpeó duramente nuestros bolsillos, vimos de golpe disminuidos en un 4% nuestros salarios con la posibilidad de que se agrave aún más ese porcentaje en el 2024.
Pero, además, los y las judiciales sufrimos los descuentos por esos nuevos porcentajes de aportes también en los retroactivos correspondientes a meses anteriores a la sanción de la ley, haciendo retroactiva una ley de forma discrecional y arbitraria.
De ser Córdoba del desarrollo y la prosperidad presentada en las elecciones nacionales, pasamos en pocos días a un discurso de crisis fiscal y económica provinciales que “justificaron” de manera brutal un ajuste a los salarios de los y las trabajadores estatales. Sumado a eso se sucedieron luego masivamente bajas de contratos a nivel provincial de personas que llevaban años de antigüedad en el estado.
Los y las trabajadores sabemos que cualquier crisis o dificultad económica nunca se soluciona ajustando a los sectores más desfavorecidos sino ampliando derechos y horizontes democráticos, en base a diálogo y consenso. Apelamos a que las autoridades legislativas a nivel nacional y en Córdoba honren los valores democráticos que tanto costaron conseguir.
