La Asociación Gremial de empleados y empleadas del Poder Judicial de Córdoba exigió que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia sean cubiertas por mujeres con perspectiva de género ya que según la entidad “sobran juristas expertas de excelente nivel en nuestro país a la altura de esa gran responsabilidad”. En esa línea el gremio manifestó su repudio a la propuesta efectuada desde el Poder Ejecutivo Nacional para que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia sean cubiertas exclusivamente por varones. La propuesta del ejecutivo viola categóricamente múltiples disposiciones legales, desde el Decreto 222/03 (justicia nacional) que establece la integración del máximo cuerpo con respeto a la diversidad de género, hasta tratados internacionales con jerarquía constitucional donde nuestro país se comprometió a bregar por el principio de igualdad y a eliminar todas las formas de discriminación por cuestiones de género.

La organización sindical no está interviniendo sola en este debate, sino que lo hace en la misma línea de una amplia diversidad de actores judiciales, sociales y personalidades como la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF), Red Mujeres para la Justicia, Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, Colectivo Mujeres del Derecho, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera, Silvana Chiapero y Aída Tarditti. Al respecto la vocal del Superior Tribunal Cordobés se expidió en una amplia nota publicada en perfil el 22 de marzo. 

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que “Una Corte integrada completamente por varones no refleja en absoluto la verdadera composición del poder judicial, tanto nacional como de las provincias, donde cada vez con mayor fuerza las mujeres venimos ocupando espacios importantes, en todos los estamentos. Creemos firmemente que el respeto por la diversidad y la remoción de obstáculos para que el acceso a los cargos judiciales sea en igualdad de condiciones, fortalecen nuestro sistema democrático como así también la calidad de la administración de justicia.”

En tanto que el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó “Es imprescindible que, en respeto de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, nuestro país no retroceda en los grandes avances que se han dado en materia de igualdad de género. La no revisión de la pretensión de excluir a las mujeres en la integración del máximo tribunal nacional además de ser intrínsecamente grave sería un bochorno de proporción internacional para el país, uno más de los que este gobierno insiste en protagonizar.”

Luego de reunión efectuada el día de la fecha 20 gremios (entre los que se encuentra AGEPJ) rechazaron en conjunto el nuevo recorte salarial destinado al APROSS, el índice de actualización para los descuentos de dicho seguro de salud y el restablecimiento del diferimiento jubilatorio.
Se comunicó que habrá medidas si no hay revisión de dicha problemática.
Además se cursó nota al gobernador imponiéndolo de este rechazo de los gremios estatales, requiriendo se dejen sin efecto las decisiones gubernamentales señaladas y pidiendo una audiencia.

El viernes 8 de marzo AGEPJ decretó el estado de Alerta y Movilización en las unidades judiciales de toda la provincia previo haber realizado el jueves 7 de marzo una asamblea de sumariantes en capital y comunicación con delegados, delegadas y sumariantes de las sedes del interior.

El alerta es el paso previo a medidas de fuerza más contundentes si no hay respuesta a los reclamos de ingreso de personal, respeto de los topes de horas legales y descansos entre jornadas. Lo subyacente es el cambio de una ecuación: la dotación de personal de las unidades judiciales y el CRPPA (centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas) se tornó insuficiente frente a una realidad que muestra un aumento exponencial del delito al compás del deterioro económico y social que viene arrastrando el país y la provincia, profundizado a niveles nunca vistos con la devaluación de más del 120 %, ajuste, estampida de precios y caída de los ingresos desde diciembre de 2023.

Por citar algunos datos: el mismo MPF (Ministerio Público Fiscal) reconoce un aumento del 40 % más de detenciones en flagrancia (declaraciones a diario perfil el 10/03/2024), correspondiente con lo recabado por AGEPJ relevando, en dicha dependencia que para enero y febrero de 2023 se iniciaron 1643 sumarios con 1662 presos en tanto que para los mismos meses de este año 2024 los sumarios fueron 1866 con 2291 presos). A su vez, tomando por ejemplo los datos de la unidad judicial número 10 (porcentajes que se reiteran en la casi totalidad de las demás unidades judiciales de la provincia) el 7/03/2023 acumuló 800 sumarios iniciados en tanto que para los mismos meses de este año los sumarios iniciados fueron 1518 o sea un 94,87 por ciento de incremento. Anteriormente AGEPJ ya puso en conocimiento del MPF el estado de las unidades judiciales del interior, ejemplificando en la muy crítica falta de personal de la Unidad Judicial de San Francisco.

Como se ve el panorama es grave. Las empleadas y empleados sumariantes vienen haciendo mucho esfuerzo para sostener el servicio de justicia en las actuales condiciones, (tal como lo hicieron durante la pandemia donde no se suspendieron sus tareas mientras en otros sectores se hizo teletrabajo) pero ello no debe realizarse a costa de sus derechos laborales y su salud por lo que requerimos al MPF acciones urgentes para afrontar la crisis. Es más, tenemos una realidad en la vecina Santa Fe en la que no queremos caer como provincia, por lo que se torna ineludible también el auxilio del Poder Ejecutivo al presupuesto del Poder Judicial para afrontar los déficits planteados.

Al respecto rechazamos de plano las declaraciones de mandos medios del Ministerio Público Fiscal vertidas al diario Perfil el domingo 10 de marzo donde se achaca “falta de compromiso” de las y los sumariantes frente a la ola delictiva. Por el contrario, si existiera dicha falta ya hubiera estallado el sistema en Córdoba, porque los que están corporizando la respuesta judicial a la inseguridad y la crisis social son las y los sumariantes.

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En el marco de un nuevo día internacional de la mujer trabajadora el gremio de judiciales de Córdoba presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de ampliación de licencias laborales por ejercicio de tareas de cuidado.

El proyecto surge de un extenso trabajo llevado a cabo por Judicialas, colectivo feminista de afiliadas de AGEPJ. Utilizando como insumo una encuesta sobre tareas de cuidado llevada a cabo por el gremio a todo el personal del Poder Judicial de Córdoba se elaboró un diagnóstico de composición de la planta y cómo asumen empleadas y empleados judiciales las tareas de cuidado de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

En base a las necesidades relevadas, a tono con la normativa de Derechos Humanos vigente, directrices de la Organización Internacional del Trabajo y diversos proyectos legislativos, el sindicato solicitará al empleador la apertura de una negociación para que puedan instaurarse en el Poder Judicial nuevas licencias que introduzcan equidad en la distribución de las tareas de cuidado y con ello disminuir el impacto negativo que tal carga produce en la carrera profesional y la calidad de empleabilidad de la mujer trabajadora.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que: “El contexto simbólico, político y económico del país es absolutamente adverso pero no vamos a renunciar a nuestra bandera de una justicia con perspectiva de género. En el marco de un nuevo día internacional de la mujer trabajadora estamos planteando al Poder Judicial la necesidad de democratizar las tareas de cuidado para que tener un hijo, hija, cuidar padres, madres o personas con discapacidad no vaya en desmedro de las trayectorias laborales de las compañeras empleadas judiciales.”

En tanto que el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti ponderó que “así como ya hubo una experiencia exitosa de negociación con participación gremial que culminó con el dictado de un protocolo contra la violencia laboral y de género estamos solicitando ahora la apertura de una instancia similar que conduzca a la ampliación de licencias por cuidados.”

Para leer el proyecto «Democratización  de las tareas de cuidado» HACER CLICK ACÁ

El Gremio de judiciales de Córdoba presentó formalmente una nota a la Fiscalía General del Poder Judicial mediante el cual se solicita se revea la notificación de recursos humanos para que no se re-direccionen sumariantes desde las unidades judiciales.

AGEPJ en representación de las y los compañeros alcanzados expresó en dicha presentación el “absoluto rechazo a dicha disposición toda vez que además de afectar el derecho a los descansos y acuerdos alcanzados al respecto, se están desconociendo los usos y el procedimiento normal al emitir la orden, ya comenzado el mes de marzo, cuando el personal de cada unidad judicial está organizado, y los turneros ya notificados.”
En este marco y por tal motivo AGEPJ convocó asamblea general de sumariantes para el día jueves 7 a las 12 hs. en el centro de recepción de procedimientos.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti sostuvo que “debe considerarse que en contextos de crisis, como el que estamos viviendo, se incrementan los hechos delictivos, lo que se traduce en mayor cantidad de aprehensiones, pero también en mayor cantidad de gente que concurre a las unidades judiciales a realizar denuncias, en calidad de víctimas, sumado a personal policial que entrega distintos tipos de procedimientos, sin aprehendidos. Dicha situación provoca que las unidades judiciales también estén desbordadas, que se produzcan demoras en la atención y en la instrucción de las causas.”

Por su parte el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán expresó “Muchas de las unidades judiciales afectadas se encuentran con el mínimo del personal, prestando servicio efectivamente, por lo que la medida afectaría directamente en la cantidad de fines de semana trabajados y libres, que se traduce en exceso de horas trabajadas, como ya está sucediendo en el centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas, lo cual infringe claramente la ley.»