AGEPJ puso en conocimiento de la Administración General que en los Tribunales de Familia de Capital se vienen registrando, con creciente frecuencia, situaciones de violencia y agresión por parte del público hacia las y los trabajadores judiciales que allí desempeñan sus tareas.

Las situaciones de mayor conflictividad suelen registrarse especialmente en las Defensorías Públicas y en la OGA, lugares donde se reciben múltiples consultas diarias por parte de la ciudadanía y se brinda atención directa y continua. Las agresiones suelen originarse porque las personas que acuden a este fuero llegan en un estado de gran alteración, exigiendo respuestas inmediatas y son las y los empleados quienes las reciben y atienden directamente, y cuando las respuestas no resultan favorables, muchas veces son quienes terminan siendo objeto de agresiones verbales o incluso físicas.

Sin perjuicio de comprender el estado de vulnerabilidad y angustia que atraviesa la mayoría de las personas que acuden a los Tribunales de Familia, nada justifica que los trabajadores y trabajadoras debamos sufrir agresiones en nuestro ámbito laboral. Todos y todas merecemos desempeñarnos en un entorno seguro, donde se pueda trabajar en armonía y sin miedo.

Frente a esta situación, las delegadas y delegados del fuero presentaron una nota a la jueza encargada del edificio, Dra. Marcela Menta, solicitando la adopción de medidas de prevención y la presencia permanente de la guardia policial en los distintos pisos del edificio —no solo en planta baja—, especialmente en el primero, cuarto y séptimo piso, donde funcionan las Defensorías Públicas.

Asimismo, desde la AGEPJ se realizaron gestiones ante la Administración General del Poder Judicial, solicitando que se adopten las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad del personal y garantizar condiciones de trabajo dignas para todo el personal  del fuero de Familia.

Estas situaciones son similares a las denunciadas en las Unidades Judiciales y también conocemos en el Edificio de San Jerónimo, dónde también nos encontramos trabajando y profundizaremos gestiones. Pero se trata de una realidad que está altamente emparejada con la crisis económica y los resultados sociales cuando el Estado se retira. Situaciones que están lejos de solucionarse en el mediano plazo por lo que sí no se toman las medidas necesarias para las y los trabajadores judiciales, estos hechos no harán más que agravarse.

El compromiso, la empatía y la vocación de servicio de las y los trabajadores judiciales son pilares fundamentales del funcionamiento de fueros o espacios judiciales tan sensibles como los de Familia, Violencia Familiar y Unidades Judiciales. Por eso, desde AGEPJ reiteramos la necesidad de que se implementen de forma urgente acciones concretas que aseguren un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de violencia.

La Comisión Directiva de AGEPJ continúa recorriendo las Unidades Judiciales, recabando de primera mano las inquietudes y problemáticas que atraviesan las y los trabajadores.

En este contexto, observamos con gran preocupación como resultan diarios los episodios de violencia en los cuales denunciantes maltratan verbalmente a las y los sumariantes, quienes se ven expuestos a insultos, amenazas y hasta sustracción de sus pertenencias. Ninguna sede está exenta de ello.

El complejo contexto social que atraviesa nuestro país y, puntualmente, nuestra provincia, se materializa en el aumento de la violencia urbana. Cada vez es mayor la cantidad de personas en situación de calle, con consumo problemático de drogas y alcohol, y con diferentes problemas de salud mental sin un acompañamiento acorde. Todas estas problemáticas terminan en la puerta de la unidad judicial, configurando un escenario laboral de alta exposición y vulnerabilidad.

Por otro lado, la infraestructura de los edificios demuestra la falta de inversión, necesaria para tener un espacio digno de trabajo: cajas apiladas en lugares insólitos, paredes descascaradas por la humedad y hongos a escasos centímetros de los puestos de trabajo, solo por nombrar algunas de las problemáticas.

A ello se le suma, la falta de personal policial en el ingreso a las sedes judiciales. En algunas, no existe registro por parte del personal de seguridad de quién ingresa o sale, ni de lo que sucede en las salas de espera, donde se registran peleas entre denunciantes, se presentan personas notablemente alcoholizadas, en estado de consumo de estupefacientes o lesionadas. Incluso durante los trasnoches, llega gente a dormir. Esto no surge sólo de los relatos de los y las sumariantes, sino del propio registro realizado por los miembros de la Comisión Directiva durante las visitas, donde al llegar a algunas las comisarías, no se observaba personal policial.

El relevamiento de los botones antipánico arroja que algunos se ubican en lugares que no son prácticos, no tienen batería (pila) o el personal policial desconoce “como suena”, por lo que no advierte las situaciones de crisis que requieren de su presencia. La integridad física de los y las sumariantes no puede depender de que el oficial de servicio “justo escuche”, sino que debe ser garantizada las 24 horas del día.

Para finalizar, no nos pasa desapercibido que el inminente comienzo del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas, absorberá personal que actualmente se encuentra trabajando en las unidades judiciales de número, lo que implica un aumento en los turnos trasnoches y fines de semana por parte de los sumariantes que continuarán en esas sedes. Vale decir que, en algunas Unidades Judiciales ya se encuentran trabajando al límite del personal mínimo necesario para un normal desarrollo conforme los acuerdos que Recursos Humanos mantiene con AGEPJ.

Por todo lo analizado hasta este punto, es que desde AGEPJ reiteramos al MPF, la imperiosa necesidad de:

• Diseñar un plan de acondicionamiento edilicio de las Unidades Judiciales, que incluya la reparación de humedades, la incorporación de elementos de protección en todos los edificios (mostrador, ventana de doble hoja, etc.) y la adecuación de un espacio de guardado de las pertenencias y elementos de higiene de los y las sumariantes.
• Garantizar la presencia de personal policial en el ingreso de los edificios donde se ubican las unidades judiciales, de manera tal que estén atentos a la circulación de personas y, en caso de ser necesario, accionen en consecuencia.
• Programar la apertura del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas de modo tal que no implique una sobrecarga a la jornada laboral mensual de los y las sumariantes.
• Reconocemos que los recursos son escasos y no se nos escapa que el contexto económico es complejo. Sin embargo, se anunció con bombos y platillos, la creación del nuevo fuero de flagrancia, con una exorbitante asignación de recursos para el nombramiento de funcionarios y Fiscales, mientras la seguridad y las condiciones de trabajo de los y las sumariantes sigue siendo postergada.
• Es urgente adoptar medidas que protejan a quienes, las 24 horas de los 365 días del año, son la puerta de ingreso al sistema de justicia penal de la provincia.

AGEPJ y la Asociación Bancaria unimos fuerzas para exigir la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios que los aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia venimos realizando desde diciembre de 2023. Asimismo exigimos el fin del diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional ( art 58 ley 10.694). Para ello  realizaremos medidas de acción conjuntas.

Integrantes de las comisiones directivas de La Bancaria y AGEPJ encabezadas por sus respectivos secretarios generales Ezequiel Morcillo y Federico Cortelletti llevamos adelante este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de analizar cursos o vías de acción ante el ajuste salarial que implican los aportes extraordinarios, ello en el marco de la compleja situación política y económica que atraviesa el país y la provincia de Córdoba. Evaluamos el lanzamiento de medidas gremiales conjuntas y la posibilidad de sumar actores afectados por los aportes extraordinarios y desproporcionados que los trabajadores estatales venimos soportando, sin que ello signifique en una mejora en las condiciones de los jubilados estatales.

Ambas entidades gremiales analizamos con preocupación el continuo deterioro del poder adquisitivo del salario al que conduce la política económica de la motosierra y el déficit cero. Evaluamos indicadores como la baja en el consumo de bienes básicos como alimentación, indumentaria, esparcimiento, así como el aumento del nivel de endeudamiento y refinanciación de deudas de las familias trabajadoras.

A nivel provincial se coincidió en que es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023. Se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo. Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, se remarcó que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales. En esa línea resulta un grave contrasentido mantener el recorte salarial de los aportes y apoyar la baja de retenciones agropecuarias -como se anunció recientemente a nivel nacional y fue acompañado a nivel provincial- porque se trata de medidas que benefician a grandes actores económicos de altísimo poder adquisitivo e incluso multinacionales extranjeras.

Mediante un comunicado gremial conjunto afirmamos  que “la respuesta ante la crisis no puede ser siempre la misma, ajustar a los que menos tienen. Es necesaria la voluntad política del Gobierno Provincial en la defensa de los ingresos populares y buscar alternativas que no sigan dañando el bolsillo de los trabajadores». Asimismo que “Vamos a alcanzar cerca de dos años en esta situación de descuento forzoso, que no es otra cosa que un ajuste disfrazado. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo.”

Por último ambos gremios coindimos en que los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba mediante las organizaciones sindicales deben recuperar el gobierno de la caja de Jubilaciones, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno.