El pasado martes 7 de octubre se llevó adelante una conferencia de prensa en el SUM de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), para brindar detalles sobre las acciones gremiales que se realizarán en Córdoba y en todo el país en el marco del plan de lucha en defensa de la educación pública y el derecho a la negociación colectiva. De la conferencia de prensa participaron referentes provinciales y nacionales de gremios docentes y representantes de la CGT Córdoba y CTA.

Las medidas de fuerza de este plan de lucha incluyen una caravana para visibilizar el reclamo y un paro nacional docente el próximo 14 de octubre con movilización en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la Conferencia de Prensa el Secretario General de UEPC, Roberto Cristalli afirmó: “En esta jornada nacional de protesta vamos a visibilizar nuestro rechazo al presupuesto presentado por el gobierno nacional. Toda la sociedad se tiene que poner al frente de esta lucha”. Además, agregó: “Lo mismo que hicimos con el presupuesto educativo para las universidades, lo tenemos que hacer para la educación pública, porque lo que está consolidando el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional es el corrimiento del rol del Estado como garante del servicio educativo en todo el país, y básicamente lo que hace este presupuesto en el artículo 30 es anular todos los artículos por los cuales se garantiza el financiamiento del sistema educativo a nivel nacional”.

Por su parte el Secretario General de AGEPJ, Federico Corteletti, señaló: “Traemos el apoyo incondicional de la CGT Córdoba y de todos los gremios a la lucha docente en rechazo a un presupuesto que sigue ajustando a la educación y a los salarios de las y los trabajadores.»

A su vez un grupo de compañeros y compañeras judiciales, desde el sindicato acompañaron el 8 de octubre la inmensa caravana por la educación pública convocada por UEPC porque entendemos que sin educación no hay justicia”.

El martes 7 de octubre se llevó a cabo una asamblea en la Dirección de Investigaciones Operativas de Policía Judicial (DIO) donde se abordaron problemáticas urgentes sobre condiciones de trabajo y sobre nuestra exigencia de poner fin al recorte salarial que configuran los aportes extraordinarios (embeber nota de concejo consultivo y la última declaración, 2 notas).

Los compañeros de comisión directiva Adrián Valan, Roque Guzmán y Gabriela Arribillaga junto a los delegados del sector Ernesto Ortiz y Leonardo Drenkar constataron que en el edificio persisten malas condiciones de trabajo como vidrios rotos, presencia de palomas muertas y vivas en los pisos superiores, generando un foco infeccioso que no ha sido solucionado a pesar de las reiteradas inspecciones y reclamos. También la existencia de agua estancada y con fetidez en el ingreso al edificio.

En la asamblea, además de esas condiciones se puso en común que existe un atraso en la actualización de los viáticos, congelados desde enero del presente año, sin obtener respuesta a los reclamos efectuados.

Desde la comisión directiva se aseguró que se solicitará una reunión urgente con responsables de infraestructura para obtener un cronograma de solución a los problemas edilicios, priorizando la eliminación de focos infecciosos y la reparación de vidrios rotos, no descartándose retención de tareas si las pésimas condiciones edilicias persisten.

Asimismo, el secretario gremial de AGEPJ informó sobre la coordinación de acciones conjuntas con la asociación de magistrados y el sindicato bancario (La Bancaria) orientadas hacia la recuperación de los aportes extraordinarios, buscando construir una alianza en un universo de ciento noventa y cinco mil afectados, donde las y los judiciales sólo representamos una porción muy pequeña de seis mil empleados y empleadas.

Para AGEPJ es muy grave y preocupante el fallo que sobreseyó al ex magistrado, argumentando que no tenía la calidad de funcionario público al violar información secreta y filtrar preguntas del examen. Si bien el ex magistrado renunció, lo cual indica que la falta ética existió y fue muy grave, el mensaje que queda es desolador: la Justicia avala las ventajas ilegítimas, lo cual es a todas luces insostenible.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) manifiesta su profunda preocupación y rechazo hacia la sentencia judicial dictada por la Cámara de Acusación que sobreseyó a Caeiro en la causa penal por la filtración de preguntas del examen para funcionarios del Poder Judicial. Lejos de cualquier pretensión punitivista, el gremio alerta que el fallo no solo consolida la impunidad, sino que socava los pilares de igualdad, idoneidad y transparencia en que debe basarse todo sistema de concursos.

El gremio plantea que lo más alarmante es que la Cámara entiende que el hecho penal es típico en su accion, en la calidad de doloso y que la informacion que se acusa de haber revelado era secreta. Pero la preocupación se despierta cuando la operación lógica de la sentencia avanza escindiendo el carácter de funcionario público del imputado de su rol de Tribunal Examinador. La Cámara entiende que al poder integrar el Tribunal examinador otras personas como académicas y jubiladas y la selección es por idoneidad y voluntaria, no se advierten las notas típicas del deber de funcionario público. Pero ese razonamiento es a todas luces artificioso y contrario a la doctrina ética sostenida por el propio Tribunal de Ética del Poder Judicial y por producción doctrinaria de sus integrantes, que enfatiza que magistrados y funcionarios deben conducirse con transparencia, honestidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de su actuación. Además, la sentencia olvida que la persona bajo cuestión era Defensor Público y trabajaba en el mismo edificio que la gran mayoría de las y los aspirantes a rendir ese concurso, es decir que, para el órgano juzgador, las personas pueden tener dos roles y dividirse artificiosamente cuando en realidad operan bajo uno que es un todo y es el marco del ejercicio de la labor judicial pública y estatal.

Al respecto AGEPJ plantea que no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso. La ética judicial es indivisible y las obligaciones de probidad se exigen en toda circunstancia, precisamente para mantener la credibilidad y confianza ciudadana. Este fallo, al permitir esa escisión, daña gravemente la imagen de la Justicia.

Insistimos en que se indica que es motivo de reproche penal que el magistrado integrante del jurado, haya entregado preguntas del examen a determinadas concursantes y la información acusada de ser divulgada era secreta, lo que les permitió a las favorecidas prepararse de manera ventajosa y artificial, todo conforme la acusación. Estos hechos muy gráficos, que con mucha razón el sentido común lo puede encuadrar en lo que sencillamente se denomina como corrupción, ahora quedarían impunes mediante una argumentación que, más allá de sus tecnicismos, normaliza lo inaceptable.

Al respecto el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Los hechos  de la filtración de preguntas del examen y ahora este fallo, mandan un mensaje desolador a todas y todos los trabajadores judiciales que creemos en el esfuerzo y la preparación como la base para acceder a los cargos del funcionariado: da lo mismo estudiar que contar con un ‘contacto’ en el jurado. Eso no sólo es injusto, sino que desalienta la excelencia y profesionalismo que desde el sindicato queremos y que toda la sociedad necesita para el Poder Judicial”, por añadidura agregó que “Cuando la ciudadanía ve que los hechos de corrupción probados se diluyen en argumentos intrincados, la desconfianza se instala y la institución judicial pierde autoridad moral. Nos preocupa el precedente y el daño institucional que esto genera”.

Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba informamos que nos encontramos en diálogo con otros gremios provinciales y también con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, con el objetivo de avanzar en planteos institucionales conjuntos y coordinar una agenda de trabajo común en torno al reclamo por la eliminación de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y al Apross.

La imposición de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones afecta a más de 195.000 aportantes provinciales, por lo que resulta imprescindible construir alianzas dentro del conjunto de sectores alcanzados. Solo una acción colectiva sostenida en el tiempo permitirá que este reclamo tenga la contundencia necesaria y no se reduzca a una mera denuncia coyuntural o mediática.
Entendemos que la única salida es organizarnos entre los sectores afectados, construir unidad y fuerza colectiva para que el reclamo tenga contundencia real.

Desde AGEPJ reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del salario, de los derechos previsionales y de la salud de las y los trabajadores del Poder Judicial.

AGEPJ informa que el 24 de septiembre presentamos un pedido de información pública sobre la estructura jerárquica del Ministerio Público de la Defensa.

Como gremio, rechazamos que se utilicen cargos de la carrera judicial para construir estructuras políticas.

La posición histórica de AGEPJ ha sido la extensión de los concursos a todas las áreas. En ese marco, hemos exigido también que los cargos institucionales en el TSJ, MPF y MPD sean concursados.

Rechazamos el uso de los cargos de nuestra carrera administrativa con fines políticos. Defenderemos sistemáticamente el sistema de concursos y el orden de mérito administrativo. No a las designaciones a dedo. Nuestra postura siempre fue clara: hemos denunciado cada intento de avanzar sin concursos.

Seguimos defendiendo la carrera judicial y la transparencia en nuestro sistema de concursos.

En continuidad con la campaña que ya se está desarrollando en otras dependencias del Poder Judicial el Secretario Gremial Adrián Valán, junto a la delegada del fuero civil Laura Bogione y otros compañeros explicaron hoy en tribunales I el Protocolo y abordaron preocupaciones de las y los trabajadores. El ciclo continuará la próxima semana en otras oficinas.

AGEPJ puso en marcha este miércoles reuniones por oficinas en tribunales I, con el objetivo de difundir la herramienta del protocolo contra la violencia laboral link al texto legal y de género (conseguida con lucha, propuestas y organización gremial) embeber nota del protocolo e informar cómo funciona su órgano de aplicación.

Estos encuentros con trabajadoras y trabajadores judiciales se desarrollaron en las Oficinas de Procesos Sucesorios de Tribunales I, donde un equipo de AGEPJ (integrado por el Secretario Gremial, Adrián Valan; la Delegada del Fuero Civil, Laura Boggione; el Secretario de Previsión, Daniel Ceballos; y el Secretario de Prensa, Martín Méndez) explicó de qué se trata el Protocolo, las definiciones de violencia del texto legal, cómo se debe actuar ante esas situaciones y cuál es el rol y el funcionamiento del Órgano de Aplicación que garantiza a todas y todos los trabajadores un espacio seguro y confidencial para realizar consultas y denuncias.

Además, se abordaron otras preocupaciones manifestadas por las y los compañeros, como la duración de la jornada laboral y la situación de nombramientos irregulares de funcionarios/as, reafirmando el compromiso del gremio en la defensa de la jornada y del sistema de concursos para el acceso al empleo en tribunales y los cargos del funcionariado.

AGEPJ participó activamente del acto inaugural del nuevo edificio judicial de Villa Cura Brochero. La obra, que representa un giro de 180 grados en las condiciones laborales para empleadas y empleados, es sentida como un logro propio de nuestro gremio, que desde 2017 viene denunciando las pésimas condiciones en que se trabajaba y reclamando soluciones para que este día llegara.

Junto a las compañeras y compañeros trabajadores de la sede estuvo su delegado adjunto Daniel Flores, y la Comisión Directiva provincial de AGEPJ representada por el Secretario General, Federico Cortelletti; el Secretario del Interior, Pablo Sabas; el Secretario Gremial, Adrián Valán; la Secretaria de Capacitación, Daniela Bergessio y el Secretario de Previsión Social Daniel Ceballos.
El acto contó con la presencia del Gobernador de la Provincia, miembros del Poder Legislativo provincial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y demás Vocales, el Intendente de Cura Brochero e integrantes del área de Infraestructura del Poder Judicial que fueron los encargados de llevar adelante la obra.

La concreción de este edificio no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la lucha sostenida que AGEPJ, junto a las y los trabajadores de la sede, inició formalmente en 2017. Mediante notas formales, denuncias en medios de comunicación, asambleas, movilizaciones y medidas de fuerza, el gremio logró instalar en la agenda judicial la crítica situación del viejo edificio, que fue calificado en su momento como “inhabitable y denigrante”

El Secretario del interior de AGEPJ Pablo Sabas expresó que “Hoy estamos aquí, en este edificio digno, pero no podemos olvidar de dónde venimos. Este es un día para celebrar, pero también para recordar que los derechos no se regalan, se conquistan.”

En tanto que Federico Cortelletti, secretario general de AGEPJ agregó que “Cada nota presentada, cada asamblea en la sede, cada afiche que pegamos, cada nota a un medio y cada vez que reiteramos el problema en la legislatura provincial en las audiencias por presupuesto fueron ladrillos que pusimos para construir este nuevo presente para las trabajadoras, los trabajadores y para toda la ciudadanía que busca justicia en Cura Brochero. Esto es un logro de esa lucha colectiva”.

 

La pelea por las condiciones de trabajo continúan

Reiteramos nuestra alegría por la inauguración del edificio y felicitamos a las compañeras y compañeros de la sede.
Desde AGEPJ defendemos el sostenimiento de políticas de obra pública y en particular de dotar de más y mejor infraestructura al Poder Judicial, eso redunda en mejores condiciones laborales y en una mejora de la prestación del servicio público de justicia.

Es un muy buen precedente para todas las sedes y sectores tanto de del interior como de capital que aún padecen condiciones edilicias precarias. AGEPJ reafirma su compromiso de seguir trabajando con la misma tenacidad y organización para revertir condiciones.

La Secretaría Administrativa del gremio de judiciales de Córdoba informó que a partir del 1 de Octubre de 2025 se actualizarán los montos de reintegros o bonos del Programa complementario de Salud de AGEPJ.

 

Actualización de reintegros y bonos a partir del 1 de Octubre

Coseguros

Antes $2.500  Ahora $4.000 uno por mes

Prácticas bioquímicas o estudios complementarios

Antes $6.000 (semestral) /  Ahora $15.000 cada 3 meses

Subsidios odontológicos y oftalmológicos

Antes $50.000  / Ahora $75.000 reintegrables.

Cobertura de medicamento

Antes $3.000 bimensual / Ahora $ 3.000 mensual

 

¿En qué consiste el Programa Complementario de Salud?´

El programa Complementario de Salud es una iniciativa del Gremio de los Judiciales de Córdoba que crea un sistema solidario por el cual las y los afiliados que estén adheridos a las acciones. obtienen beneficios complementarios a las prestaciones que otorga el seguro de salud (APROSS). Por el carácter de complementariedad señalado el programa actúa luego que el afiliado o afiliada hayan efectuado una consulta médica, llevado a cabo una práctica o haberle sido recetado un medicamento, todo dentro de los parámetros establecidos por APROSS.

 

Si aún no estas adherido a las acciones y te interesaría ser parte del programa complementario de Salud de AGEPJ  HACE CLICK ACÁ  

 

Con una profunda satisfacción y la certeza de que la organización gremial es la herramienta fundamental para conquistar derechos, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) celebra la inminente inauguración del nuevo edificio judicial de Villa Cura Brochero, una obra que es el resultado directo de años de lucha sostenida por las trabajadoras y los trabajadores de la sede y nuestro gremio. 

Como cada conquista gremial la historia de este logro no comenzó hace un día ni dos sino que  se remonta a 2017, cuando la Comisión Directiva de AGEPJ, con la firma de nuestro Secretario General, Federico Cortelletti, y el entonces delegado de la sede, Germán Adrover, presentó un extenso y contundente reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia. En él, se plasmaba que las condiciones edilicias eran “inhabitables e inadecuadas” para el desarrollo de las tareas judiciales afectando a empleados, empleadas y funcionarios por igual, llegando a ser “denigrantes incluso también para litigantes y ciudadanía”.

El documento describía una realidad crítica: hacinamiento, falta absoluta de privacidad para las entrevistas de los equipos técnicos, un único baño para 35 empleados/as, litigantes y público, exposición a las muy bajas temperaturas invernales sin calefacción y una infraestructura que incluso configuraba violación a los derechos humanos de víctimas y personas privadas de libertad.

Como antecedente, en 2016 el Municipio de Villa Cura Brochero efectuó la donación de un terreno con destino a la futura construcción de un edificio para el Poder Judicial, en el acto correspondiente estuvieron presentes, además del TSJ nuestras compañeras y compañeros de la sede con su legítima aspiración. Pero eso era una condición necesaria que por si sola no traía alivio a las condiciones de trabajo, por lo que al reclamo de 2017 le siguieron acciones concretas convocadas por el delegado y la Comisión Directiva provincial: asambleas, marchas, reclamos al municipio, notas de prensa  y una nueva presentación en 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia, esta vez de la mano de la entonces Secretaria del Interior, Guadalupe Vázquez, junto al delegado Adrover.

La presión gremial organizada rindió sus frutos. En 2019, se consiguió una solución parcial con el alquiler de un edificio al que se mudó el Juzgado de Fueros Múltiples, mientras la Fiscalía permaneció en el lugar original con acondicionamientos.  Sin embargo, AGEPJ no bajó los brazos y mantuvo firme el reclamo por una solución definitiva, logrando con acciones como las reiteradas presentaciones en audiencias públicas por presupuesto en la legislatura que la construcción de un nuevo edificio se convirtiera en prioridad dentro del programa de obras del Poder Judicial.

 

La lucha sostenida, clave del éxito

 

Este triunfo no es producto de la casualidad ni de la indignación momentánea. Es el resultado de una lucha tenaz, organizada y con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Es un ejemplo claro de como las trabajadoras y trabajadores organizados en el sindicato pueden cambiar la realidad. Se destaca al respecto que en los momentos más álgidos del conflicto por un nuevo edificio, la sede de Villa Cura Brochero mantuvo un ejemplar 90% de afiliación a AGEPJ, demostrando con actos no declamación vacía su convicción colectiva en la organización.

Un mensaje claro y un compromiso que continúa

Esta conquista es una respuesta contundente para aquellos que, desde la comodidad, repiten el lugar común de que “el gremio no hace nada”. Los hechos demuestran lo contrario: AGEPJ hace, planifica, lucha y se sienta a negociar con el empleador buscando avances. Los resultados, como todas las luchas que llevamos adelante las y los trabajadores llegan.

 

Hoy, más que nunca, desde AGEPJ reafirmamos que luchar tiene sentido.

Celebramos este logro felicitando principalmente a las compañeras y compañeros de Cura Brochero, que nunca claudicaron. Al mismo tiempo, reivindicamos este ejemplo para todas las demás reclamos por condiciones de trabajo que aún necesitan ser satisfechos y respondidos por el empleador. La disposición y el compromiso la organización gremial en seguir bregando por ellas es inquebrantable. La pelea por dignificar el trabajo de las y los judiciales y mejorar el servicio de justicia para toda la ciudadanía continúa.

 

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) presentó un pedido formal de información pública ante el Ministerio Público de la Defensa, solicitando precisiones sobre su estructura organizativa y los criterios utilizados para la incorporación de cargos jerárquicos.

Este requerimiento, busca esclarecer la creación de nuevas categorías de cargos institucionales, así como los mecanismos de contratación y las funciones asignadas a los mismos.

En particular, AGEPJ solicitó información sobre la Coordinación del Nuevo Sistema de Flagrancia y los criterios que justificaron que esas funciones fueran asignadas a personas externas, que no pertenecen a la planta permanente del Poder Judicial, en lugar de a los aspirantes que integran el Orden de Mérito vigente del concurso de Auxiliar de la Defensa Pública (2024).

“Este pedido busca despejar dudas legítimas planteadas por trabajadores y aspirantes, y fortalecer la confianza en los procesos de selección y promoción dentro del Poder Judicial”, expresó Federico Cortelletti, Secretario General de AGEPJ.

Seguiremos atentos a la respuesta institucional y no dudaremos en impulsar nuevas acciones que fortalezcan la legalidad, la equidad y la transparencia en cada rincón del sistema judicial.