AGEPJ realizó el pasado miércoles 5 de noviembre asambleas en toda la provincia para exigir la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios, el fin del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art. 58 ley 10.694). Se llevaron a cabo las dos últimas horas de cada turno en forma simultánea en todas las sedes.

El gremio de judiciales expresó que existe unanimidad en el reclamo por parte de las empleadas y empleados judiciales frente al recorte salarial que implican los aportes extraordinarios. Además se reiteró que está en marcha una estrategia de frente común para fortalecer el reclamo, por un lado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba se está estudiando un planteo judicial conjunto y en el frente gremial se busca ampliar el arco que hoy ya reúne a bancarios y judiciales.

Desde AGEPJ  afirmamos que“Es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023. Se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo. Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, y remarcamos que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales”

El Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti expresó que “es público el desfinanciamiento que el gobierno nacional propina a la provincia, incumpliendo acuerdos firmados no remite lo que corresponde a la caja de jubilaciones provincial pero la respuesta no puede ser siempre la misma, ajustar a trabajadores y jubilados. Vamos a alcanzar cerca de dos años en esta situación de descuento forzoso. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo.”

La seccional Villa María de AGEPJ realiza hoy miércoles 5 de noviembre asamblea para exigir el fin de los aportes extraordinarios y soluciones urgentes para el colapsado edificio de la sede que entre otras cuestiones presenta humedades, riesgos de derrumbes, instalaciones eléctricas precarias y hasta la desratización del día 4/11 tenía presencia de roedores.

El edificio, que además de lugar de trabajo de las y los trabajadores judiciales recibe diariamente a cientos de vecinos cada día, presenta graves problemas estructurales de larga data: humedades, amenazas de derrumbe, instalaciones eléctricas precarias y, como agravante reciente, hasta la desratización la presencia de roedores. Este cuadro configura un entorno laboral inaceptable e indigno, que vulnera derechos básicos a la salud, seguridad y dignidad no sólo en el trabajo sino para litigantes y la ciudadanía en general.
Tanto la seccional Villa María, como la Comisión Directiva Provincial llevan un reclamo y gestiones desde larga data apuntadas tanto a obtener soluciones coyunturales como las tendientes a obtener un nuevo edificio. Lamentablemente prima la lentitud del empleador en reconocer que se está ante una situación límite.

El secretario general de la seccional Rafael Rodríguez Tisera expresó que “No podemos seguir normalizando lo anormal. Es inadmisible que tengamos que desarrollar diariamente nuestras tareas en condiciones que ponen en riesgo nuestra integridad, litigantes y la del resto de la ciudadanía que concurre. El empleador no puede seguir mirando para otro lado”.

En tanto que el Secretario del Interior Pablo Sabas agregó que “Con esta medida, la seccional Villa María se pliega al reclamo unánime de AGEPJ a nivel provincial por la eliminación de los aportes extraordinarios que recortan los salarios desde hace casi dos años, al mismo tiempo eleva un claro reclamo sobre la grave situación edilicia local, exigiendo soluciones concretas e inmediatas.”

El pasado viernes 31 de octubre se desarrolló en la ciudad de Villa Dolores una reunión entre referentes de la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judiciales y  jueces de paz de tres departamentos del oeste provincial. La sede del encuentro fue el Salón de Usos Múltiples de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba delegación San Javier, ubicado en la avenida San Martín 221 de Villa Dolores.

En representación de AGEPJ participó el Secretario del Interior Pablo Sabas en tanto que por el Departamento San Javier estuvieron presentes los jueces de paz Fernando Molina (Los Cerrillos), José Ortiz (Conlara),  Carlos Recalde (Luyaba), Oscar Espíndola  (San Javier), Claudia Herrera (Villa Las Rosas), Franco Herrera (San José). Del departamento San Alberto estuvieron presentes: Sandra Romero (San Vicente), Jenny Berón (San Pedro), Luciana Castillo (Sarmiento), Lorena Palacios (Nono), Nanci López (Ambul) y finalmente por el departamento de Pocho estuvo presente Alcides Carreras (Villa de Pocho).

Durante el encuentro se compartió un análisis de la pauta salarial de las empleadas y empleados del Poder judicial y el proceso de lucha llevado adelante por el sindicato que posibilitó la reestructuración de la planta y la equiparación en 2025. Se abordó además, el conjunto de reivindicaciones históricas particulares del sector de los jueces de paz tales como son la permanencia en el cargo, la necesidad de recomposición salarial y el pedido para que se cubran las vacantes. Se plantearon también un conjunto de problemáticas vinculadas a la función multifuero, recarga horaria e invisibilización de la tarea específica de las y los jueces de paz tanto hacia dentro como hacia fuera el poder judicial. En este sentido, el Secretario del Interior de AGEPJ expuso las gestiones gremiales desplegadas ante el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Justicia.

Al finalizar el encuentro se brindó material institucional del sindicato con información vinculada a prestaciones mutuales a las pueden acceder las y los jueces de paz de toda la provincia.

 

Los días 30 y 31 de octubre se llevó a cabo en la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una nueva reunión de la Mesa Directiva Nacional y del Consejo Superior de la organización. Del encuentro se encuentran participando representantes de las filiales de Santiago del Estero, Buenos Aires, CABA, Córdoba, Río Negro, La Pampa, Chubut y Nación, junto al Secretariado General de la FJA.

Durante las jornadas se desarrolló un extenso orden del día, que incluyó el análisis de coyuntura tras el último proceso electoral nacional, un balance de la medida de acción “Caravana Federal por la negociación colectiva” y el seguimiento de la situación salarial en las distintas jurisdicciones del país. En ese marco, se evaluó la continuidad del Plan Nacional de Lucha por la negociación colectiva y mejora salarial.
Asimismo, se trató el estado de los proyectos que circulan entorno a la Reforma Laboral, con la participación de especialistas en derecho del trabajo, junto con informes sobre las intervenciones de la Federación en espacios vinculados a la defensa de los derechos laborales y la justicia social.

Otro eje que se abordó en estos días fue la democratización del Poder Judicial, incorporando experiencias comparadas, material de divulgación y la presencia institucional en iniciativas tales como los “Cabildos Abiertos”.
La agenda incluyó también informes sobre inteligencia artificial, digitalización y trabajo remoto, con propuestas de trabajo, formación y divulgación, además de la presentación de datos de la Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Ámbito Judicial 2025 y el diseño de futuras líneas de capacitación.

Finalmente, se trataron aspectos organizativos vinculados a la participación de la FJA en eventos nacionales y regionales, así como la definición de la edición 2025 de los bonos de contribución solidaria.
La Federación reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos laborales en el ámbito judicial, la unidad de sus filiales y la participación sostenida en debates estratégicos para el futuro del trabajo y del sistema judicial argentino.

 

Una línea de trabajo sostenida para garantizar derechos y democratizar la Justicia

El Ministerio Publico Fiscal dispuso por Resolución Nro. 18/25 el derecho para personas lactantes y gestantes de eximirse de trabajar en turnos nocturnos. Este Proyecto surge de una lucha sostenida y de una propuesta de AGEPJ que fue recibido y trabajado luego con la Fiscal Adjunta Bettina Croppi. A partir de la propuesta y trabajo conjunto, logramos la modificación del régimen horario para las trabajadoras lactantes y gestantes que cumplen turnos nocturnos. 

La Resolución establece que la lactancia o la gestación para turnos nocturnos puede traer problemas a la salud y que el derecho de cuidado no es un derecho individual sino una responsabilidad también del Estado y de la instituciones para crear condiciones que democraticen las condiciones y garanticen derechos.

Esta modificación representa una nueva conquista colectiva impulsada por AGEPJ y se inscribe en una línea de trabajo sostenida por el espacio Judicialas, que desde hace años impulsa propuestas concretas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del Poder Judicial y garantizar la igualdad real de derechos.

Esta iniciativa presentada por Agepj, que hoy se traduce en una mejora concreta, es también el reconocimiento de un pedido histórico de nuestras compañeras sobre la complejidad de trabajar en horario nocturno durante los últimos meses de gestación y durante el periodo de lactancia

Este logro no es aislado. Forma parte de un proceso constante de lucha, organización y propuestas serias, que ha permitido conquistar derechos fundamentales en materia de género, cuidado y salud laboral dentro del Poder Judicial.

El 8 de marzo del 2024 AGEPJ presentó un proyecto al TSJ y al Ministerio Publico Fiscal, orientado a evaluar y modificar el régimen laboral acorde a la necesidad de compatibilizarlo con las tareas de cuidado del personal judicial. 

Producto de esa presentación fuimos desarrollando pedidos puntuales que se desprendían del proyecto general, con el objetivo de ir dando soluciones parciales por sector. En ese sentido, solicitamos en mayo del 2024 la implementación de lactarios móviles para todas las unidades judiciales de Capital y del Interior .

Esas medidas fueron concretadas por el Ministerio Publico Fiscal en agosto del 2024, cuando empezaron a funcionar los lactarios móviles para las Unidades Judiciales . Luego de un año de funcionamiento de los lactarios móviles, desde Judicialas avanzamos un poco más y le presentamos otro proyecto al Ministerio Publico Fiscal para garantizar el derecho a la lactancia de trabajadoras judiciales en turnos nocturnos .

¿Qué establece la nueva resolución?

Este proyecto comienza a implementarse ahora, tras la Resolución N° 18/2025 del Ministerio Público Fiscal, que determina:

  • La exención de prestar servicios presenciales entre las 00:00 y las 07:00 horas a: 
    • agentes que se encuentren en período de gestación a partir del segundo trimestre (desde la semana 13), 
    • y agentes que se encuentren en período de lactancia (art. 35 de R.A.L.). 

¿Cómo se accede al derecho?

  • Se trata de un derecho voluntario para las agentes que quieran acogerse
  • Pero una vez solicitado es de trámite obligatorio para las y los jefes de oficina. 
  • Las trabajadoras interesadas deberán presentar una solicitud expresa y confidencial ante su superior jerárquico inmediato. 
  • Deberán acompañar certificado médico que acredite gestación o lactancia. 
  • La jefatura remitirá la solicitud al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio Público Fiscal. 

¿Hasta cuándo se extiende?

  • La exención se mantiene hasta la finalización del período de lactancia establecido en el R.A.L. 
  • Luego de ese período, la agente deberá reincorporarse al régimen de turnos habitual. 

¿Cómo impacta en la organización del servicio?

La resolución indica que las jefaturas deberán:

  • reorganizar turnos y servicios, 
  • garantizar la continuidad operativa de la oficina 
  • priorizar la redistribución interna, 
  • evitar sobrecarga de tareas y afectación de derechos del resto del personal. 

Una conquista construida colectivamente

Cada uno de estos pasos fue fruto de la convicción, la lucha y la organización sindical, incluso en contextos sociales y políticos adversos, donde defender derechos laborales y de género requiere más compromiso que nunca.

Desde la AGEPJ reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por mejores condiciones laborales, más equidad y una Justicia verdaderamente democrática.

Continuaremos por el resto de los derechos que aún nos faltan: ampliación de la licencia por paternidad, días de licencia por tareas de cuidado, subsidios por gastos de guardería, régimen especial para quienes tienen hijos/as con discapacidad, entre otros.

Porque sabemos que los derechos se conquistan colectivamente y que, con lucha, propuestas serias y participación activa de las y los trabajadores, es posible transformar las estructuras para construir un Poder Judicial más justo, inclusivo y humano.

“Cada conquista es fruto de la lucha colectiva y del compromiso de no retroceder ante las adversidades.”

A los reiterados reclamos efectuados por AGEPJ respecto a las condiciones laborales de las y los sumariantes de las unidades judiciales y de los Tribunales de Familia, se suma ahora una preocupante escalada de incidentes que comprometen la seguridad e integridad psicofísica de los y las compañeros judiciales que se desempeñan en el Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la capital cordobesa.

El episodio ocurrido el pasado miércoles —cuando un denunciado por violencia familiar reaccionó de forma agresiva en la barandilla del quinto piso, golpeando el mobiliario y generando una situación de extrema tensión— dejó en evidencia la profunda desprotección en la que se encuentran las y los trabajadores judiciales.

Estos hechos, lejos de ser aislados, se inscriben en un contexto de profunda crisis social que impacta directamente en las dependencias que tramitan causas de alta sensibilidad. En tal sentido venimos detectando y denunciando similares hechos en las Unidades Judiciales y en el Fuero de Familia, estamentos por demás sensibles en torno a lo social.

La vulnerabilidad de quienes acuden en busca de ayuda no puede justificar ni naturalizar reacciones violentas hacia quienes trabajan en estos espacios. Por el contrario, debe ser atendida con políticas públicas integrales que contemplen también el cuidado de quienes sostienen el servicio de justicia día a día. La atención al público se realiza en condiciones alarmantes: espacios anegados, sin privacidad ni resguardo, donde relatos de extrema vulnerabilidad son escuchados por acompañantes, victimarios y personas ajenas, en pasillos sin contención ni protección.

Tras un relevamiento realizado en el edificio por AGEPJ, se advierte la ausencia de presencia policial en oficinas con atención constante al público y la falta de dispositivos de seguridad eficaces para prevenir situaciones de riesgo, como podrían ser los detectores de metales o equipos de intervención y acompañamiento. Esta carencia expone al personal a escenarios de amenaza que podrían evitarse con medidas mínimas de resguardo, como el sucedido la semana pasada en el fuero.

En este marco, AGEPJ presentó una nota formal ante la Coordinadora del TGA, Dra. Claudia Carasso, solicitando la adopción urgente de medidas concretas. Acompañamos el pedido de las y los trabajadores de reforzar la presencia policial en los espacios de atención directa, implementando una guardia permanente en las oficinas más expuestas, tal como ya ocurre en el ingreso al edificio. Asimismo, requerimos la instalación de detectores de metales y el fortalecimiento de dispositivos de contención para personas en situación de crisis.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia. No hay justicia posible sin cuidado de quienes la hacen posible.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba realizaron una reunión de trabajo conjunta con motivo del planteo de la supresión de los aportes extraordinarios.

Durante el encuentro, integrantes de ambas instituciones mantuvieron una reunión con el Dr. Guillermo Carena y Gonzalo Orduna del mismo estudio especialista en Derecho Previsional y Administrativo, con el objetivo de analizar los antecedentes normativos y las alternativas posibles en torno a la aplicación de dichos aportes.

Las entidades coincidieron en señalar que los aportes extraordinarios impactaron de manera directa sobre los ingresos del conjunto de la comunidad judicial. Asimismo, se destacó que las medidas de carácter excepcional, adoptadas en contextos de emergencia económica, deben ser acotadas en el tiempo y sujetas a evaluación periódica.

En este sentido, se subrayó que el financiamiento del sistema previsional es una responsabilidad del Estado, y que resulta necesario garantizar su sustentabilidad sin afectar el poder adquisitivo de los aportantes activos ni de los jubilados y pensionados.
Ambas instituciones acordaron solicitar en conjunto reuniones con el Tribunal Superior de Justicia y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para plantear los alcances del reclamo y evaluar alternativas institucionales y legislativas que permitan revisar la vigencia de los aportes extraordinarios.

Finalmente, se consideró relevante mantener el diálogo y la cooperación entre los sectores alcanzados por esta medida, con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la estabilidad del sistema previsional como la protección de los derechos de quienes lo integran.

En el día de la fecha, viernes 24 de octubre, culminó la segunda ronda de elecciones para constituir el cuerpo de delegados y delegadas de AGEPJ de Capital. Hoy se celebraron elecciones para definir representantes en Policía Judicial
En dicha elección se eligieron para el edificio Policía Judicial: 5 delegados/as titulares y 5 delegados suplentes; Para el sector perteneciente a la Unidad de Choferes de dicho edificio: 1 delegado/a titular y 1 delegado/a suplente y para el edificio de la DIO 2 delegados/as titulares y 2 delegados/as suplentes.

Dirección de Investigación Operativa (DIO) – Policía Judicial (calle Duarte Quirós)
Cintia Verónica Cajal (Titular): 50 votos
Ernesto Ortiz (Titular): 50 votos
Leonardo Drenkard (suplente): 50 votos
Emiliano Manno (suplente): 50 votos

Edificio de Policía Judicial – Unidad choferes:
José Abel Peña (titular): 4 votos
Miguel Quintero (suplente): 2 votos

Edificio de Policía Judicial General (calle Laprida)
Titulares:
– María Noelia Luque: 94 votos
– Alejandro Chávez: 88 votos
– Gonzalo Lassaga: 76 votos
– Carolina Camba: 62 votos
– Jorge Perea: 60 votos

Suplentes
– Silvia Andrea Sosa: 58 votos
– Juan Pablo Canteros: 57 votos
– Adrián Roldan: 37 votos
– Sebastián Zapata: 31 votos
– Hugo Federico Chávez Reynoso: 14 votos

Felicitamos a las y los delegados electos y a todos los y las que participaron.

 

 

Una gran noticia para la defensa del sistema público de concursos y contra la impunidad

El Fiscal de la Cámara de Acusación presentó un recurso de casación contra la sentencia que había sobreseído al ex Asesor Letrado Eduardo Caeiro, acusado de presuntas filtraciones de exámenes en el concurso para Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública Penal de Capital. De esta manera, el fallo no quedó firme y será ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien tenga la última palabra, si concede formalmente el recurso planteado.

El 6 de octubre la Cámara de Acusación había sobreseído al Asesor al interpretar que el hecho penal era atípico porque entendía que la actuación de Caeiro como Tribunal examinador no era en calidad de funcionario público. La Cámara argumentó que al poder integrar el Tribunal examinador otras personas tales como académicas y jubiladas y la selección era por idoneidad y voluntaria, no se advertían las notas típicas del deber de funcionario público.

Sin embargo, el Fiscal de la Cámara de Acusación cuestionó esta decisión y recurrió la sentencia estableciendo que el Asesor Letrado actuaba en carácter de funcionario público al integrar el Tribunal Examinador del concurso, por lo cual debía guardar secreto y actuar con deber de probidad.

Ese es uno de los argumentos centrales del recurso de casación, que además cita antecedentes del Tribunal de Ética Judicial, los cuales establecen que no corresponde separar el rol personal del rol institucional en el caso de los magistrados.

Asimismo, el recurso sostiene la necesidad de avanzar con la causa penal para evitar una lesión irreparable a la credibilidad del sistema público de concursos.

Esta decisión va en línea con lo solicitado públicamente por AGEPJ, que había requerido al Fiscal General instruir la continuidad de la investigación penal conforme al art. 16 inc. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

“No se puede escindir la persona de Caeiro de su calidad de funcionario público”, había argumentado Federico Cortelleti, Secretario General de AGEPJ.

Una lucha gremial sostenida en defensa de la transparencia

Este nuevo avance es el resultado de una acción sindical persistente y coherente, que a lo largo de todo el proceso mantuvo viva la exigencia de verdad y responsabilidad.

Desde noviembre de 2024, la AGEPJ viene impulsando acciones administrativas, penales e institucionales para que se esclarezca lo acontecido en este caso y con el objetivo de defender la transparencia de los concursos judiciales, entendiendo que de ello depende la confianza en el Poder Judicial y el derecho de las y los trabajadores a acceder en igualdad de condiciones.

A continuación, el recorrido completo de esta lucha:

La denuncia gremial que dio inicio a todo

En noviembre del 2024 AGEPJ detectó y denunció presuntas filtraciones de exámenes y maniobras que vulneraban la transparencia del concurso para Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública Penal de Capital, señalando posibles responsabilidades en torno al Asesor Letrado Eduardo Caeiro, integrante del Tribunal Examinador. Así comenzó la defensa sindical del sistema de concursos. Leer nota

Se abre sumario por impulso sindical

Ese mismo mes y por la denuncia gremial, la Oficina de Sumarios del TSJ inició una investigación preliminar que derivó luego en la apertura de un sumario disciplinario.
La acción sindical tuvo impacto institucional inmediato. Leer nota

Denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento

En diciembre del 2024 AGEPJ amplió su reclamo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, llevando la defensa de la transparencia hasta las últimas instancias institucionales. Leer nota

Avanza la investigación penal

Abierta la investigación jurisdiccional penal, en abril del 2025 el Fiscal de la causa solicitó la imputación al Asesor Letrado Eduardo Caeiro. AGEPJ exigió celeridad y advirtió que estaban en juego los derechos de quienes se preparan con esfuerzo para ingresar al Poder Judicial. Leer nota

Reclamo por la falta de avances

En agosto del 2025 y sin dejar que el caso se estancara, el gremio expresó preocupación por la demora en la investigación penal y administrativa, señalando que la falta de resultados pone en riesgo la credibilidad del sistema de concursos. Leer nota

Renuncia del funcionario denunciado

En septiembre del 2025 tras la presión pública y sindical, renunció el Asesor Letrado Eduardo Caeiro. Un paso importante logrado gracias a la persistencia gremial. Leer nota

AGEPJ cuestiona el sobreseimiento penal

Este mes, el 6 de octubre, la Cámara de Acusación sobreseyó a Caeiro alegando que no actuaba como funcionario público. AGEPJ advirtió que esa interpretación favorece la impunidad y socava la confianza pública. Leer nota

Pedido gremial al Fiscal General

Esos mismos días, AGEPJ presentó una nota formal al Fiscal General solicitando que se instruya la continuidad de la investigación penal. Leer nota

El Fiscal de Cámara recurre el fallo: un logro gremial

Con el recurso de casación presentado, se concreta el pedido que AGEPJ venía sosteniendo desde hace meses.

Una gran noticia para la salud del sistema público de concursos y contra la impunidad.

“Defender la transparencia de los concursos es defender el derecho de las y los trabajadores judiciales y la credibilidad del Poder Judicial”, estableció Federico Cortelletti, Secretario General de AGEPJ.

 

AGEPJ puso en conocimiento de la Administración General que en los Tribunales de Familia de Capital se vienen registrando, con creciente frecuencia, situaciones de violencia y agresión por parte del público hacia las y los trabajadores judiciales que allí desempeñan sus tareas.

Las situaciones de mayor conflictividad suelen registrarse especialmente en las Defensorías Públicas y en la OGA, lugares donde se reciben múltiples consultas diarias por parte de la ciudadanía y se brinda atención directa y continua. Las agresiones suelen originarse porque las personas que acuden a este fuero llegan en un estado de gran alteración, exigiendo respuestas inmediatas y son las y los empleados quienes las reciben y atienden directamente, y cuando las respuestas no resultan favorables, muchas veces son quienes terminan siendo objeto de agresiones verbales o incluso físicas.

Sin perjuicio de comprender el estado de vulnerabilidad y angustia que atraviesa la mayoría de las personas que acuden a los Tribunales de Familia, nada justifica que los trabajadores y trabajadoras debamos sufrir agresiones en nuestro ámbito laboral. Todos y todas merecemos desempeñarnos en un entorno seguro, donde se pueda trabajar en armonía y sin miedo.

Frente a esta situación, las delegadas y delegados del fuero presentaron una nota a la jueza encargada del edificio, Dra. Marcela Menta, solicitando la adopción de medidas de prevención y la presencia permanente de la guardia policial en los distintos pisos del edificio —no solo en planta baja—, especialmente en el primero, cuarto y séptimo piso, donde funcionan las Defensorías Públicas.

Asimismo, desde la AGEPJ se realizaron gestiones ante la Administración General del Poder Judicial, solicitando que se adopten las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad del personal y garantizar condiciones de trabajo dignas para todo el personal  del fuero de Familia.

Estas situaciones son similares a las denunciadas en las Unidades Judiciales y también conocemos en el Edificio de San Jerónimo, dónde también nos encontramos trabajando y profundizaremos gestiones. Pero se trata de una realidad que está altamente emparejada con la crisis económica y los resultados sociales cuando el Estado se retira. Situaciones que están lejos de solucionarse en el mediano plazo por lo que sí no se toman las medidas necesarias para las y los trabajadores judiciales, estos hechos no harán más que agravarse.

El compromiso, la empatía y la vocación de servicio de las y los trabajadores judiciales son pilares fundamentales del funcionamiento de fueros o espacios judiciales tan sensibles como los de Familia, Violencia Familiar y Unidades Judiciales. Por eso, desde AGEPJ reiteramos la necesidad de que se implementen de forma urgente acciones concretas que aseguren un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de violencia.