El pasado sábado 16 de mayo AGEPJ estuvo presente en el recorrido al «Refugio Libertad»- sitio de la memoria del ex Centro Clandestino de detención y tortura del grupo de artillería 141 José de la Quintana-, organizado por «el foro sindical de la mesa de trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.  Participaron en representación del Gremio de Judiciales de Córdoba  Daniel Ceballos y Luciana Nieto.

 

El Secretario de Acción y previsión Social  Daniel Ceballos expresó “compartimos un recorrido en el espacio de memoria y fue un encuentro con representantes de otros gremios hermanos y un grupo de trabajadores de la cooperativa que ponen su trabajo y cuerpo en esta tarea inmensa. También contamos con la presencia de la compañera Margarita Zeniquel que permaneció detenida en este ex centro de detenciones clandestino que nos narró su experiencia. Ratificando el compromiso asumido con la defensa de los derechos humanos y que la memoria se construye colectivamente y se sostiene en cada encuentro, cada lucha y cada espacio compartido”.

Por su parte Adrián Camerano, periodista y trabajador del Espacio de Memoria  “Refugio Libertad señaló: “los recientes hallazgos en La Perla reactivaron el interés por avanzar en este sector, trayendo a la memoria las búsquedas acotadas e infructuosas que el EAAF realizó años atrás en el lugar. Hace un cuarto de siglo que los testigos comenzaron a romper el silencio y a ponerle voz al horror. “En el Refugio Libertad, se alistan voluntades para afrontar esta tarea pendiente”, señala Camerano.

Identificación en 2026 de restos humanos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”

La noticia nos estremeció en las vísperas del 50° aniversario de la dictadura más criminal de la historia argentina: fueron identificados los restos de 12 personas enterradas en la «Loma del Torito», dentro del ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Perla.

En los últimos días, las excavaciones han arrojado 17 nuevos resultados positivos. Estos hallazgos —fruto de la campaña de búsqueda impulsada por el Juzgado Federal n.° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense— abrieron la posibilidad de hacer un duelo y darle sepultura a estos hijos, hermanas, amigos, compañeras/os. Fue un alivio frente a la incertidumbre y el dolor.  El expediente judicial de la causa «Averiguación de enterramientos clandestinos» incluye otros sitios, entre ellos, el ex Grupo de Artillería 141 (GA 141) José de la Quintana, en el departamento Santa María.

El jueves 14 de mayo desde el gremio de judiciales de la provincia de Córdoba presentamos ante la Administración del Poder Judicial un pedido formal para que se arbitren con carácter de urgencia todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la salud y seguridad laboral de las trabajadores y trabajadoras judiciales de la sede de Cruz del Eje, particularmente para quienes desarrollan tareas que implican contacto con personas privadas de la libertad y con dependencias del Servicio Penitenciario. El carácter de urgencia de nuestro pedido para la adopción de medidas sanitarias concretas se fundamenta en la confirmación de casos positivos de tuberculosis (TBC) entre internos del Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú” de la ciudad de Cruz del Eje.

El Secretario del Interior de AGEPJ Pablos Sabas Afirmó: Además del pedido de medidas sanitarias urgentes al empleador que preserven las salud de las y los trabajadores de Cruz del Eje, hemos solicitado también que, en caso de realizarse reuniones conjuntas entre el Poder Judicial y autoridades sanitarias provinciales para el abordaje de esta situación, elaboración de protocolos o definición de medidas preventivas, se garantice la participación de AGEPJ en su carácter de entidad representativa de las y los trabajadores judiciales.

Por su parte la delegada de AGEPJ de la Sede de Cruz del Eje Sofía Marchisone expresó “ Desde el gremio entendemos que la protección de la salud laboral constituye una obligación indelegable del empleador y una condición indispensable para el normal desarrollo del servicio de justicia. Es por ello que hemos solicitado se arbitren con carácter de urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la salud de nuestras compañeras y compañeros.

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📍  Nueva sede confirmada

San Francisco 🕒 17 hs  – Auditorio Colegio de Abogados San Francisco: Bv. Roca N°1119, San Francisco

 

📅 Miércoles 27/5
Expositores: Camila Romani – Juan Manuel Nieto – Matías Astegiano (Juez de Conciliación y Trabajo San Francisco).

📅 Jueves 28/5
Expositores: Enrique Pistone – María Emilia Macedo (Vocal de Cámara San Francisco) – Roxana Beatriz Peredo (Vocal de Cámara San Francisco) – María Laura Roggero

 

Próximas sedes:

 Villa María – Villa Dolores

 

💰 Aranceles hasta 2 cuotas.

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La Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación hizo lugar a dos cautelares en el marco de acciones de amparos presentadas por una jubilada y un jubilado judicial en contra de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Estos fallos ordenaron a la Caja no aplicar a dos jubilados judiciales descuentos establecidos por el decreto reglamentario de la ley de Equidad Jubilatoria votada en diciembre pasado por la Legislatura.

La aplicación de la Ley de Emergencia N° 11.087, conocida como Ley de Equidad Jubilatoria, y su posterior reglamentación generó la presentación de cientos de amparos de jubilados de toda la provincia en relación a una controversia que se centró en que, si bien facultaba al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un 8% los aportes personales de los sectores activos, el Gobierno —a través del Decreto N° 268/2025 y la Resolución N° 496/2025— trasladó ese recorte automáticamente a los haberes de los pasivos.

Las vocales María Eugenia Acuña de Maldonado y María Martha del Pilar Angeloz de Lerda sostuvieron que el Ejecutivo desbordó los límites de la delegación legislativa. Según el fallo, la ley previsional es clara al distinguir que solo los trabajadores en actividad realizan «aportes personales», mientras que los jubilados perciben un beneficio que goza de protección constitucional.

La Cámara Contenciosa Administrativa Tercera determinó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la reglamentación de la Ley 11087 sobre los amparistas y ordenó restituir los montos descontados

Por ello, el la Cámara Tercera por sentencia del 21/05/2026 entendió que el Decreto 268/2025 y especialmente la Resolución 496/2025 excedieron las facultades delegadas por la legislatura al ejecutivo, porque modificaron por vía reglamentaria el cálculo de los haberes jubilatorios y produjeron una quita ilegítima sobre los pasivos sin autorización legislativa.

Además, reafirmó la doctrina del “núcleo duro previsional”: el derecho de jubilados y pensionados a percibir como piso mínimo el 82% móvil del salario líquido del activo. Ese núcleo esencial no puede ser afectado ni siquiera en contextos de emergencia.

El fallo destacó que el aporte extraordinario impuesto a los activos es temporal y solidario, y no puede utilizarse para recalcular jubilaciones ni reducir haberes previsionales, porque eso transformaría una medida excepcional en una reducción permanente de derechos adquiridos.

En consecuencia, la Cámara Tercera declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto 268/2025 y de la Resolución 496/2025 respecto de los amparistas, y ordenó restituir los montos descontados indebidamente, con intereses.

La Caja de la provincia apeló el fallo y el TSJ debe resolver.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba deberá resolver la apelación de la Caja de Jubilaciones al fallo que beneficiaba personal pasivo del estado en el marco de la denominada “ley de Equidad Jubilatoria” de la Cámara Tercera Contencioso Administrativa. Se trata del primer fallo de fondo que declara inconstitucional la quita de haberes a jubilados.

Un nuevo fallo a favor de jubilados: El Tribunal Superior de Justicia pone un límite al «aporte solidario» para evitar jubilaciones de «cero pesos»

En una medida cautelar la Sala Contencioso Administrativa dispuso que el recorte no puede afectar la totalidad de uno de los haberes de jubilados que también cobran pensiones. Recordó el carácter alimentario de la jubilación.

La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió el recurso directo de una jubilada provincial contra la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y, como medida cautelar, limitó la aplicación del aporte solidario previsto en la Ley 10.694. El TSJ consideró que, en este caso, las quitas resultaban excesivas y ordenó que no superen el monto de su haber previsional.

La Sala Contencioso Administrativa del TSJ, integrada por Domingo Sesin, Aída Tarditti y Luis Rubio, consideró que los descuentos aplicados resultaban gravosos y podían tener un carácter confiscatorio. Por ello, como medida cautelar, dispuso limitar los descuentos del aporte solidario al monto de la jubilación ordinaria de la jubilada hasta que sea resuelta la cuestión de fondo.

Aunque la medida es de carácter provisional hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la norma, sienta un precedente protector para miles de pasivos cordobeses que perciben más de un beneficio y ven sus ingresos licuados por el régimen de incompatibilidades y aportes de la nueva ley.

La reciente resolución dictada en el marco de los sumarios administrativos concluyó con la responsabilidad de la defensora de familia del 1° Turno de Córdoba Capital por hechos de violencia laboral ejercidos contra integrantes de su equipo de trabajo. A la magistrada se le aplicó una sanción de 50 jus y, además, se le formularon recomendaciones específicas vinculadas al trato hacia el personal y al deber de no discriminación respecto de las personas que concurren a la dependencia.

La denuncia había sido presentada en octubre de 2023 por AGEPJ, a partir de los malos tratos denunciados por empleadas y prosecretarias de la defensoría, conductas que —según se informó oportunamente— se venían repitiendo desde hacía varios años. Desde la organización sindical se advirtió entonces que la situación era de conocimiento público dentro del fuero y que la oficina de Recursos Humanos no podía permanecer ajena a un cuadro de estas características, especialmente ante la existencia de innumerables pedidos de traslado presentados en la última década, varios de ellos con referencia expresa a los episodios de maltrato padecidos.

Entre las prácticas denunciadas se señalaron descalificaciones permanentes hacia el trabajo del equipo, cuestionamientos a las capacidades de las trabajadoras y los trabajadores, expresiones tales como que “se dediquen a otra cosa”, que eran “unos inútiles” o que “no servían para nada”. También se indicó que la magistrada no brindaba explicaciones suficientes sobre el trabajo a su cargo, no estudiaba con la debida profundidad las causas antes de las audiencias y, cuando algo no salía como esperaba, las represalias recaían sobre la empleada que había gestionado el expediente.

La resolución también da cuenta de expresiones discriminatorias dirigidas a personas patrocinadas por la defensoría, a quienes la magistrada habría calificado con términos como “gordas”, “vagas” o “negras”, conductas que refuerzan la gravedad institucional del caso y que fueron expresamente reprochadas en el pronunciamiento.

Más allá del caso concreto, el fallo vuelve a exponer un flagelo persistente dentro del Poder Judicial: la violencia laboral ejercida por magistrados y magistradas sobre trabajadoras y trabajadores, muchas veces amparada en jerarquías verticalistas, prácticas naturalizadas y una idea de impunidad que no puede seguir siendo tolerada. No se trata de hechos aislados ni de “mal carácter”. Se trata de violencia en el ámbito laboral, con efectos concretos sobre la salud, la dignidad y el desempeño cotidiano de quienes sostienen el funcionamiento real del servicio de justicia.

Por eso, este pronunciamiento debe leerse también como una señal institucional. El Poder Judicial – con todas las áreas que lo componen – no puede seguir mirando para otro lado frente a situaciones de este tipo. Resulta indispensable reforzar los mecanismos de prevención, intervención y control, revisar cómo se actúa ante las alertas tempranas y avanzar en herramientas efectivas para detectar y frenar estas conductas antes de que se consoliden durante años. La salud mental, el modo en que se ejerce la función y la aptitud real para conducir equipos de trabajo no pueden quedar fuera del debate.

En ese marco, continúa la expectativa por la resolución de otros dos casos graves de violencia laboral que siguen pendientes, entre ellos los vinculados a la fiscal de Bell Ville, Isabel Reyna y al vocal de cámara de Cruz del Eje, Javier Rojo. La demora en la resolución de estos expedientes sólo profundiza una sensación ya conocida por quienes trabajan dentro del sistema: cuando no hay respuestas claras, la violencia se expande.

El Poder Judicial debe asumir con seriedad esta problemática y adoptar todas las medidas ejemplificadoras que resulten necesarias para erradicar la violencia laboral y de género en su propio interior. Hace falta decisión institucional, control real y una convicción básica: ningún cargo habilita a humillar, discriminar ni maltratar a quienes trabajan todos los días para sostener el servicio de justicia.

La Asamblea General Extraordinaria de AGEPJ aprobó por mayoría de votos el 14 de mayo la profundización del plan de lucha por recomposición salarial y cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación ante la falta de propuestas satisfactorias del ejecutivo y el TSJ.
En la Asamblea General Extraordinaria de AGEPJ estuvieron presentes las sedes de Alta Gracia, Arroyito, Bell Ville, Carlos Paz, Cosquín, Cruz del Eje, Cura Brochero, Dean Funes, Jesús María, Laboulaye, Oliva, Rio Segundo, Rio Tercero, Villa Dolores, Villa María y San Francisco además de muchas y muchos compañeros de Capital.

El gremio está exigiendo recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo del salario. Ante la patronal el reclamo es que esa recomposición provenga del cobro de las cuotas pendientes de la equiparación escalonada y/o adelanto del cobro de permanencia en la categoría. Y a la provincia la demanda es por la derogación de la ley de equidad jubilatoria y devolución de los aportes extraordinarios. En concreto, el reclamo es por el cumplimiento cabal del acuerdo de equiparación firmado en 2025 que se ha visto impactado negativamente por la suba de aportes

Además, frente al TSJ se levanta una extensa agenda de reclamos que van desde el pase a planta de contratados y contratadas, ascensos periódicos, mejores condiciones edilicias entre otras. Todos objetivos ya aprobados por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria del 12/03/2026. Ademas, en la Asamblea se emitió un fuerte repudio unánime ante los descuentos ilegítimos y medidas de disciplinamiento contra quienes ejercemos el derecho a la protesta y falta de respuestas de la patronal.

En el desarrollo de la Asamblea se impuso por 285 votos a favor la moción que presentó la Comisión directiva (previa consulta con diferentes sectores y cuerpos orgánicos de AGEPJ) frente a 129 votos de otra moción. Hubo 3 abstenciones.

El plan de lucha aprobado consiste en:

PRIMER SEMANA
Viernes 15/5: Inicio de paro provincial de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y sin marcación

SEGUNDA SEMANA
Lunes 18/5: Continuidad del paro provincial de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y sin marcación
Martes 19/05
capital 12 hs. Asambleas ( sin regreso para el turno mañana) en cada edificio 13 hs. Concentración en Tribunales 1
Interior Asambleas en horario a establecer por cada delegación
Jueves 21/5
– Interior:
• Asambleas de protesta – 12 hs.
• Retiro – 13 hs.
– Capital: Movilización y concentración en Tribunales I (de 11 a 13 hs. con retorno)
Resto de los días (19, 20 y 21/5): Asambleas ruidosas en toda la provincia
Viernes 22/5: Inicio de un segundo paro provincial de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y sin marcación

TERCERA SEMANA
Martes 26/5: Continuidad del segundo paro provincial de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y sin marcación
Resto de los días (27 y 28/5): Asambleas ruidosas en toda la provincia
Viernes 29/5: Movilización de cuerpos Orgánicos de AGEPJ y actividades por aniversario del Cordobazo

CON FECHA A DEFINIR, reanudación del cuarto intermedio de la Asamblea extraordinaria para evaluar y decidir acciones.

Hoy martes 12 de mayo las y los judiciales realizamos en distintas sedes del interior provincial asambleas de protesta. En capital nos movilizamos a tribunales I. Por la tarde también acompañamos el reclamo de la marcha federal universitaria.

Sin propuesta de recomposición salarial, las y los judiciales en unidad profundizaremos el plan de lucha. Ratificamos que nuestra voluntad sigue siendo alcanzar una solución colectiva al conflicto que pasa por instrumentar mecanismos de recomposición salarial y cumplimiento del acuerdo de equiparación.

En este marco, convocamos a retomar el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria el próximo jueves 14/5 a las 13 hs. (con una hora de tolerancia estatutaria) en la CGT Histórica (Vélez Sarsfield 137).

El pasado lunes 11 de mayo con la presencia de 14 sedes del interior se desarrolló la reunión del Consejo Consultivo del Interior. (Río II, Río III, Cosquin, Rio IV, Dean Funes, Oliva, San Francisco, Bell Ville, Alta Gracia, Marcos Juárez, Arroyito, Cura Brochero, Carlos Paz y Villa Dolores).

En la reunión se analizó el contexto en el que abordaremos una nueva instancia de Asamblea Extraordinaria el próximo jueves 14 de mayo luego de meses de conflicto sostenido, organización colectiva y medidas de acción resueltas democráticamente por las y los trabajadores judiciales de toda la provincia.

Se analizó también el posicionamiento del empleador que si bien escuchó la problemática no ha ofrecido propuestas de solución hasta ahora. Además ha practicado descuentos ilegítimos contra quienes ejercemos el derecho constitucional a la protesta y la huelga, intentando amedrentar a las y los trabajadores judiciales organizados.

Por otra parte, se abordó también las acciones realizadas en conjunto con los gremios estatales en la demanda colectiva a la provincia que sigue plenamente vigente: derogación de la Ley 11087, devolución de los aportes personales confiscados y apertura de una verdadera mesa de negociación para discutir democráticamente la situación de la Caja Previsional de Córdoba. El horizonte histórico del 82% móvil y del 18% de aportes jubilatorios es un reclamo histórico de las y los trabajadores y vamos a defenderla.

Durante la reunión se abordaron las perspectivas y situaciones particulares de las distintas sedes y propuestas para el debate en la Asamblea General Extraordinaria. El reclamo que se explicitó en el debate fue muy concreto. Buscar la unidad en la acción con un plan que profundice la lucha para lograr una recomposición salarial urgente a partir del cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2025. Además continuar por todos los medios la lucha para derogar la ley provincial 11087 de suba de aportes previsionales significó un ajuste sobre los ingresos de las y los trabajadores activo y jubilados

Finalmente se sostuvo con claridad que sin propuesta de recomposición salarial, el plan de lucha se profundiza. Se Ratificó además la voluntad de alcanzar una solución colectiva al conflicto: El plan de acción se mantendrá hasta  que se nos haga un propuesta seria y concreta en una instancia de negociación con el TSJ para discutir mecanismos de recomposición salarial y cumplimiento del acuerdo de equiparación.

EL conjunto de gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba realizamos este viernes 8 de mayo una nueva protesta en el peaje de la ruta 20, en la mano que se dirige a Villa Carlos Paz. La medida visibilizó el rechazo a la ley previsional 11087 aprobada el año pasado por la Legislatura de Córdoba, que incrementó los aportes destinados a la Caja de Jubilaciones provincial y modifico haberes jubilatorios.

Esta acción de protesta sorpresiva se desarrolló durante la mañana del 8 de mayo y forma parte de un plan de acción conjunta de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba para expresar el unánime rechazo a la normativa que establece mayores aportes previsionales para trabajadores aportantes de la provincia.

Este conflicto ya lleva más de cuatro meses tras la sanción de la mal llamada «Ley de Equidad Jubilatoria», que en lo concreto significa un ajuste confiscatorio a salarios y jubilaciones. La tensión ha escalado luego de que la Justicia de Córdoba comenzará a dictar medidas cautelares a favor de los jubilados, reconociendo que el congelamiento de los haberes afecta derechos adquiridos.
Ante meses de reclamos, paros, movilizaciones, caravanas de autos, acciones en festivales de verano, acciones judiciales y mediáticas; los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba informaron que continuarán la lucha hasta la derogación de la ley 11087.

 

El jueves 7 de mayo culminó la última ronda de elecciones para constituir el Cuerpo de delegados y delegadas de AGEPJ de Capital. Hoy se celebraron elecciones para definir representantes en las Unidades Judiciales.

Las y los ganadores fueron:

Uj 2: Aylem Daiana Urrea (titular)

Uj 6: Álvaro Vega Parra (titular) y Rubén Darío Herrera (Suplente)

Uj 8:

–          Mauro Paolo Fernández (titular)

–          Valentina Bianchi Duran (suplente)

Uj 9: Luciana Pitteri (titular)

Uj 10:

–          Alfredo Nackauzi (titular)

–          Juan Cruz Ceresole (suplente)

Uj 11: Sofia Ott Firnkorn (titular)

Uj 12: Araceli Gil (Titular) y Daniel Balaban (suplente)

Uj 14:

–          María Laura Irastorza (titular)

–          Ayelén Tisera Nievas (suplente)

Uj 15: Daniela Rivero (titular)

Uj 16: Lautaro Ruiz Tolosa (titular)

UJ 18: Dario Zovak (titular)

Uj 19:

  • Agustín Vega Miller (titular)
  • Paulina Bettiol (suplente)

Uj 22:

–          Guillermo Canavesio (titular)

–          Emanuel Sosa Scalzeri (suplente)

Uj 23:

–          Nahuel Mestre (titular)

–          Marcelo Harris (Suplente)

UF Flagrancia Norte:

  • Titulares: Ana Carmignani y Clara Luna Solis
  • Suplentes: Elena Trebino y Natali Sabir

UF Flagrancia Sur:

–          Vacca Calderón Matías (titular)

–          Reynaga Joaquín (suplente)

Unidad Territorial N°14:

–          Agustina Majul (titular)

–          Rocío Godoy Colazo (suplente)

Pericias Automotrices:

  • Titulares: Molares Julián y Alejandro Caglieris
  • Suplente: Ceballos Mario Alberto

 

Uj Narcotráfico:

–          Matías Rodríguez (titular)

–          Trinidad Fernández (suplente)

Uj Delitos Económicos: Melisa Juárez (titular)

Uj La Calera: David Cadelago

Uj Villa Allende: Karina Suarez

 

Felicitamos a las y los delegados electos y a todos los y las que participaron.