Las y los profesionales psicólogas, trabajadoras sociales y psiquiatras del poder judicial de la provincia reclaman el reconocimiento de su responsabilidad profesional ya que, al igual que funcionarios y magistrados “firman” sus informes y requieren para ello la matrícula profesional habilitante.

Las profesionales de los Equipos técnicos del Poder Judicial comenzaron el pasado lunes 10 de junio retención de tareas en reclamo por el reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, de la responsabilidad de su tarea. La retención se continuará toda la semana de no mediar respuestas favorables y consiste en la no realización de las tareas propias del sector por 2 hs. cada día, de 12 a 14 hs.
El reclamo data de mediados de los años 90 y nace a raíz de una desigualdad estructural que se generó en perjuicio de los y las profesionales que ingresan a trabajar en los Equipos Técnicos de toda la provincia. Para ingresar al Poder Judicial a los equipos técnicos se les exige, además del concurso público de oposición y antecedentes como la gran mayoría de la planta, acreditar el título habilitante, matrícula profesional vigente, experiencia en el ejercicio profesional y conocimiento y formación especializada. Teniendo en cuenta los requisitos formales de postulación, las y los profesionales de los equipos técnicos ingresan con una edad promedio de 30 años como peritos oficiales al mismo agrupamiento administrativo que el resto de la planta jurisdiccional, a quienes actualmente solo se les exige tener aprobado el 40% de la carrera de abogacía, quienes ingresan con menos de 25 años. Eso a la larga genera que la mayoría de profesionales del sector no llega con el cargo más alto a la edad jubilatoria.
Pero, además, los equipos técnicos realizan tareas que conllevan responsabilidad por la firma en sus pericias. Pueden recibir sanciones graves por ejemplo por incurrir en mora injustificada en el desempeño funcional, retacear colaboración, no brindar diligencia debida, y no guardar el debido secreto profesional, como así también se prevé la posibilidad de ser excusadas y recusadas, conforme las normas de procedimiento en la materia tal como sucede con quienes integran la magistratura.
El encuadramiento profesional de los equipos técnicos viene reclamando desde hace años un escalafón o estructura administrativa propia, acorde a las funciones y responsabilidades que asumen las profesionales, como así también el reconocimiento económico por la responsabilidad de la firma de los informes, dictámenes y pericias.
El Secretario Gremial de AGEPJ Adrian Valan expresó que “ya es hora que el Poder Judicial ponga fin a la discriminación que sufren las compañeras de equipos Técnicos y se avance en el reconocimiento del carácter profesional de sus tareas.”
En tanto que Alejandra Raya, integrante de la comisión directiva de AGEPJ y referenta del sector agregó que: “Ante las dilaciones del empleador en ofrecer soluciones a nuestro legítimo reclamo o siquiera constituir una mesa de negociación sectorial hemos iniciado medidas de fuerza que van a resentir el servicio.”

Con el aval de un gran número de sumariantes AGEPJ solicitó al empleador la revisión de los términos de las convocatorias a concurso para el cargo de Ayudante Fiscal en las Unidades Judiciales de Capital creadas o a crearse, así como las del interior.

Dichas condiciones están establecidas en los acuerdos número 370, 371 y 372 de abril de 2024. La petición gremial tiene el fin de permitir la participación de sumariantes con ocho años de experiencia en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria de 2021 ya que hay una gran disparidad entre los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria actual en comparación con la emitida en 2021. En ese sentido, se destaca que la convocatoria anterior permitía la participación de personas con ocho años de antigüedad como sumariantes en las Unidades Judiciales, lo cual posibilitó una mayor inclusión y diversidad de participantes en los concursos.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “La modificación de los criterios de admisión ha generado un alto nivel de frustración en muchos y muchas sumariantes que han acumulado experiencia laboral en las Unidades Judiciales. Diariamente realizan la dura tarea que implica ser sumariante por tanto tienen la legítima expectativa de poder participar en los concursos para el cargo de Ayudante Fiscal. Para exacerbar la cuestión se suman las dificultades que existen para el traslado de sumariantes a las Fiscalías de Instrucción, especialmente en la capital, lo cual pone trabas evidentes al crecimiento profesional de ese sector del poder judicial.”

En tanto que la Secretaria de Organización de AGEPJ y representante gremial ante la junta de calificaciones Lucía Bonafé agregó que “El planteo de nuestro sindicato está orientado a impulsar el desarrollo profesional de quienes se desempeñan en las Unidades Judiciales, especialmente ante el cambio de reglas de un concurso a otro. Entendemos que alentar a que los y las sumariantes puedan continuar la carrera especifica de su lugar de trabajo, rindiendo para el cargo de Ayudante Fiscal, hace a una mejora del sistema de justicia y de la carrera profesional.”