El pasado, lunes 6 de abril, realizamos un gran paro provincial de 24 horas en todas las sedes de tribunales y unidades judiciales de Capital e interior provincial. Esta medida de fuerza forma parte del plan de lucha votado en la última Asamblea General Extraordinaria.

Las y los judiciales de toda la provincia demostramos que el camino siempre es la unidad en la lucha. A pesar de los intentos por desalentar la medida, la respuesta de las y los compañeros fue contundente: un alto acatamiento al paro en defensa de nuestro salario y jubilaciones.

La adhesión a la medida de fuerza es el reflejo de una necesidad clara: diálogo y soluciones. No buscamos el conflicto por el conflicto mismo, sino el respeto a nuestros derechos y la apertura de los canales de negociación que venimos solicitando formalmente. En unidad seguimos defendiendo el salario, las jubilaciones y nuestras condiciones de trabajo.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Las y los judiciales venimos dando una lucha en dos planos. Uno junto a los gremios estatales solicitando la derogación de la ley de equidad jubilatoria. El otro solicitando al TSJ articular estrategias propias que mejoren la situación salarial en torno al cumplimiento del acuerdo de equiparación, cuestiones vinculadas a la tasa de justicia, permanencia en la categoría, ascensos y pase a planta de contratados y contratadas, entre varias cuestiones más definidas en la asamblea extraordinaria. Para eso reclamamos un ámbito de negociación.”

Por su parte el Secretario del Interior Pablo Sabas “El paro tuvo un gran acatamiento en toda la provincia, eso es la manifestación del deterioro constante de nuestros ingresos frente a la inflación y el ajuste. Nuestra estrategia sigue siendo la construcción de la unidad de las y los judiciales en torno al objetivo principal de obtener recomposición salarial, ya sea vía derogación de leyes de ajuste u obtención de mejoras cuyo resorte está en manos del empleador directo que es el Poder Judicial.”

Hoy martes 7 de abril continúa el plan de lucha votado en la Asamblea Extraordinaria con asambleas sorpresivas

Desde el gremio de Judiciales de Córdoba presentamos a comienzos de febrero de 2026 un reclamo formal ante la Administración General del Poder Judicial por la incorrecta previsión de los días de feria del receso invernal. El jueves 26 de marzo La Administración General del Poder Judicial informó al gremio que mediante la Acordada Nro. 276 Serie “A” del 20/3/2026 ha dado lugar a nuestro reclamo. Se ha enmendando el cronograma del calendario judicial para de esta manera garantizar el receso invernal de 8 días hábiles previstos en las normativas vigentes.

En el reclamo que presentamos desde AGEPJ advertimos que el calendario judicial no respetaba lo establecido en la Acordada Reglamentaria N° 1445 Serie “A” del 31 de agosto de 2017, que reglamenta el artículo 47 del Reglamento de Administración Laboral (R.A.L.). Dicha normativa determina que el receso invernal debe extenderse durante ocho días hábiles, en concordancia con el receso escolar de invierno previsto en la Ley Provincial N° 8435. Sin embargo, según el calendario que había publicado la administración del Poder Judicial, sólo se contemplaba como día inhábil el 9 de julio, omitiéndose el 10 de julio, declarado día no laborable conforme al calendario oficial nacional publicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley Nacional N° 27.399. Esta omisión implicaba que no se complete la totalidad de los ocho días hábiles de receso invernal previstos por la acordada del Tribunal Superior de Justicia.

Desde AGEPJ entendemos que esta acordada de la Administración del Poder Judicial enmienda el error en la previsión de los días de feria del receso invernal. Continuamos exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales y las condiciones de trabajo de las y los judiciales.

Desde AGEPJ expresamos el más enérgico repudio ante el gravísimo hecho de violencia ocurrido en la mañana de hoy en el sector de Defensorías Civiles de Tribunales I.

Durante la jornada, en el pasillo de dichas dependencias, una persona con severos padecimientos de salud mental protagonizó una situación de altísima tensión al romper la caja de seguridad de un matafuego y utilizarlo como objeto contundente, golpeando barandillas y amenazando al personal judicial presente. Asimismo, con un trozo de vidrio intimidó a una persona que se encontraba en el lugar para aceptar un cargo de perito.

Lo más alarmante de lo sucedido fue la ausencia total de personal policial, que debería haber estado cubriendo las guardias en un sector donde, de manera sistemática, se registran situaciones de violencia y agresiones hacia trabajadoras y trabajadores judiciales.

La escalada de violencia recién pudo ser contenida gracias a la intervención del propio personal, que logró llegar hasta el ingreso del edificio para exigir la presencia policial. Es decir: quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema judicial tuvieron que, además, garantizar su propia seguridad.

Este hecho no es aislado. Es la expresión extrema de una problemática estructural que lleva años sin respuesta:

• Falta de intervención efectiva de los organismos de salud (PAMI, APROSS, Incluir Salud y otros) frente a personas con padecimientos de salud mental.
• Insuficiencia de personal y de defensorías frente a una demanda creciente y cada vez más compleja.
• Ausencia de medidas de seguridad adecuadas.
• Inexistencia de dispositivos interdisciplinarios para abordar situaciones de crisis.

Hoy se evitó una tragedia de casualidad. Mañana puede no haber margen.

Por todo ello, exigimos de manera urgente:

• Presencia policial permanente e ininterrumpida en los pasillos de las Defensorías Civiles.
• Investigación y sanción correspondiente por la ausencia policial en el día de la fecha.
• Asignación de presupuesto inmediato para la creación de nuevas defensorías y la incorporación de personal suficiente.
• Intervención activa de las áreas de salud laboral del Poder Judicial, con acompañamiento sostenido a quienes trabajan en este sector crítico.

No vamos a naturalizar la violencia como condición de trabajo.
La seguridad del personal judicial no es negociable.