AGEPJ junto a la Coordinadora de Gremios Aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia iniciamos este lunes 20 de abril una medida de fuerza histórica: la instalación de una Carpa de Lucha Permanente en la zona de intersección de Hipólito Yrigoyen y Vélez Sarsfield. La estructura funcionará como centro de visibilización y reclamó exigiendo la derogación de la Ley N° 11.087.  Hoy estuvieron presentes en la carpa los cuerpos orgánicos de AGEPJ.  El próximo miércoles esta previsto un retiro de 10 hs a 14 hs en toda la provincia y en Capital con concentración la Carpa de los gremios aportantes, para acompañar la misma con actividades académicas, un almuerzo con choris y un Festival Judicial con acciones culturales de 17 a 20 hs.

La medida es el resultado de más de cuatro meses de conflicto tras la sanción de la mal llamada «Ley de Equidad Jubilatoria», que en lo concreto significa un ajuste confiscatorio a salarios y jubilaciones. La tensión ha escalado luego de que la Justicia de Córdoba comenzará a dictar medidas cautelares a favor de los jubilados, reconociendo que el congelamiento de los haberes afecta derechos adquiridos.

Ante meses de reclamos, paros, movilizaciones, caravanas de autos, acciones en festivales de verano, acciones judiciales y mediáticas; los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba decidieron instalar una carpa de visibilización y protesta en pleno centro de la ciudad que se mantendrá hasta el viernes 24/4 dónde se llevará a cabo un festival de cierre con música y discursos. En la semana la Carpa estará sostenida por todos los gremios aportantes con acciones gremiales, culturales y de formación. Invitamos a la ciudadanía a conversar sobre esta situación con las y los afectados y debatir la situación previsional cordobesa y nacional en general.

¿Qué exigimos al gobierno provincial los gremios aportantes a la Caja?

Los Gremios Estatales y Aportantes a la Caja subrayamos que el escenario fiscal ha cambiado. Con la confirmación por parte del Ministerio de Economía de la Nación del envío de $5.000 millones mensuales adicionales para la Caja a partir de mayo, el argumento de la «emergencia» queda sin sustento.

Exigencias concretas de los Gremios Estatales y Aportantes a la Caja

1. Derogación inmediata de la Ley N° 11.087.
2. Mesa de negociación vinculante con participación de todos los gremios aportantes.
3. Uso de los fondos nacionales para la recomposición real de los haberes jubilatorios.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó «Continuamos en una situación de ajuste donde no solo tocan los haberes de las y los jubilados, sino que a las y los activos les aumentan los aportes personales mediante escalas que terminan siendo máximas para todas y todos. Esta ley es una transferencia regresiva que licúa el poder adquisitivo mientras el Ejecutivo ignora los fallos judiciales que ya nos están dando la razón.»

Por Su parte el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán afirmó “Ante la supuesta falta de fondos de la caja de jubilaciones que aduce el gobierno provincial desde la coordinadora de gremios denunciamos ineficacia en la administración: “Hay una decisión política de ajustar sobre el salario. La provincia tiene hoy más trabajadores ‘en negro’ o con contratos precarios que no aportan, y eso es lo que desfinancia el sistema. Si el Gobierno quiere soluciones, que blanquee el empleo y deje de meterle la mano en el bolsillo a los que aportamos toda la vida. No le tenemos miedo a las presiones.”

Desde la Coordinadora de gremios informaron que durante la instalación de la carpa “existieron algunas idas y vueltas con la policía de la provincia en términos de permisos y autorizaciones. Se  explicó que se habían solicitado los permisos correspondientes pero que se trata de una medida legítima de protesta y visbilizacion que no entorpece ni el tránsito ni la circulación interna. Por lo que se explicó también que la Carpa, tal como estaba previsto, se mantendrá hasta su cierre planeado para el viernes 24/4 donde se finalizará con un festival a las 13 hs.»

En el día de hoy se llevó a cabo reunión entre la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y autoridades del Tribunal Superior de Justicia, en el marco del reclamo sostenido por el gremio junto a las y los judiciales por recomposición salarial y exigencia del cumplimiento del acuerdo de equiparación conseguido el año pasado, entre una agenda más extensa de pedidos. En la reunión, solicitada hace mas de un mes por AGEPJ, estuvieron presentes por el TSJ el presidente del TSJ, Domingo Juan Sesín, y el vocal Luis Eugenio Angulo junto con Luis Sosa Lanza Castelli Administrador General del Poder Judicial y Edgardo Dainotto Director de Recursos Humanos del Poder Judicial. Por parte de AGEPJ estuvieron presentes el Secretario General Federico Cortelletti, La Secretaria Adjunta Agostina Noccioli, el Secretario gremial Adrián Valán, Pablo Sabas Secretario del Interior  y Santiago Durgam Secretario de Contabilidad y Finanzas. 

El eje central de la reunión fue la cuestión salarial. Previo a comenzar, AGEPJ planteó las medidas de fuerza son una acción legitima de las y los trabajadores y que la amenaza de descuentos, más cuando las mismas son en reclamo a cumplimiento del acuerdo de equiparación, resultan inadmisibles. En relación a lo salarial, desde AGEPJ reiteramos la necesidad del cumplimiento integral del acuerdo de equiparación salarial, planteando la importancia de definir mecanismos concretos que permitan su efectiva implementación en el actual contexto, fuertemente afectado por el impacto de las modificaciones previsionales que ha afectado y seguirá afectando de no actualizarse las escalas a la mayoría de la planta judicial. Asimismo, se planteó la urgencia de discutir herramientas que permitan recomponer el salario, tanto a través de dicho acuerdo como mediante otras vías complementarias como adelanto de la permanencia en la categoría.

AGEPJ también le reiteró al TSJ que su demora en generar las necesarias instancias de negociación paritaria provoca la consecuente agravación de los conflictos y su dilatación en el tiempo. En el marco democrático la negociación colectiva es la forma de dirimir la diferencia de intereses, tal como lo prevé la ley cordobesa de negociación colectiva para el sector público y la constitución nacional en su artículo 14 bis.
Ante ello el TSJ receptó las propuestas tanto en torno a lo salarial, comprometiéndose a cuantificar y determinar técnicamente las propuestas elaboradas, como en torno a la periodicidad de las reuniones institucionales de cara a avanzar en soluciones concretas para las y los judiciales, más luego de intercambiar análisis de coyuntura nacional y provincial.

En relación al resto de los temas de la agenda gremial, esto es, la carrera judicial (ascensos y pases a planta, con especial atención de quienes no ascendieron con la reestructuración), infraestructura, condiciones de trabajo (actualización del régimen de licencias con perspectiva de cuidado, avanzar hacia modalidades hibridas de trabajo con acento en derechos), concursos (descentralización de la toma de exámenes en los concursos del interior o la posibilidad de conceder días especiales de licencia para quienes tienen que viajar a capital a rendir, la necesidad de contar con más previsibilidad en el calendario de los concursos jerárquicos); puesta en funcionamiento del Comité Mixto en el ámbito de Policía Judicial y del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, e incidencia gremial en proyectos de modificación de la organización del trabajo y de incorporación de nuevas tecnologías, entre varios temas más; el TSJ se comprometió a seguir su abordaje y discusión común junto con las áreas técnicas encargadas de cada aspecto.

El compromiso de AGEPJ es continuar impulsando, con firmeza y responsabilidad, cada uno de estos reclamos, entendiendo que la mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los judiciales es también una condición necesaria para garantizar un servicio de justicia de calidad.
La necesidad de recomposición salarial con cumplimiento del acuerdo de equiparación que hoy se ha visto impactado por los aumentos previsionales junto con la mejora de condiciones de trabajo, resulta prioritario para las y los judiciales. Por ello, ante no definirse de parte del TSJ un nuevo día de reunión para la continuidad de los temas centrales, AGEPJ le adelanto a las autoridades que la Asamblea General Extraordinaria prevista en un nueva instancia para este viernes 17 de abril, definirá la continuidad del plan de acción con las medidas gremiales a seguir.

Desde el Gremio de Judiciales de Córdoba expresamos nuestro más enérgico rechazo al proyecto que pretende aumentar las penas en los casos de denuncias falsas en materia de violencia de género.

Quienes trabajamos diariamente en el ámbito judicial sabemos que las denuncias falsas en este tipo de delitos son excepcionales. La evidencia empírica muestra, además, que las falsas denuncias se registran con mayor frecuencia en delitos vinculados a conflictos patrimoniales, y no en hechos de violencia de género, donde lo que predomina es, por el contrario, la subdenuncia.

Este tipo de iniciativas no son ingenuas tiene una clara intencionalidad política y cultural. Busca instalar sospecha sobre las víctimas, desalentar la denuncia y debilitar uno de los pilares fundamentales en la lucha por la igualdad de mujeres y niñas: el deber internacional  del Estado de investigar y sancionar eficazmente la violencia de género.

Advertimos también que este discurso viene acompañado de un preocupante ataque a los Equipos Técnicos del Poder Judicial, a quienes se acusa de falta de objetividad o de estar influenciados por perspectivas que distorsionan el análisis de la prueba, promoviendo denuncias por mala praxis en el país. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino peligrosas.

Las intervenciones de los Equipos Técnicos se rigen por estrictos estándares profesionales: se ajustan a las normativas de los Colegios profesionales y a códigos de ética reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, se basan en metodologías, técnicas e instrumentos validados científicamente y permanentemente actualizados.

Desde nuestro gremio destacamos el rigor técnico, la formación y el compromiso de las trabajadoras y trabajadores de estos equipos, cuya labor resulta fundamental para garantizar procesos judiciales respetuosos de derechos, especialmente en la escucha y protección de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Alertamos sobre la peligrosidad de la amplificación mediática de discursos que desacreditan estas prácticas. Lejos de contribuir a mejorar el sistema, generan desconfianza social y efectos de amedrentamiento sobre quienes cumplen funciones esenciales, debilitando las herramientas institucionales necesarias para abordar la violencia de género. A esto se suma la dificultad que conlleva la investigación de los hechos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual por la frecuente ausencia de testigos, lo que ha llevado a que los estándares internacionales exigen tomar con especial cuidado las denuncias y declaraciones de las víctimas. El hecho de que sean difíciles de investigar y probar no puede traducirse en un detrimento del acceso a la justicia de quienes sufren violencia, históricamente postergadas.

Pero además, resulta imprescindible decirlo con claridad: la realidad del sistema judicial hoy está muy lejos de lo que pretenden instalar desde el Congreso con este tipo de leyes mediáticas. La situación de los fueros penal y especializados en violencia de género es crítica y exige atención urgente. Actualmente, es materialmente imposible abordar de manera integral cada denuncia, dictar medidas oportunas y realizar el seguimiento adecuado que cada caso requiere. La estructura judicial y el personal asignado son insuficientes para dar respuesta a la magnitud y complejidad de estas problemáticas.

A esto se suma la necesidad impostergable de repensar el diseño institucional vigente, que muchas veces obliga a las víctimas a transitar circuitos fragmentados, confusos y desgastantes. Este entramado no solo genera un enorme desgaste institucional innecesario, sino que también produce revictimizaciones y profundiza la desorientación de quienes acuden en busca de justicia.

Las consecuencias son evidentes y alarmantes: la mayoría de las víctimas no llega siquiera a denunciar. En Córdoba, los datos son contundentes: sólo el 9,5% de las víctimas de femicidio o tentativa de femicidio durante 2026 había realizado una presentación previa ante la justicia.

Estos números no hablan de denuncias falsas. Hablan de un sistema que aún no logra garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia con perspectiva de género, basada en evidencia, en el respeto de los derechos humanos y en la protección efectiva de quienes más lo necesitan.

No es endureciendo penas contra supuestas denuncias falsas como se fortalece la justicia, sino fortaleciendo las condiciones reales para prevenir, investigar, atender y erradicar la violencia de género.

En el marco de la continuidad del proceso de organización y lucha que venimos desarrollando, y tras el cumplimiento del plan de acción definido colectivamente, la Comisión Directiva de AGEPJ convoca a retomar el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria para el próximo viernes 17/04/2026 a las 13 hs. (con una hora de tolerancia estatutaria) en la sede histórica de la CGT (Vélez Sarsfield 137), con el objetivo de evaluar la situación actual y resolver los pasos a seguir.

Cabe recordar que en la Asamblea del 12 de marzo de 2026 acordamos una agenda común centrada en la recomposición de nuestros salarios, el cumplimiento del acuerdo de equiparación y la defensa de nuestras jubilaciones, frente a una pérdida salarial cercana al 40%, desde 2023/24 con el impacto de las devaluaciones y de la política de ajuste fiscal a nivel nacional, a la cual la CSJN se ha venido allanando. Si bien durante 2025 se lograron avances como la reestructuración y la equiparación salarial, estos se vieron afectados por el aumento de aportes personales dispuesto por el gobierno provincial con la Ley 11087.

En ese marco, en la primera instancia de la Asamblea Extraordinaria se acordaron por consenso los objetivos de acción que pueden sintetizarse dos ejes simultáneos:
• A nivel provincial, el rechazo a la ley de “inequidad jubilatoria”, que afectó la equiparación lograda en 2025 mediante el aumento de aportes personales, exigiendo a la provincia la derogación de la Ley 11087 y la devolución de los aportes.
• Ante el TSJ, la exigencia de cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2025, cuyo impacto se vio condicionado por las medidas provinciales. Exigencia de cumplimiento del acuerdo que también esta dirigido al gobierno provincial. Además se determinaron otros puntos de la agenda como carrera, ascensos, pases a planta, modalidad híbrida de trabajo, infraestructura, condiciones de trabajo, entre mas cuestiones.
La convocatoria a retomar el cuarto intermedio tiene como objetivo definir la continuidad del plan de acción para alcanzar estas demandas. Frente a las amenazas de descuentos por parte del TSJ ante el legítimo derecho a huelga, la Comisión Directiva propone sostener la presión sobre ambos frentes —Ejecutivo provincial y TSJ— mediante una batería de medidas que combine acciones gremiales y solidarias, incluyendo la construcción de un fondo de huelga, buscando mantener la visibilización del conflicto y la organización colectiva, cuidando a su vez el impacto en los ingresos de las y los compañeros.

Como Plan de acción y medidas se propone :

a) Semana del 20/4 al 24/4/2026
• Lunes 20/4 al viernes 24/4/2026: Acompañamiento de las acciones de visibilización que determinen los gremios aportantes en reclamo por las jubilaciones y contra la Ley 11087 (posiblemente una Carpa en la Plaza Vélez Sarsfield).
• Uno de los días de esa semana (en función del cronograma de los gremios aportantes): jornada de lucha y visibilización, con retiro provincial a las 10 hs. y concentración en Capital en las acciones de visibilización que determinen los gremios aportantes.

b) Semana del 27/4 al 01/05/2026
• Cronograma de asambleas en toda la provincia y asambleas ruidosas sorpresivas, precedidas de recorridas por las oficinas.
• Miércoles 29/4: inicio de Paro provincial de 36 hs. desde las 12 hs., con movilización en Capital hacia Tribunales I.
• Jueves 30/4: continuidad del paro (24 hs.) y acción junto a la CGT Histórica en conmemoración del 1º de Mayo.

c) Dejar establecido que, en caso de que se concreten descuentos por las medidas, se convocará a una acción de protesta en toda la provincia para el día hábil siguiente a que se conozca dicha situación.

d) Construcción de un fondo de huelga mediante una rifa solidaria destinada a las y los afiliados que hayan recibido descuentos por medidas de fuerza, en línea con la experiencia desarrollada en 2025.

e) Pasar a un cuarto intermedio de la Asamblea extraordinaria para evaluar el estado del conflicto y las medidas de fuerza y autorizar a la Comisión Directiva a retomar el cuarto intermedio en una fecha mediata.