AGEPJ presentó ante el Ministerio de Justicia el reclamo de una solución urgente a la crítica situación de los Jueces y Juezas de Paz de la provincia, que padecen un marcado deterioro salarial, falta de estabilidad en sus cargos y demoras en la cobertura de vacantes. Demanda que ya se hizo ante el TSJ.

El escrito de AGEPJ expresó que estos funcionarios y funcionarias hoy perciben un salario básico apenas superior al de un Oficial del agrupamiento 28 habiendo quedado marginados de los dos grandes avances que se registraron en beneficio de la planta del Poder Judicial durante 2025, esto es la reestructuración y la equiparación. Todo en el marco público de la enorme crisis de pérdida de poder adquisitivo que el sector asalariado está viviendo, en particular las y los estatales.

A su vez se volvió a hacer hincapié en que debe otorgarse la estabilidad para los cargos de juez o jueza de paz como condición indispensable para garantizar una Justicia “imparcial e independiente” en todo el territorio. Referido al mismo se solicitó la cobertura de los juzgados vacantes que cuentan con órdenes de mérito aprobados ya que los Juzgados de Paz son el primer y único contacto de gran parte de la ciudadanía con el sistema judicial en vastas regiones del interior provincial.

El escrito concluye solicitando al ministerio de justicia la cooperación para que las solicitudes presentadas tengan un tratamiento legislativo que otorgue la necesaria estabilidad en los cargos, y que se implementen “mecanismos urgentes” para reconocer salarialmente las funciones que se cumplen, en base a los principios de equidad, proporcionalidad y jerarquía funcional.

La Comisión Directiva de AGEPJ continúa recorriendo las Unidades Judiciales, recabando de primera mano las inquietudes y problemáticas que atraviesan las y los trabajadores.

En este contexto, observamos con gran preocupación como resultan diarios los episodios de violencia en los cuales denunciantes maltratan verbalmente a las y los sumariantes, quienes se ven expuestos a insultos, amenazas y hasta sustracción de sus pertenencias. Ninguna sede está exenta de ello.

El complejo contexto social que atraviesa nuestro país y, puntualmente, nuestra provincia, se materializa en el aumento de la violencia urbana. Cada vez es mayor la cantidad de personas en situación de calle, con consumo problemático de drogas y alcohol, y con diferentes problemas de salud mental sin un acompañamiento acorde. Todas estas problemáticas terminan en la puerta de la unidad judicial, configurando un escenario laboral de alta exposición y vulnerabilidad.

Por otro lado, la infraestructura de los edificios demuestra la falta de inversión, necesaria para tener un espacio digno de trabajo: cajas apiladas en lugares insólitos, paredes descascaradas por la humedad y hongos a escasos centímetros de los puestos de trabajo, solo por nombrar algunas de las problemáticas.

A ello se le suma, la falta de personal policial en el ingreso a las sedes judiciales. En algunas, no existe registro por parte del personal de seguridad de quién ingresa o sale, ni de lo que sucede en las salas de espera, donde se registran peleas entre denunciantes, se presentan personas notablemente alcoholizadas, en estado de consumo de estupefacientes o lesionadas. Incluso durante los trasnoches, llega gente a dormir. Esto no surge sólo de los relatos de los y las sumariantes, sino del propio registro realizado por los miembros de la Comisión Directiva durante las visitas, donde al llegar a algunas las comisarías, no se observaba personal policial.

El relevamiento de los botones antipánico arroja que algunos se ubican en lugares que no son prácticos, no tienen batería (pila) o el personal policial desconoce “como suena”, por lo que no advierte las situaciones de crisis que requieren de su presencia. La integridad física de los y las sumariantes no puede depender de que el oficial de servicio “justo escuche”, sino que debe ser garantizada las 24 horas del día.

Para finalizar, no nos pasa desapercibido que el inminente comienzo del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas, absorberá personal que actualmente se encuentra trabajando en las unidades judiciales de número, lo que implica un aumento en los turnos trasnoches y fines de semana por parte de los sumariantes que continuarán en esas sedes. Vale decir que, en algunas Unidades Judiciales ya se encuentran trabajando al límite del personal mínimo necesario para un normal desarrollo conforme los acuerdos que Recursos Humanos mantiene con AGEPJ.

Por todo lo analizado hasta este punto, es que desde AGEPJ reiteramos al MPF, la imperiosa necesidad de:

  • Diseñar un plan de acondicionamiento edilicio de las Unidades Judiciales, que incluya la reparación de humedades, la incorporación de elementos de protección en todos los edificios (mostrador, ventana de doble hoja, etc.) y la adecuación de un espacio de guardado de las pertenencias y elementos de higiene de los y las sumariantes.
  • Garantizar la presencia de personal policial en el ingreso de los edificios donde se ubican las unidades judiciales, de manera tal que estén atentos a la circulación de personas y, en caso de ser necesario, accionen en consecuencia.
  • Programar la apertura del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas de modo tal que no implique una sobrecarga a la jornada laboral mensual de los y las sumariantes.
  • Reconocemos que los recursos son escasos y no se nos escapa que el contexto económico es complejo. Sin embargo, se anunció con bombos y platillos, la creación del nuevo fuero de flagrancia, con una exorbitante asignación de recursos para el nombramiento de funcionarios y Fiscales, mientras la seguridad y las condiciones de trabajo de los y las sumariantes sigue siendo postergada.
  • Es urgente adoptar medidas que protejan a quienes, las 24 horas de los 365 días del año, son la puerta de ingreso al sistema de justicia penal de la provincia.

En el día de la fecha, el Cuerpo de Delegadas y Delegados de Capital y el Consejo Consultivo del Interior de AGEPJ mantuvieron una reunión conjunta con la Comisión Directiva de AGEPJ en la que se refrendó la estrategia gremial ya iniciada y se acordó la realización de asambleas informativas en los lugares de trabajo, con un cronograma que será definido por la Comisión Directiva.

 

Durante el encuentro, ambos órganos ratificaron la línea de unidad con otros sindicatos provinciales y con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, en el marco del reclamo conjunto por la eliminación de los aportes extraordinarios impuestos por el Gobierno provincial desde diciembre de 2023.

Los aportes extraordinarios afectaron directamente los salarios de las y los trabajadores judiciales y del conjunto del sector público, profundizando una situación de inequidad y pérdida del poder adquisitivo.

Desde AGEPJ sostenemos que estos aportes son injustos y que el Estado debe asumir su responsabilidad en el financiamiento del sistema previsional, sin seguir descargando el ajuste sobre quienes sostenemos el funcionamiento del Poder Judicial y del Estado provincial. Además, la justificación de los nuevos aportes fue basada en una emergencia económica que como tal debe ser acotada en el tiempo para que no se transforme en una regla, eso debe poder ser rediscutido.

En la reunión conjunta del Cuerpo de Delegados y Delegadas de Capital y el Consejo Consultivo del interior de AGEPJ, se acordó las realización de asambleas informativas en los lugares de trabajo con un cronograma a determinar por la Comisión Directiva de AGEPJ, luego de concretada la reunion conjunta con la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de Córdoba.

AGEPJ presentó un reclamo al TSJ advirtiendo que los jueces de paz perciben salarios apenas superiores a un oficial del agrupamiento 28, que la falta de estabilidad en sus cargos conspira contra el objetivo de la imparcialidad en el servicio de justicia y que la demora en cobertura de vacantes impide que la justicia llegue a todos los puntos del territorio provincial.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó hoy un reclamo formal ante el Tribunal Superior de Justicia para exigir una solución urgente a la crítica situación de los Jueces y Juezas de Paz de la provincia, que padecen un marcado deterioro salarial, falta de estabilidad en sus cargos y demoras en la cobertura de vacantes.

Mediante un escrito dirigido al presidente del TSJ, Dr. Luis Eugenio Angulo, el Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti detalló que, pese al aumento en la complejidad y volumen de sus tareas –que incluyen funciones jurisdiccionales, administrativas, sociales y comunitarias–, estos funcionarios “fueron marginados de los dos procesos más importantes de jerarquización salarial dentro del Poder Judicial” refiriéndose a la reestructuración primero y la equiparación después con la consecuencia que “Hoy perciben un salario básico apenas superior al de un Oficial del agrupamiento 28”.

AGEPJ también reclamó que se avance en un régimen de estabilidad para estos cargos, condición indispensable para garantizar una Justicia “imparcial e independiente” en todo el territorio. Asimismo, solicitó que se agilice la cobertura de los juzgados vacantes que cuentan con órdenes de mérito aprobados, muchos de los cuales permanecen sin titulares.
Toda esta situación se agrava enormemente por la crisis de pérdida de poder adquisitivo que el sector asalariado está viviendo, en particular las y los estatales.

Al respecto el Secretario del Interior de AGEPJ Pablo Sabas expresó que “Los Juzgados de Paz son el primer y único contacto de gran parte de la ciudadanía con el sistema judicial en vastas regiones del interior provincial. No es aceptable que sigan postergados en sus derechos laborales y funcionales.”

Por su parte Javier Planas, Secretario Administrativo indicó que «Este pedido que estamos realizando es producto de múltiples recorridas provinciales y de una asamblea virtual por el tema a la que asistieron más de 75 jueces y juezas de paz. El reclamo es generalizado y masivo.»

El escrito concluye solicitando al máximo órgano judicial que se expida a favor de un tratamiento legislativo que otorgue estabilidad a estos cargos, y que se evalúen “mecanismos urgentes” para reconocer salarialmente las funciones que cumplen, en base a los principios de equidad, proporcionalidad y jerarquía funcional.

AGEPJ y la Asociación Bancaria unimos fuerzas para exigir la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios que los aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia venimos realizando desde diciembre de 2023. Asimismo exigimos el fin del diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional ( art 58 ley 10.694). Para ello  realizaremos medidas de acción conjuntas.

Integrantes de las comisiones directivas de La Bancaria y AGEPJ encabezadas por sus respectivos secretarios generales Ezequiel Morcillo y Federico Cortelletti llevamos adelante este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de analizar cursos o vías de acción ante el ajuste salarial que implican los aportes extraordinarios, ello en el marco de la compleja situación política y económica que atraviesa el país y la provincia de Córdoba. Evaluamos el lanzamiento de medidas gremiales conjuntas y la posibilidad de sumar actores afectados por los aportes extraordinarios y desproporcionados que los trabajadores estatales venimos soportando, sin que ello signifique en una mejora en las condiciones de los jubilados estatales.

Ambas entidades gremiales analizamos con preocupación el continuo deterioro del poder adquisitivo del salario al que conduce la política económica de la motosierra y el déficit cero. Evaluamos indicadores como la baja en el consumo de bienes básicos como alimentación, indumentaria, esparcimiento, así como el aumento del nivel de endeudamiento y refinanciación de deudas de las familias trabajadoras.

A nivel provincial se coincidió en que es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023. Se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo. Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, se remarcó que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales. En esa línea resulta un grave contrasentido mantener el recorte salarial de los aportes y apoyar la baja de retenciones agropecuarias -como se anunció recientemente a nivel nacional y fue acompañado a nivel provincial- porque se trata de medidas que benefician a grandes actores económicos de altísimo poder adquisitivo e incluso multinacionales extranjeras.

Mediante un comunicado gremial conjunto afirmamos  que “la respuesta ante la crisis no puede ser siempre la misma, ajustar a los que menos tienen. Es necesaria la voluntad política del Gobierno Provincial en la defensa de los ingresos populares y buscar alternativas que no sigan dañando el bolsillo de los trabajadores». Asimismo que “Vamos a alcanzar cerca de dos años en esta situación de descuento forzoso, que no es otra cosa que un ajuste disfrazado. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo.”

Por último ambos gremios coindimos en que los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba mediante las organizaciones sindicales deben recuperar el gobierno de la caja de Jubilaciones, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno.

Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba manifestamos nuestra honda preocupación por el doble femicidio ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Córdoba, del que fueron víctimas Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio y por el cual se encuentra imputado Pablo Laurta, ex pareja de Luna.

A su vez manifestamos nuestro profundo repudio hacia la persistencia de discursos de odio hacia los avances en los derechos de la mujer, del respeto hacia las diversidades y de todas las leyes que muy trabajosamente se han logrado en ese ámbito.

En efecto, lamentamos seguir viendo cómo crece el número de este tipo de delitos, que atacan los derechos fundamentales de las mujeres en un contexto donde los discursos de odio se han vuelto a instalar nada más y nada menos que desde la voz oficial.  Es así que el propio presidente de la nación ha manifestado que los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ “son un cáncer que hay que extirpar”, ignorando las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad y la urgente necesidad de continuar con el impulso de políticas concretas para erradicar esta desigualdad con el objetivo de lograr sociedades más justas, igualitarias y libres de violencia.

No es un dato menor que el imputado por el doble femicidio sea referente de una agrupación que promueve discursos de odio contra la lucha de las mujeres por la igualdad de género, discursos que intentan instalar un manto de sospecha sobre las denuncias presentadas por violencia de género y de esta manera, hacer retroceder varias décadas de derechos ganados gracias a la lucha colectiva de gran parte de la sociedad argentina.

No hay más tiempo para la indiferencia ni para las respuestas tibias: LA VIOLENCIA MACHISTA MATA Y CADA SILENCIO LA PERPETUA. Por lo tanto, como organización sindical comprometida con la lucha y el respeto por los derechos humanos, REAFIRMAMOS NUESTRA TAREA INDECLINABLE DE VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES Y LUCHAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA. Hoy el dolor nos atraviesa, pero no nos inmoviliza. Llevamos sus nombres en la voz y en la lucha cotidiana por una vida libre de violencias.

La reunión de Comisión Directiva de AGEPJ del día 8/10/2025 confirmó la estrategia conjunta para llevar adelante el reclamo por la eliminación de los aportes extraordinarios que injustamente nos fue impuesto al sector estatal en diciembre del 2023 por el gobierno provincial.

La situación económica es realmente acuciante. El problema de fondo es la enorme pérdida salarial de nuestra pauta, misma que la nacional determinada por la CSJN (como sucede también por ejemplo para judiciales de Entre Ríos).

Desde judiciales de Córdoba hicimos este año un avance: la concreción de la equiparación progresiva y en etapas que está en ejecución. Esta fue una estrategia acordada democráticamente por mayorías para mantenernos dentro del sistema de enganche (única posibilidad de que los aumentos a funcionarios y magistrados no ahondaran la brecha que generó la equiparación de 2012 sólo para ese sector).

Pero es evidente que la urgencia económica continúa apretando y cada vez más. Por eso, a la par, sigue vigente el reclamo por la devolución de los aportes extraordinarios que la provincia nos impuso anticipadamente en 2023 —un reclamo colectivo que ya nos llevó a la Legislatura en el 2023 y a las calles junto a otros gremios en diciembre de ese año.

Tal como hicimos con otros temas, como la ley que nos difería los retroactivos, estamos desplegando una estrategia en varios frentes en torno a la exigencia de la devolución de los aportes extraordinarios:

– Gremiales
* Convocamos a reunión conjunta de Cuerpos Orgánicos: Plenario de delegados/as de capital y Consejo Consultivo del Interior de forma presencial el día viernes 17/10/2025 en a sede de la CGT Histórica (a realizarse al finalizar la capacitación interna obligatoria) para concertar el plan de acción y diseñar un cronograma de asambleas.
* Estamos articulando con otros sindicatos, especialmente con los gremios que aportamos el 22% como La Bancaria para continuar en el armado de una agenda común.

– Política: nos encontramos coordinando acciones con la Asociación de Magistrados.

– Mesas de trabajo en materia presupuestaria y previsional. Para por un lado profundizar en nuestro ámbito en la temática y por otro apuntar al impacto público de la cuestión. Se convocará al armado de una actividad con especialistas en economía y abogados/as previsionalistas para consulta (de los sectores afectados por la emergencia –suba de aportes-), análisis, reflexión, discusión de la situación de la Caja de Córdoba y la situación previsional Nacional.

La imposición de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones afecta a más de 195.000 aportantes provinciales, por lo que resulta imprescindible construir alianzas dentro del conjunto de sectores alcanzados. Entendemos que la única salida es organizarnos entre los sectores afectados, construir unidad y fuerza colectiva para que el reclamo tenga contundencia real.

Desde AGEPJ reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del salario, de los derechos previsionales y de la salud de las y los trabajadores del Poder Judicial.

 

Segunda convocatoria a elecciones de delegados y delegadas de capital para los edificios de Policía Judicial 

En la continuidad del proceso electoral para conformar el nuevo cuerpo de delegados/as de capital, la Comisión Directiva de AGEPJ convoca a las y los trabajadores, a las elecciones para delegadas y delegados de personal del edificio de Policía Judicial –con excepción del Centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas- (cito en Laprida 731) y del edificio donde actualmente cumplen sus funciones la Dirección Investigaciones Operativas –DIO-, (sito en calle Duarte Quiros 650), el día 24 de octubre de 2025 desde las 8 horas hasta las 16 horas. En la misma se elegirán para el edificio Policía Judicial: 5 delegados/as titulares y 5 delegados suplentes; Para el sector perteneciente a la Unidad de Choferes de dicho edificio: 1 delegado/a titular y 1 delegado/a suplente y para el edificio de la DIO 2 delegados/as titulares y 2 delegados/as suplentes.
La presentación de candidaturas se receptarán hasta el día 16 de octubre a las 15 hs, momento a partir del cual inicia el lapso para realizar impugnaciones. Las oficializaciones de las candidaturas se darán a conocer el día 20 de octubre.

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El pasado martes 7 de octubre se llevó adelante una conferencia de prensa en el SUM de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), para brindar detalles sobre las acciones gremiales que se realizarán en Córdoba y en todo el país en el marco del plan de lucha en defensa de la educación pública y el derecho a la negociación colectiva. De la conferencia de prensa participaron referentes provinciales y nacionales de gremios docentes y representantes de la CGT Córdoba y CTA.

Las medidas de fuerza de este plan de lucha incluyen una caravana para visibilizar el reclamo y un paro nacional docente el próximo 14 de octubre con movilización en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la Conferencia de Prensa el Secretario General de UEPC, Roberto Cristalli afirmó: “En esta jornada nacional de protesta vamos a visibilizar nuestro rechazo al presupuesto presentado por el gobierno nacional. Toda la sociedad se tiene que poner al frente de esta lucha”. Además, agregó: “Lo mismo que hicimos con el presupuesto educativo para las universidades, lo tenemos que hacer para la educación pública, porque lo que está consolidando el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional es el corrimiento del rol del Estado como garante del servicio educativo en todo el país, y básicamente lo que hace este presupuesto en el artículo 30 es anular todos los artículos por los cuales se garantiza el financiamiento del sistema educativo a nivel nacional”.

Por su parte el Secretario General de AGEPJ, Federico Corteletti, señaló: “Traemos el apoyo incondicional de la CGT Córdoba y de todos los gremios a la lucha docente en rechazo a un presupuesto que sigue ajustando a la educación y a los salarios de las y los trabajadores.»

A su vez un grupo de compañeros y compañeras judiciales, desde el sindicato acompañaron el 8 de octubre la inmensa caravana por la educación pública convocada por UEPC porque entendemos que sin educación no hay justicia”.

El martes 7 de octubre se llevó a cabo una asamblea en la Dirección de Investigaciones Operativas de Policía Judicial (DIO) donde se abordaron problemáticas urgentes sobre condiciones de trabajo y sobre nuestra exigencia de poner fin al recorte salarial que configuran los aportes extraordinarios (embeber nota de concejo consultivo y la última declaración, 2 notas).

Los compañeros de comisión directiva Adrián Valan, Roque Guzmán y Gabriela Arribillaga junto a los delegados del sector Ernesto Ortiz y Leonardo Drenkar constataron que en el edificio persisten malas condiciones de trabajo como vidrios rotos, presencia de palomas muertas y vivas en los pisos superiores, generando un foco infeccioso que no ha sido solucionado a pesar de las reiteradas inspecciones y reclamos. También la existencia de agua estancada y con fetidez en el ingreso al edificio.

En la asamblea, además de esas condiciones se puso en común que existe un atraso en la actualización de los viáticos, congelados desde enero del presente año, sin obtener respuesta a los reclamos efectuados.

Desde la comisión directiva se aseguró que se solicitará una reunión urgente con responsables de infraestructura para obtener un cronograma de solución a los problemas edilicios, priorizando la eliminación de focos infecciosos y la reparación de vidrios rotos, no descartándose retención de tareas si las pésimas condiciones edilicias persisten.

Asimismo, el secretario gremial de AGEPJ informó sobre la coordinación de acciones conjuntas con la asociación de magistrados y el sindicato bancario (La Bancaria) orientadas hacia la recuperación de los aportes extraordinarios, buscando construir una alianza en un universo de ciento noventa y cinco mil afectados, donde las y los judiciales sólo representamos una porción muy pequeña de seis mil empleados y empleadas.