El Tribunalazo se denominó a la jornada lucha del 19 de marzo de 1971. El Palacio de Justicia de Córdoba fue el ring inesperado de los sucesos. Gobernaba la dictadura militar de Roberto Levingston y había total represión sobre la actividad política, sindical, cultural y social. Todo comenzó con reclamos gremiales, salariales y de condiciones de trabajo dignas. Pero se transformó en un escándalo de escala nacional. La policía le pegó hasta a un Juez cuando quiso evitar la detención de un empleado. Los judiciales fueron llevados al Regimiento de Infantería, camino a La Calera. Mientras las judicialas permanecieron rodeadas y detenidas en el Salón de los Pasos Perdidos. Recorremos una etapa épica para hombres y mujeres, de trabajo y de lucha, que la recuerdan 52 años después.
“Fotógrafos y camarógrafos fueron obstaculizados en su tarea y los cronistas no pudieron ingresar a los Tribunales” (La Razón, 20/3/71). En medio de las protestas, un militar dijo que “el estado de emergencia supone la censura de prensa” (Diario Los Principios, 20/3/71). Tal era el ánimo del desacierto que hasta se escuchó que “varios oficiales de la Guardia de Infantería lamentaban tener que cumplir este operativo sin precedentes en la historia argentina” (Los Principios, 20/3/71).
En febrero de 1971 trabajadoras y trabajadores Judiciales organizados en la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (AGEPJ) definen en asamblea un plan de lucha, que incluye abandono de tareas y paros parciales. El conflicto tiene origen en una combinación de reclamos históricos y sobre las nuevas condiciones de trabajo que impone la época.
Las fuerzas de la dictadura se apostaron sobre las calles y veredas del edificio. Todos iban protegidos con escudos y armados con bastones, pistolas o fusiles. Una vez en sus posiciones, esperaron la orden para dar inicio al operativo. Dispararon “una profusa cantidad de gases lacrimógenos” (Diario La Razón, 20/3/71) para dispersar a la columna de Empleados Municipales que, desde la vereda del Palacio 6 de Julio, acompañaba la protesta judicial.
Después, ingresaron en el Palacio de Justicia.
Una vez adentro los jefes del operativo ordenaron a los hombres formarse en fila para salir. Hubo algunas discusiones y forcejeos. Finalmente, los hicieron salir desfilando para cargarlos en celulares y ómnibus. Sin saberlo, fueron trasladados al a la Brigada de Artillería en La Calera, donde llegaron alrededor de las 11 horas.
Mientras el viernes 19 de marzo llega a su mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos de los Tribunales cordobeses, alrededor de 300 judicialas permanecen custodiadas, bajo amenaza de las fuerzas represivas. No les permitirán moverse ni para ir al baño durante toda la jornada.
“Luchar siempre tuvo sentido”
Escrito por Camilia Sapp y en proceso de diseño para su pronta edición por nuestra editorial. El libro “Luchar siempre tuvo sentido” narra los primeros 40 años de historia de la AGEPJ, desde sus comienzos en 1951 hasta la toma del Palacio de Justicia de 1990. Dedica su Capítulo 6.4 a “La continuidad de los “azos”: “El Viborazo” y “El Tribunalazo”. Las y los judiciales se organizan (1971)”.
Del relato sobre los días del Tribunalazo compartimos este pequeño adelanto:
“La intensificación de la protesta social producida durante los primeros meses del año derivó en los hechos que hoy conocemos como “El Viborazo” o “segundo Cordobazo”, en alusión a las medidas convocadas por la CGT–Regional Córdoba entre el 12 y 16 de marzo. El término Viborazo se remonta a las expresiones que el Interventor José Camilo Uriburu acuñó días previos a los acontecimientos cuando sostuvo que en Córdoba “Se anida una venenosa serpiente, cuya cabeza quizá Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”.
La AGEPJ venía llevando adelante por aquellos años su propio plan de lucha consistente en obtener mejoras salariales para los empleados y empleadas. Como pudimos advertir, estas acciones se llevaron adelante en un contexto de profunda movilización social. El Interventor Uriburu convocó a la conducción del gremio con el objetivo de negociar un posible acuerdo de aumento para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. En el encuentro, los voceros del gobierno se comprometieron a establecer “un reacomodamiento salarial y un cambio presupuestario”. Los dirigentes judiciales evaluaron positivamente la audiencia mantenida. Sin embargo, las promesas del Ejecutivo fueron rápidamente olvidadas; tras el retiro de las funciones de Uriburu el acuerdo quedó trunco y el siguiente mandatario no se hizo cargo de los acuerdos previamente pactados.
A raíz de lo descripto, los conflictos en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba persistieron. Como un modo de frenar las medidas de protesta que se venían llevando adelante el TSJ lanzó una Acordada el 18 de marzo de 1971 en la que estableció que los presidentes de cámara, jueces, fiscales, asesores, secretarios del Alto Cuerpo y jefes de oficina debían confeccionar sumarios en el caso de que los empleados y empleadas de sus respectivos juzgados “se nieguen a cumplir con sus tareas específicas”. A su vez, la letra dictaminó que “las inasistencias injustificadas de los empleados durante esos días serían consideradas como manifestación en contra de lo establecido en la acordada”.
Las trabajadoras y trabajadores no se dejaron amedrentar por las disposiciones y redoblaron su apuesta. El 19 de marzo de 1971 las y los judiciales fueron partícipes de un hecho novedoso. A sabiendas del carácter restrictivo de la época, los empleados y empleadas del Poder Judicial realizaron una asamblea para tratar cuestiones salariales en el Salón de los Pasos Perdidos y no en las escalinatas externas del Palacio de Justicia como comúnmente solían realizar, como un modo de resguardarse del inminente arribo policial. Como observamos, desde hacía algunos días que la AGEPJ había decretado la retención de actividades, y durante esta convocatoria debía debatirse la continuidad –o no– de las medidas dispuestas. La asamblea fue altamente concurrida. El Presidente del TSJ, Doctor Sársfield Otero, ordenó el retorno al lugar de trabajo. Ante la negativa de las y los trabajadores de abandonar el salón, las autoridades convocaron a las fuerzas policiales para efectuar su desalojo, cuestión a lo que los trabajadores y trabajadoras respondieron con una abrumadora silbatina y cantando el Himno Nacional, según mencionan los testimonios”.
