Se está cumpliendo un gran paro en todas las dependencias del Poder Judicial. El acatamiento es en promedio superior al setenta (70) por ciento con lugares donde el mismo es superior al (90) por ciento.


Como sucede con cada medida de fuerza que decretó AGEPJ, para esta también nos sobran los motivos: una delicadísima situación económica signada por una elevada inflación que merma diariamente el poder adquisitivo de los salarios. Repetimos que si bien se publicaron las fechas de pago del aumento correspondiente a julio inexplicablemente se difirió para planilla suplementaria el pago de retroactivos cuando había tiempo más que suficiente para incluirlos con el pago mensual. El contexto inflacionario señalado justificaba largamente esa solución pedida por AGEPJ.

Para analizar la situación post medida y efectuar una propuesta al empleador que está elaborando la Comisión Directiva, AGEPJ ya ha convocado a reunión de cuerpos orgánicos para la semana siguiente, el martes habrá reunión de cuerpo de delegados y delegadas de capital y miércoles consejo consultivo del interior en conjunto con la comisión directiva provincial.
Felicitamos a las compañeras y compañeros que a lo largo y ancho de la provincia hoy cumplieron el paro desoyendo la provocación y amenaza del Tribunal Superior de Justicia que con una incomprensión absoluta de la realidad en la que el país está inmerso prometió utilizar, ilegítimamente herramientas para coaccionar y obstaculizar la participación en una justa medida de fuerza.

AGEPJ denunció grave crisis edilicia en unidad judicial de Villa Dolores, además de la falta de personal. Se efectuaron peticiones al Ministerio Público Fiscal, sin embargo no se descarta la retención de tareas u otras medidas de fuerza si las respuestas se hacen esperar.

La unidad judicial de Villa Dolores funciona en un edificio viejo y sin mantenimiento. Presenta permanentes filtraciones de agua y humedades en techos y paredes lo cuál entre otras cosas provoca la caída de los revoques. Concomitante a ello y provocando otro peligro para la salud la instalación eléctrica es precaria, con cables a la vista que en un caso atraviesan una ventana. También hay falta de luz y tiempo atrás las empleadas y empleados pusieron plata de su bolsillo para pintar el edificio, comprar mobiliario y un calefactor en el afán de mejorar su medioambiente de trabajo.

Además de los problemas  edilicios mencionados hay escasez de personal, porque las siete empleadas y empleados que la integran, sumados al número de policías no llegan a cubrir el número necesario para cumplir con el sistema de descansos y francos por ende no se están respetando esos derechos laborales básicos. Llegando ello incluso al extremo de obstaculizar el goce de las licencias anuales o por enfermedad del personal.

La situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal quién se comprometió ante Pablo Sabas (delegado gremial de la sede y pro-secretario del Interior de AGEPJ) y autoridades de la Unidad Judicial a aumentar la dotación de personal y poner en marcha un plan de obras de mejoras edilicias. AGEPJ ha reclamado una pronta respuesta sobre el personal y el comienzo de ejecución inmediato de las obras ya que lo que está en juego son las condiciones y medioambiente de trabajo. De lo contrario el sindicato está totalmente habilitado para decretar un inicio de retención de tareas.

Por otra parte, respecto a la unidad judicial de Mina Clavero AGEPJ le planteó al MPF las malas condiciones de trabajo del personal resultantes del funcionamiento de un solo baño (un inodoro y un lavatorio) para toda la planta que allí se desempeña. En efecto el sanitario es utilizado por la dotación policial, empleados judiciales, funcionarios y ciudadanía que concurre a denunciar o que llega detenida resultando, además de los problemas de higiene notoriamente insuficiente. Se le requirió al MPF también celeridad en la solución de este problema que afecta las condiciones en que las empleadas y empleados judiciales desarrollan sus tareas.

AGEPJ informó que la medida de fuerza se cumplirá de todos modos porque está motivada en la evidente y acuciante realidad económica.

Llamamos a la reflexión al TSJ que por pertenecer al sector que hoy goza del privilegio de la equiparación parece no comprender ni sufrir los continuos aumentos de precios que las empleadas y empleados si sufrimos.

Ante la comunicación del empleador que abonará el aumento de julio de la siguiente manera: a) aumento (ingreso al básico) con los haberes de septiembre y b) retroactivos adeudados a mediados del mes de octubre, AGEPJ expresa su rechazo a la misma. Es inentendible que, en el evidente contexto inflacionario, siendo 12 de septiembre se ofrezca abonar los retroactivos, no junto al pago de haberes sino recién a mediados de octubre. Esto no contempla las diferencias salariales existentes en el poder judicial, que tiene una planta donde magistrados gozan de la equiparación y empleados no, por tanto los niveles salariales arrastran una brecha donde las trabajadoras y trabajadores llevamos la peor parte.

Pero además es necesario que el nuevo sistema que habría determinado la CSJN de sus aumentos, esto es mes a mes, sea aceitado lo mejor posible en la provincia para evitar una perjudical acumulación de retroactivos en los siguientes tramos.
Frente a esta situación, la Comisión Directiva de AGEPJ, habiendo realizado asambleas de base en los edificios de capital y provincia, resolvió decretar un paro de 24 horas sin marcacion ni asistencia a los lugares de trabajo, exigiendo el pago del aumento y los retroactivos en conjunto y de manera inmediata que es lo que mejor resguardaría el bolsillo de las y los judiciales.

El próximo miércoles 13 de septiembre AGEPJ adhiere al Plan Nacional de Lucha lanzado desde la Federación Judicial Argentina (FJA) por la Negociación Colectiva de Trabajo para las trabajadoras y trabajadores Judiciales de todo el país, tal lo aprobado por el Plenario  y la Mesa Directiva la FJA. La acción se desplegará en cada oficina judicial a lo largo y ancho de la patria, donde las y los compañeros portaran carteles con las consignas alusivas exigiendo el reconocimiento efectivo al derecho constitucional que nos asiste y convocando a las acciones y medidas que seguirán en los días venideros.

 

En Argentina, más del 80% de las trabajadoras y trabajadores formales se encuentran comprendidos en algún Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, las y los judiciales somos parte de la minoría que no accede a ese derecho, salvo contadas excepciones. La Negociación Colectiva es un derecho constitucional, como lo determinan los convenios internacionales suscriptos por Argentina y lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Caso 2.881 de hace más de 10 años.

 

Necesitamos que el Estado argentino garantice el derecho a la Negociación Colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales, abriendo una instancia de diálogo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los Tribunales Superiores de las provincias, e incluso el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y los sindicatos representativos de las trabajadoras y trabajadores judiciales junto a la FJA para avanzar hacia un Convenio Colectivo Nacional.

 

Ello representaría a su vez, un paso hacia la Democratización del Poder Judicial, porque genera condiciones de paridad entre las y los trabajadores y los altos funcionarios/as y posibilita que discutamos qué Poder Judicial necesitamos y necesita el conjunto de la sociedad. La Negociación Colectiva hace que seamos partícipes de las discusiones vinculadas a nuestras condiciones de vida, de garantizar un salario mínimo, un escalafón único para todo el sistema judicial, y condiciones de trabajo y empleo dignos para los trabajadores y trabajadoras de los Poderes Judiciales de todo el país.

 

En el marco inflacionario que atraviesa el país, el salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales se vio gravemente deteriorado reduciendo aceleradamente el poder adquisitivo de nuestros ingresos. La discusión salarial que damos las y los judiciales se ve afectada al sernos negada la posibilidad de realizarla de forma homogénea en todo el país, quedando así nuestro salario y nuestras condiciones laborales a merced de la voluntad (o la falta de ella) de las patronales.

 

A su vez, nos encontramos en medio de una campaña electoral donde se busca instalar discursos que atentan contra derechos constitucionales básicos, conquistas históricas del movimiento obrero como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la estabilidad del empleo público, las indemnizaciones por despido, la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y de un sistema jubilatorio solidario. Es decir: vienen por nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras. Bajo estas condiciones, se torna fundamental que se garantice nuestro derecho a la Negociación Colectiva, porque representa una trinchera desde donde defender nuestras conquistas ante los ataques que sufrimos.

 

Por ello, convocamos a todas y todos los judiciales a participar del Plan de Lucha Nacional que se expresará en todos los Poderes Judiciales del país, exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata convocatoria a un ámbito de Diálogo Social para el Sistema Judicial Argentino, tal y como lo indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2021, a raíz del proceso abierto por esta Federación Judicial Argentina (FJA) ya hace más de diez años.

 

Luchamos por condiciones de trabajo y empleo dignas, garantizadas por un Convenio Colectivo Nacional, que sea la matriz de todos nuestros derechos.

Por resolución de Comisión Directiva de AGEPJ del 6 de septiembre se dispuso solicitar al TSJ un pedido de aumento a cuenta en igual sentido que la CSJN ha efectuado al PEN, es decir una cláusula gatillo dentro del 3er tramo. Se requiere que el tercer tramo (julio, agosto y septiembre) sea pagado conforme la inflación oficial de cada mes respectivo. Dicha petición es resultado de las reuniones de Cuerpos Orgánicos y de las asambleas realizadas hasta el momento y ante la falta de resolución de la CSJN a la fecha.

Como es de público conocimiento, la inflación de julio oficializada a nivel nacional fue del 6,3 y aun no se conocen los números nacionales de la inflación de agosto, pero el 4 de septiembre se publicaron los números del Índice de precios al Consumidor de la provincia de Córdoba del mes de agosto que resultó en un 12,15%. También, la solicitud del adelanto a cuenta se justifica en las nuevas erogaciones que a nivel nacional se han dispuesto o podrían concretarse, como la discusión sobre el bono que deben abonar pymes y personas físicas empleadoras y la posible modificación de la Ley de alquileres. Esos aspectos, como es sabido, golpean con fuerza a quienes somos asalariados y asalariadas y con mayor fuerza a las categorías más baja de nuestra planta.

El pedido de aumento a cuenta con cláusula gatillo al Tribunal Superior de Justicia irá acompañado de medidas de fuerza a decretarse supeditadas a la falta de novedades positivas de la CSJN o de una respuesta favorable del TSJ o de la provincia a el planteo gremial. En ese marco se continúa con el cronograma de asambleas en toda la provincia.

Continúa el estado de alerta de AGEPJ por el deterioro que la última devaluación causó en el poder adquisitivo del salario. Al efecto se dispuso el inicio de un cronograma de asambleas de base en toda la provincia para definir colectivamente los pasos a seguir.

El día de miércoles 23 de agosto se llevó a cabo reunión conjunta del consejo consultivo del interior y comisión directiva provincial en tanto que el día jueves 24 de Agosto sesionó el cuerpo de delegados y delegadas de capital. En ambos encuentros se analizó la coyuntura política y económica del país y la provincia compartiéndose la preocupación tanto por el deterioro de la situación económica y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios como también por la irrupción de propuestas electorales que abiertamente anuncian en su plataforma que van por la destrucción de derechos sociales, económicos y culturales, entre los que se cuentan los salarios, las jubilaciones, las organizaciones de defensa de trabajadoras y trabajadores, la investigación, la salud y educación pública etc.

La pérdida generada por las últimas medidas económicas debe ser tenido en cuenta y compensarse en el tercer tramo de aumento, eso es el contenido de la actual negociación en curso con la corte suprema de justicia y se resolverá en esa paritaria. A ese fin ya se efectuaron las reuniones señaladas de cuerpos orgánicos (comisión directiva, concejo consultivo y cuerpo de delegados) y comenzará a desarrollarse el cronograma de asambleas que se detalla.

Lunes 28/8 10 hs.
-Polo laboral
Martes 29/8
– 9 hs. Oliva
– 12 hs. Rio II
Miercoles 30/8
-Alta Gracia
-Rio IV
Jueves 31/8
-Cosquín
– 9 hs. Trib. 2

Desde AGEPJ vemos con preocupación las consecuencias que en el corto plazo tendrá la reciente devaluación con la escalada de precios consecuente. Es sabido que las subas aceleradas de precios golpean con fuerza el poder adquisitivo de asalariados y asalariadas. La única forma de recomponer los ingresos es a través de discusiones paritarias por salario, por lo que se torna de suma necesidad que la Corte Suprema de Justicia solicite al Ejecutivo Nacional el cambio de partidas para pedir una actualización. Por estar atados a los aumentos de nuestros pares federales, la activación del 3er tramo a nivel nacional nos permitirá a los judiciales de Córdoba contar con incrementos en iguales términos.

En ese marco AGEPJ ya comenzó a debatir colectivamente salidas locales ante la demora de la corte, para ello se convoca a:
– Reunión conjunta de comisión directiva y Consejo Consultivo del Interior el miércoles 23 de agosto.
– Plenario de delegados y delegadas de capital el jueves 24 de agosto.

 

Con altísimo acatamiento se cumplen las medidas de fuerza decretadas por AGEPJ en los cuerpos operativos de Policía Judicial. El día lunes 14/08 se cumplieron 6 horas de retención de tareas en dos guardias distintas del edificio de calle Laprida, en accidentología vial y pericias automotrices. Las acciones continuarán en la semana bajo la modalidad de “sorpresivas y rotativas” por lo que afectarán a diversas guardias y horarios.


Las acciones se desataron luego de la ausencia “con aviso” del Tribunal Superior y Ministerio Público Fiscal a la audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo el día 10 de agosto pasado para la continuidad del expediente que se tramita en esa cartera con objeto de declarar la insalubridad de las tareas de los cuerpos operativos de la Policía Judicial. Independientemente del repudio que suscitó “el faltazo” del empleador a la audiencia la Comisión Directiva de AGEPJ se mantiene expectante al resultado de la petición efectuada de transcender hacia otra instancia en el expediente consistente en el informe médico psiquiátrico del área correspondiente del Ministerio de Trabajo.

El día viernes 11 de agosto se realizó una Asamblea y retencion de tareas en el edificio del MPF, donde también participaron compañeras y compañeros de pericias numéricas, mecánicas y accidentología vial.

Durante la asamblea se analizaron las acciones a seguir frente al nuevo pedido de prórroga presentado por TSJ en la última audiencia fijada por el Ministerio de Trabajo el pasado jueves 10 de Agosto. Frente a esta nueva dilación e incumplimiento de la patronal se resolvió lanzar una medida de fuerza que comenzará el próximo lunes 14 de Agosto que consistirá en la retención de tareas sorpresivas y rotativas hasta tanto se destrabe el proceso administrativo del expediente de insalubridad.

El Secretario gremial de AGEPJ Adrián Valán expresó “Son vergonzosas las vueltas de la patronal para entregar información solicitada en el expediente: Cualquier otro empleador, ante ese nivel de reticencias ya habría sido sancionado pero parece ser que todos somos iguales ante la ley menos el Tribunal Superior. Esta situación nos empuja a la reanudación de las medidas de fuerza lo cuál ya fue notificado al empleador.”


La Pro Secretaria de Agrupamientos Especiales Gabriela Arribillaga sostuvo que “Ayer asistimos a una nueva falta de respeto hacia el trabajo de las empleadas y empleados de Policía Judicial, una nueva dilación burocrática en el expediente que tramita la declaración de insalubridad. Sería saludable que mas allá de las chicanas de la parte empleadora el expediente continúe su avance y se obtenga resolución.”