AGEPJ y la Asociación Bancaria unimos fuerzas para exigir la eliminación de los aportes jubilatorios extraordinarios que los aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia venimos realizando desde diciembre de 2023. Asimismo exigimos el fin del diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional ( art 58 ley 10.694). Para ello  realizaremos medidas de acción conjuntas.

Integrantes de las comisiones directivas de La Bancaria y AGEPJ encabezadas por sus respectivos secretarios generales Ezequiel Morcillo y Federico Cortelletti llevamos adelante este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de analizar cursos o vías de acción ante el ajuste salarial que implican los aportes extraordinarios, ello en el marco de la compleja situación política y económica que atraviesa el país y la provincia de Córdoba. Evaluamos el lanzamiento de medidas gremiales conjuntas y la posibilidad de sumar actores afectados por los aportes extraordinarios y desproporcionados que los trabajadores estatales venimos soportando, sin que ello signifique en una mejora en las condiciones de los jubilados estatales.

Ambas entidades gremiales analizamos con preocupación el continuo deterioro del poder adquisitivo del salario al que conduce la política económica de la motosierra y el déficit cero. Evaluamos indicadores como la baja en el consumo de bienes básicos como alimentación, indumentaria, esparcimiento, así como el aumento del nivel de endeudamiento y refinanciación de deudas de las familias trabajadoras.

A nivel provincial se coincidió en que es absolutamente inaceptable el mantenimiento de aportes extraordinarios sobre los salarios estatales desde diciembre de 2023. Se trata lisa y llanamente de un recorte que debe ser revertido por el gobierno provincial porque los términos de una emergencia deben ser acotados en el tiempo. Si bien es público el estrangulamiento financiero que la Nación practica sobre las provincias –al retacear o negar fondos que por ley corresponden, como es el caso de la Caja Provincial de Jubilaciones–, se remarcó que el ajuste no puede recaer únicamente sobre los trabajadores y jubilados provinciales. En esa línea resulta un grave contrasentido mantener el recorte salarial de los aportes y apoyar la baja de retenciones agropecuarias -como se anunció recientemente a nivel nacional y fue acompañado a nivel provincial- porque se trata de medidas que benefician a grandes actores económicos de altísimo poder adquisitivo e incluso multinacionales extranjeras.

Mediante un comunicado gremial conjunto afirmamos  que “la respuesta ante la crisis no puede ser siempre la misma, ajustar a los que menos tienen. Es necesaria la voluntad política del Gobierno Provincial en la defensa de los ingresos populares y buscar alternativas que no sigan dañando el bolsillo de los trabajadores». Asimismo que “Vamos a alcanzar cerca de dos años en esta situación de descuento forzoso, que no es otra cosa que un ajuste disfrazado. Esta medida no puede seguir extendiéndose en el tiempo.”

Por último ambos gremios coindimos en que los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba mediante las organizaciones sindicales deben recuperar el gobierno de la caja de Jubilaciones, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno.