Con el aval de un gran número de sumariantes AGEPJ solicitó al empleador la revisión de los términos de las convocatorias a concurso para el cargo de Ayudante Fiscal en las Unidades Judiciales de Capital creadas o a crearse, así como las del interior.

Dichas condiciones están establecidas en los acuerdos número 370, 371 y 372 de abril de 2024. La petición gremial tiene el fin de permitir la participación de sumariantes con ocho años de experiencia en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria de 2021 ya que hay una gran disparidad entre los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria actual en comparación con la emitida en 2021. En ese sentido, se destaca que la convocatoria anterior permitía la participación de personas con ocho años de antigüedad como sumariantes en las Unidades Judiciales, lo cual posibilitó una mayor inclusión y diversidad de participantes en los concursos.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “La modificación de los criterios de admisión ha generado un alto nivel de frustración en muchos y muchas sumariantes que han acumulado experiencia laboral en las Unidades Judiciales. Diariamente realizan la dura tarea que implica ser sumariante por tanto tienen la legítima expectativa de poder participar en los concursos para el cargo de Ayudante Fiscal. Para exacerbar la cuestión se suman las dificultades que existen para el traslado de sumariantes a las Fiscalías de Instrucción, especialmente en la capital, lo cual pone trabas evidentes al crecimiento profesional de ese sector del poder judicial.”


En tanto que la Secretaria de Organización de AGEPJ y representante gremial ante la junta de calificaciones Lucía Bonafé agregó que “El planteo de nuestro sindicato está orientado a impulsar el desarrollo profesional de quienes se desempeñan en las Unidades Judiciales, especialmente ante el cambio de reglas de un concurso a otro. Entendemos que alentar a que los y las sumariantes puedan continuar la carrera especifica de su lugar de trabajo, rindiendo para el cargo de Ayudante Fiscal, hace a una mejora del sistema de justicia y de la carrera profesional.”

En nota dirigida al TSJ el sindicato solicitó que se limiten las valoraciones de desempeño que determinan las renovaciones de contrato para aquellos empleados que aún no han accedido a la planta permanente. AGEPJ considera que la actual frecuencia de esas evaluaciones, realizadas cada seis meses, no solo genera incertidumbre y ansiedad en los trabajadores, sino que también abre la puerta a posibles abusos de poder y violencia laboral.

En concreto la propuesta del gremio busca que se establezca un proceso más razonable y justo, consistente en una evaluación inicial después de los primeros seis meses de trabajo y una evaluación final previa a la efectivización del o la agente. Además desde el punto de vista de la organización interna del Poder Judicial la actual multiplicación de informes constituye un problema de organización que con este proyecto se reduciría sensiblemente.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Se deben protejer los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Sabemos, porque es de público conocimiento el actual marco de crisis económica con las consiguientes restricciones presupuestarias, a lo que se suma la deplorable decisión del gobierno nacional de discontinuar diversas partidas nacionales a las provincias, pero justamente por ese contexto es fundamental eliminar la discrecionalidad en las vías para que las empleadas y empleados judiciales accedan al pleno goce de la garantía de estabilidad reconocida constitucionalmente.”

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli agregó que “Luego de la reunión con el TSJ, donde planteamos la agenda gremial 2024 entendemos que hay disposición del empleador para abordar esta problemática. Hay coincidencias en los principios de justicia y equidad que la petición entraña por lo tanto estamos solicitando se agilicen los pasos para verlo plasmado en una resolución.”

El día miércoles 24 de abril AGEPJ mantuvo reunión con el Tribunal Superior de Justicia. A la misma concurrieron el Secretario General, la Secretaria Adjunta y el Secretario Gremial, respectivamente Federico Cortelletti, Agostina Noccioli y Adrián Valán, en tanto que por el TSJ estuvo su presidente Luis Eugenio Angulo.

La representación gremial le reiteró las urgencias que plantea la situación económica actual a las y los asalariados y la erosión en el salario que implican los actuales niveles de inflación. En este sentido, AGEPJ solicitó continuar, como en lo que va de 2024 con la rápida resolución de los aumentos salariales una vez que los determine la Corte Suprema, de acuerdo al sistema salarial vigente.

En relación a la carrera judicial, el sindicato reiteró la necesidad de utilizar todas las herramientas existentes para la permanente reestructuración de la planta, para que la misma no se movilice sólo con ascensos por vacantes, sino también a través de las promociones de cargos, por ejemplo. Asimismo, se acercó un proyecto para reducir la cantidad de cargos del escalafón, a los fines de equiparar el mismo al de la justicia federal.

Otro planteo y reclamo gremial fue la situación de contratadas y contratados para que se materialice un cronograma de pase a planta de los mismos. Además, se presentó un proyecto para reducir la cantidad y periodicidad de evaluaciones dado que el sistema actual implica un desgaste administrativo innecesario y además porque se han constatado abusos en el uso de dicha herramienta, en detrimento de la estabilidad y las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras que revisten esta situación laboral.

Por otra parte, se reiteró el planteo sectorial de declaración de insalubridad para los Cuerpos Operativos de Policía Judicial y el conjunto de reclamos que desde hace tiempo se viene solicitando para los Equipos técnicos del Poder Judicial, cuyas resoluciones son urgentes e imprescindibles. Se pidió también acelerar la implementación de la Oficina de Violencia Laboral, siendo el último paso que resta para la aplicación integral del Protocolo de Violencia Laboral. Se recalcó el arduo trabajo realizado durante estos años en esta materia, especialmente el desarrollo del concurso para la designación del personal externo y especializado, en cumplimiento con lo ordenado por dicho Protocolo.

El Tribunal Superior se comprometió a mantener una mesa de diálogo y trabajo permanente para abordar el conjunto de planteos gremiales y realizar las gestiones ante las instancias administrativas que correspondan.

AGEPJ solicitó formalmente al TSJ la revisión de la decisión de aplicar descuentos salariales a los trabajadores y trabajadoras que participaron en las medidas de fuerza del plan de lucha vigente. Además, reiteró la urgente necesidad de abrir una instancia de negociación colectiva que permita abordar la crítica pérdida salarial que atraviesa el sector.

AGEPJ señaló al TSJ que el reclamo por la recomposición salarial se sostiene desde 2023, ante la preocupante desaceleración del sistema de enganche con los aumentos salariales de la CSJN, lo que ha impactado de lleno en el poder adquisitivo de las y los judiciales cordobeses.
«Desde septiembre de 2023 venimos solicitando estrategias como la aplicación de una cláusula gatillo para ajustar los sueldos a la inflación mensual, además de impulsar un proyecto de reestructuración de planta para igualar escalafones con la Justicia Federal», se expresó en la nota al TSJ.

AGEPJ indicó al TSJ, nuevamente, que quienes ingresan hoy al Poder Judicial provincial perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, el ingreso inicial está cerca de la mitad del $1.100.000 que, según el INDEC, necesita una familia tipo para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre.
En este contexto, AGEPJ cuestionó las amenazas de descuentos a quienes ejercen el legítimo derecho a reclamar mejoras laborales y anunció que, de concretarse, se reserva el derecho de avanzar en acciones administrativas individuales para defender los derechos de cada trabajador y trabajadora afectado/a.

Asimismo, se instó al TSJ a un llamado a la empatía y la comprensión de la situación que atraviesan miles de judiciales. En ese sentido se resaltó que son las y los trabajadores judiciales de Córdoba quienes garantizamos el servicio de justicia con “esfuerzo, dedicación y solvencia, a pesar de los magros salarios que estamos percibiendo». Y se solicitó que » se comprenda la angustiante situación que vivimos, y que, en lugar de sanciones, se abra un camino de diálogo y soluciones.»

Finalmente, AGEPJ insistió en que la falta de mecanismos formales de negociación colectiva dentro del Poder Judicial contribuye a agravar los conflictos y obstaculiza la construcción de soluciones consensuadas. Por ello, le exigió al TSJ la apertura inmediata de una mesa de diálogo que permita encaminar respuestas a esta acuciante crisis salarial.

El día de ayer (26/04) integrantes de las comisiones directivas provincial y de la seccional San Francisco realizaron diversas actividades gremiales en la ciudad mencionada.

Los compañeros Federico Cortelletti, Daniel Crivello, Javier Planas, Mario Rojo y Luciano Rabbia llevaron adelante en primer lugar una asamblea en la Unidad Judicial referida a la problemática de falta de personal que expuso el gremio y los acuerdos alcanzados para la incorporación de sumariantes policías y del Poder Judicial. Luego se celebró otra asamblea con las compañeras y compañeros del edificio de tribunales en la que se trataron entre otros temas de la agenda gremial la cuestiones salarial, de la carrera y el APROSS.


Referido a esto, situación del seguro de salud provincial se firmó en la Ciudad de San Francisco un importante convenio con el Centro Médico Filípides que cuenta con distintas especialidades y beneficios exclusivos para afiliadas y afiliados. Ello en similar línea a los ya firmados con instituciones de salud en Villa María y Cruz del Eje que asisten a las compañeras y compañeros de esas ciudades y alrededores.


Al final de la jornada nuestro Secretario General Federico Cortelletti mantuvo una reunión con quien ejerce la superintendencia de la sede judicial Dra. Roxana Beatriz Peredo en la que se abordaron tópicos relacionados a condiciones de trabajo, funcionamiento de la sede y del sistema de justicia en general .

Nuestro sindicato participó ayer 23 de abril en Villa Dolores, Río Cuarto, Córdoba y otras ciudades de la provincia con cuerpos orgánicos y activistas de las multitudinarias manifestaciones en defensa de las Universidades Públicas. En la ciudad de Córdoba AGEPJ marchó junto a otros gremios de todas las centrales sindicales.

La diversidad de movimientos, sectores, partidos políticos y personas con altas responsabilidades públicas que formaron parte del millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que se movilizaron en todo el país marca un contundente mensaje para el gobierno nacional: la educación pública, en este caso la del nivel superior es un bien social que trasciende cualquier pertenencia política, religiosa o social y por tanto debe ser sostenida por el estado argentino.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Defendemos la universidad pública, la investigación y la innovación tecnológica asistida y financiada por el estado porque es la única posibilidad de que Argentina siga siendo un estado soberano. Sin eso estamos condenando para siempre las posibilidades de nuestro país de desarrollarse y solucionar los enormes problemas económicos y sociales que tenemos. Para que quede muy claro: sin universidad pública lo que está en juego es el destino de la patria y un futuro sombrío como colonia de otros países y corporaciones multinacionales que vienen por la apropiación privada de todo lo que hoy son bienes sociales.”

En tanto que la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli agregó que “La educación pública es igualadora, en particular la formación universitaria permite ascenso social y en consecuencia una sociedad con mayores niveles de igualdad que nos ha distinguido como país en el resto del mundo. La existencia de universidad pública es la posibilidad de un modelo de país más justo y esa es la razón de nuestra participación como gremio en la histórica jornada de ayer.”

La Administración General del Poder Judicial contestó positivamente el planteo de AGEPJ por las horas fuera de la jornada que deben realizar las y los peritos del poder judicial que son convocados a audiencias judiciales en virtud de sus informes.

Para dicho reconocimiento las y los peritos deben elevar por la vía jerárquica correspondiente el detalle de las horas destinadas a la comparecencia por audiencias fuera del horario de trabajo habitual.

Sin embargo, AGEPJ rechaza las afirmaciones de la Administración sobre la supuesta existencia de una “hora de disponibilidad” ya que la jornada de las empleadas y empleados judiciales está fijada por la ley provincial número 8575 que expresamente prevé en su artículo 16: “como jornada laboral para el personal de los Poderes Legislativo y Judicial la de seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales” pudiendo cumplirse de la forma que lo determinen dichos poderes pero no en exceso de las mismas. Es una obviedad, pero a tenor de la respuesta de la administración resulta necesario recalcar que una ley provincial, emanada del órgano que representa al pueblo de la provincia no puede ser derogada o desnaturalizada por un instrumento inferior en jerarquía (una acordada) emanado de un poder que no puede ni debe legislar, sino que imparte justicia aplicando dichas leyes.

El día lunes 8 de abril se llevó a cabo asamblea en la Unidad Judicial de San Francisco motivada en el largo reclamo por más personal y respeto de descansos y tope de horas. Tiempo atrás AGEPJ celebró el ingreso de personal en las UJ de capital, pero advirtió que se continuaba relegando el interior y que ello desmejora la calidad de la atención a la ciudadanía, al tiempo que vulnera derechos laborales.

En un contexto de exponencial incremento delictivo y por ende de denuncias, AGEPJ sostiene desde el 2023 y en lo que va de este año, un reclamo ante el MPF para que se incremente el número de personal en distintas unidades judiciales del interior. Una de ellas, donde la situación es muy preocupante, es la de la ciudad de San Francisco que, gestiona un número de sumarios similar a unidades judiciales de capital pero con la mitad del personal. Ello por supuesto repercute en dos dimensiones: la deficiencia del servicio de justicia por un lado y por otro, el menoscabo de los derechos laborales y la salud de empleadas y empleados.


En dicho escenario, a pesar de los contundentes y palmarios datos, el reclamo por ingreso de personal –que sí se satisfizo en parte para la capital- aún no encuentra eco en el MPF, por lo que se resolvió en San Francisco comenzar con un plan de lucha que incluyen asambleas rotativas en distintos turnos.

Luego de las asambleas de sumariantes y que el 8 de marzo AGEPJ decretara el alerta y movilización  el MPF anunció el ingreso de 17 sumariantes a partir del 3 de abril y, otros 7 en fecha a confirmar.

Las nuevas y nuevos empleados se distribuirán en número de 6 en el centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas y las restantes trabajarán de lunes a viernes en las unidades judiciales de capital y un fin de semana al mes como refuerzo en dicho Centro. Asimismo, se dejarán sin efecto, a partir de la segunda quincena de abril, los traslados intempestivos de sumariantes hacia el CRPPA.

Esto traerá alivio en la tarea de las y los sumariantes que debían responder con dotaciones insuficientes al aumento de los delitos, se respeta la jornada laboral y descansos legales de los mismos. Los reclamos han sido atendidos por el MPF y tanto la organización sindical como las y los sumariantes lo valoran positivamente.

Lamentablemente la solución es parcial ya que no se han obtenido ingresos para las unidades judiciales del interior, cuya situación en algunas sedes, es más grave aún por lo que exhortamos tanto al MPF como al ejecutivo provincial poner allí también el foco en la distribución de los recursos.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal respecto a las malas condiciones de trabajo a la que son sometidos los empleados y empleadas del predio de Accidentología Vial, especialmente aquellos que prestan tareas en las oficinas de Pericias Numéricas y Mecánicas cuando tienen que trabajar en el potrero del Estado, desde AGEPJ convocamos a asamblea para el día 27 de marzo desde las 7am.

Desde la asociación gremial de empleados judiciales reclamamos hace años soluciones estructurales respecto al nulo mantenimiento del predio, el cual perjudica y vulnera la salud de quienes tienen que acceder al lugar para llevar a cabo su trabajo.
Concretamente exigimos que, como primera medida, se implemente un plan sostenido en el tiempo para desmalezar y cortar los pastos del predio, los cuales usualmente superan la altura de los vehículos allí alojados. Es inconcebible pensar que se puede llevar a cabo algún tipo de pericia dentro del predio cuando los compañeros y compañeras ni siquiera pueden encontrar los móviles a peritar.

Esta situación se torna doblemente grave en el contexto sanitario actual, en donde los casos de dengue se multiplican día a día incluyendo a varios trabajadores del sector que se encuentran transitando la enfermedad. Dentro de las recomendaciones de los Gobiernos Nacional y Provincial se destacan la necesidad de mantener patios y jardines limpios y desmalezados, por un lado, y el uso de repelente por otro.

Como segunda medida creemos urgente distribuir repelente para insectos entre los empleados y empleadas que realizan trabajo en la calle, tanto en Accidentología Vial, pericias numéricas y pericias mecánicas, cómo así también entre los cuerpos operativos de Policía Judicial. Es inconcebible que, dado el estado de situación, la patronal haya decidido cortar el abastecimiento del mismo, no solo negando la entrega a quienes lo solicitan a suministros, si no también amenazando con no reconocer los gastos a aquellos jefes y jefas que usen el dinero de la caja chica para comprar repelentes en pos de cuidar la salud de sus empleados y empleadas. Desde el gremio nos es difícil entender la lógica para distribuir los recursos económicos de la institución, pero también sabemos que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se vulneren los derechos y la salud de quienes desempeñan tareas como agentes de justicia.