La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su más enérgico repudio en relación con la persecución de la que es víctima la compañera Milena Maglione, Secretaria Co-Adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Rio Negro (SITRAJUR) y Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de esta Federación, con quien nos solidarizamos firmemente y acompañamos en las acciones que decida llevar adelante.

Como es público y notorio, la compañera Maglione tiene acordada una licencia gremial con el fin de cumplir con sus funciones sindicales, en virtud de un convenio paritario suscrito oportunamente con el Superior Tribunal de Justicia local. Sin embargo, la patronal, en este caso a través del Procurador General de la provincia, ha decidido incumplir con el referido pacto, violando no solo la norma derivada del mismo, sino los más elementales principios que deben regir las negociaciones colectivas y los convenios paritarios.

Asimismo, no se nos escapa que esta agresión es parte de una política que viene desarrollando de un tiempo a esta parte el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En efecto, baste mencionar el intento de reformar la Ley 5.009 de Negociación Colectiva provincial, que fuera obtenida luego de años de reclamar el cumplimiento de un derecho constitucional básico. La pretendida reforma no es otra cosa que la esterilización del derecho en cuestión y el restablecimiento de la voluntad unilateral de la patronal en la regulación de las condiciones de trabajo y empleo.

Es así como no solo le niega la licencia acordada a la compañera Maglione, sino que inicia acciones que amenazas tanto la estabilidad laboral como sindical. Esta situación no es un problema que afecte solo a nuestra compañera sino a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, en tanto se trata de una conculcación de derechos sindicales, en particular la libertad sindical garantizada por la Constitución Nacional.

Estamos pues ante una ofensiva más general, que apunta a vulnerar derechos consagrado en normas constitucionales y convencionales de carácter internacional, que enmarcamos en una avanzada de la derecha y ultraderecha en el país que pretende pulverizar derechos constitucionales, flexibilizar condiciones laborales, y perseguir políticamente a dirigentes sindicales, en particular mujeres.

Es por ello que no solo expresamos este repudio sino que exigimos el cumplimiento irrestricto de lo pactado y, en caso de que no se proceda a derecho, hacemos reserva de accionar administrativa y judicialmente, tanto en el plano local, nacional como internacional en garantía de los derechos adquiridos, independientemente de las medidas de índole gremial que nuestro colectivo sindical decida adoptar.

El gremio de Judiciales de Córdoba dispuso retención de tareas en la Unidad Judicial de Villa Dolores a partir del jueves 19 de octubre. La medida de fuerza fue adoptada por la falta de respuestas de las autoridades del Ministerio Público Fiscal ante los reiterados reclamos gremiales por falta de personal y soluciones de fondo a los graves problemas edilicios existentes en dicha unidad judicial.

El gremio de judiciales había constatado y denunciado el pasado 15 de septiembre una grave crisis edilicia y falta de personal en la Unidad Judicial  que se había agravado aún más con los cambios en el sistema de trabajo implementados desde el mes de agosto, que ha generado una excesiva sobrecarga laboral en las trabajadoras y trabajadores judiciales.

Sin avances respecto a la incorporación de personal, y respuestas insuficientes en lo edilicio, por parte del empleador, la Comisión Directiva de AGEPJ junto a las compañeras y compañeros judiciales de la Unidad Judicial de Villa Dolores han dispuesto comenzar con la retención de tareas a partir del próximo jueves 19 de octubre hasta tanto se obtengan soluciones concretas.

El viernes 6 de octubre se desarrollaron asambleas de dos horas por turno en defensa del sistema salarial y el poder adquisitivo. Esta acción se llevó a cabo en todos los edificios judiciales de la provincia tal como lo decidió la última Asamblea General Extraordinaria de afiliadas y afiliados.

La continuidad del estado de Alerta adoptado AGEPJ es a la espera de la resolución de la CSJN en el dictado del aumento salarial para el cual ya pidió el cambio de partidas presupuestarias al Poder Ejecutivo de 12% por el mes de agosto y 10 por el mes de septiembre.

De no mediar alguna respuesta positiva, la Comisión Directiva de AGEPJ esta facultada por decisión de la Asamblea General Extraordinaria para decretar medidas de acción directa la semana siguiente en caso que la Corte continúe sin decretar el incremento o haya dilaciones en replicarlo.

La asamblea provincial de afiliados y afiliadas se pronunció por la defensa del sistema salarial y el poder adquisitivo de los ingresos. Se dispuso dos horas de asambleas en toda la provincia para el viernes 6/10.

Se llevó adelante ayer (4/10) la asamblea provincial general extraordinaria de afiliados y afiliadas de AGEPJ con la presencia de representantes de las sedes y seccionales de San Francisco, La Carlota, Dean Funes, Rio Tercero, Villa María, Carlos Paz, Rio Cuarto, Cosquín, Rio Segundo, Villa Dolores, Alta Gracia, Cura Brochero, Bell Ville y Oliva, y una gran cantidad de compañeras y compañeras de capital.

En primer lugar se puso en común el planteo que está llevando adelante Federación Judicial Argentina solicitando una ley nacional de negociación colectiva para las y los judiciales de todo el pais. Luego, en el plano salarial se efectuó un balance de lo actuado y lo obtenido hasta el momento, para después analizar el más que complejo panorama político-económico provincial y nacional y los pasos que la organización debiera seguir para cumplir los objetivos de continuar defendiendo el sistema salarial y mantener el poder adquisitivo de los ingresos.

Luego del debate y lectura de mandatos se decidió que el día 6/10 se llevarán a cabo asambleas en toda la provincia las dos últimas horas de cada turno con retiro, además de facultar a la comisión directiva para decretar medidas de acción directa la semana siguiente en caso que la Corte continúe sin decretar el incremento o haya dilaciones en replicarlo.
La asamblea también se pronunció en el plano previsional por el reclamo al gobierno provincial de la eliminación del diferimiento previsional, el cumplimiento del fallo Bossio y el cese del descuento por percepción de doble derecho (jubilación y pensión).

Finalmente, se elevó a juicio la causa penal contra el ex ayudante fiscal Ernesto Morales en su momento denunciado por AGEPJ por violencia laboral y acoso sexual y rápidamente cesanteado por tal motivo. (Para ver nota del diario La Voz del Interior HACER CLICK ACÁ).

En orden a ello, AGEPJ expresa su beneplácito por la tramitación que llevó esa causa, sin embargo crece la preocupación y el alerta por el aumento de casos de violencia laboral en el Poder Judicial. En efecto, el gremio está trabajando arduamente junto a otros actores dentro de la comisión redactora del protocolo para que se pueda llevar adelante el concurso, establecer un orden de mérito y definitivamente dejar constituido el órgano de aplicación del protocolo: El Equipo Interdisciplinario de prevención y actuación en violencia laboral y/o de género en la modalidad laboral.

Sin embargo, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el dictado del protocolo, nuestra organización advierte que otros estamentos del Poder Judicial siguen sin hacerse eco de la necesidad de prevenir la violencia laboral y de intervenir efectivamente ante aquellas alarmas que han sido identificadas por el mismo protocolo como indicadores. Señales que debieran ser conocidas por quienes coordinan o conducen áreas sensibles del Poder Judicial ya que están establecidas en el capítulo IV del protocolo en una amplia ennumeración de 12 situaciones. Este déficit de comprensión del problema determina o coadyuva a que se sigan consumando hechos de violencia laboral y naturalizando prácticas violentas, a los cuales tenemos acceso como organización porque precisamente el gremio es quién, al final de cuentas, continúa siendo quien contiene, asesora, orienta y termina generando las denuncias correspondientes ante el TSJ o la oficina de sumarios administrativos.

Recordemos que luego que AGEPJ presentó el 8 de marzo de 2019 un proyecto de protocolo para prevenir la violencia laboral, una comisión redactora (con la participación gremial de nuestras compañeras Agostina Noccioli y Lucía Bonafé) lo reelaboró y el TSJ finalmente lo aprobó en junio de 2021.

Hubo un comienzo de implementación fallido ya que AGEPJ advirtió que no se había constituído el órgano de aplicación como lo establece el protocolo. A partir de allí devino la suspensión de vigencia (nota de suspensión vigencia) y el actual proceso (que está llegando a su fin) de llamado a concurso para constituir como corresponde el órgano interdisciplinario de aplicación.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que sin perjuicio de los avances logrados con la sanción del protocolo, la buena gestión de la causa penal contra Morales y el trabajo de constitución del órgano de aplicación del protocolo, nos preocupa la inercia cultural hacia dentro del poder judicial. En efecto hay un gran problema de no asimilación de los principios del protocolo por parte de reparticiones como recursos humanos, medicina laboral o salud mental que podrían tener otro tipo de intervención y en consecuencia evitar, en muchas ocasiones, los casos de violencia de los que estamos teniendo conocimiento.