El paro de notificadoras, notificadores y ujieres por dos horas diarias se mantiene y se provincializó sumándose ahora las sedes judiciales de San Francisco, Villa María, Rio Cuarto, Bell Ville, Dean Funes y Jesús María.
El conflicto se origina por el reiterado incumplimiento del Poder Judicial de la ley provincial 9.807 que establece que quienes cumplen la función de notificador, notificadora o ujier deben tener el cargo de jefe de despacho mayor. Dicha renuencia del empleador a cumplir con el mandato legal es lo que habilita legítimamente a disponer las medidas de fuerza.
La disposición gremial retrasará aún más el reparto y diligenciamiento de cédulas, que ya venía afectado por el quite de colaboración dispuesto desde el 14 de junio y el paro desde el 28 de junio
El Secretario Adjunto de AGEPJ, Adrian Valan expresó que: El conflicto se extendió ahora a toda la provincia y provocará más retardo aún en la administración de justicia. Esto es entera responsabilidad de la patronal. Nos preguntamos con qué autoridad moral el tribunal superior de justicia puede obligar a las y los ciudadanos a cumplir la ley, como lo ordena en sus sentencias si el mismo no cumple con las leyes para con sus empleados y empleadas.
