A los reiterados reclamos efectuados por AGEPJ respecto a las condiciones laborales de las y los sumariantes de las unidades judiciales y de los Tribunales de Familia, se suma ahora una preocupante escalada de incidentes que comprometen la seguridad e integridad psicofísica de los y las compañeros judiciales que se desempeñan en el Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la capital cordobesa.

El episodio ocurrido el pasado miércoles —cuando un denunciado por violencia familiar reaccionó de forma agresiva en la barandilla del quinto piso, golpeando el mobiliario y generando una situación de extrema tensión— dejó en evidencia la profunda desprotección en la que se encuentran las y los trabajadores judiciales.

Estos hechos, lejos de ser aislados, se inscriben en un contexto de profunda crisis social que impacta directamente en las dependencias que tramitan causas de alta sensibilidad. En tal sentido venimos detectando y denunciando similares hechos en las Unidades Judiciales y en el Fuero de Familia, estamentos por demás sensibles en torno a lo social.

La vulnerabilidad de quienes acuden en busca de ayuda no puede justificar ni naturalizar reacciones violentas hacia quienes trabajan en estos espacios. Por el contrario, debe ser atendida con políticas públicas integrales que contemplen también el cuidado de quienes sostienen el servicio de justicia día a día. La atención al público se realiza en condiciones alarmantes: espacios anegados, sin privacidad ni resguardo, donde relatos de extrema vulnerabilidad son escuchados por acompañantes, victimarios y personas ajenas, en pasillos sin contención ni protección.

Tras un relevamiento realizado en el edificio por AGEPJ, se advierte la ausencia de presencia policial en oficinas con atención constante al público y la falta de dispositivos de seguridad eficaces para prevenir situaciones de riesgo, como podrían ser los detectores de metales o equipos de intervención y acompañamiento. Esta carencia expone al personal a escenarios de amenaza que podrían evitarse con medidas mínimas de resguardo, como el sucedido la semana pasada en el fuero.

En este marco, AGEPJ presentó una nota formal ante la Coordinadora del TGA, Dra. Claudia Carasso, solicitando la adopción urgente de medidas concretas. Acompañamos el pedido de las y los trabajadores de reforzar la presencia policial en los espacios de atención directa, implementando una guardia permanente en las oficinas más expuestas, tal como ya ocurre en el ingreso al edificio. Asimismo, requerimos la instalación de detectores de metales y el fortalecimiento de dispositivos de contención para personas en situación de crisis.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia. No hay justicia posible sin cuidado de quienes la hacen posible.

En el día de la fecha, viernes 24 de octubre, culminó la segunda ronda de elecciones para constituir el cuerpo de delegados y delegadas de AGEPJ de Capital. Hoy se celebraron elecciones para definir representantes en Policía Judicial
En dicha elección se eligieron para el edificio Policía Judicial: 5 delegados/as titulares y 5 delegados suplentes; Para el sector perteneciente a la Unidad de Choferes de dicho edificio: 1 delegado/a titular y 1 delegado/a suplente y para el edificio de la DIO 2 delegados/as titulares y 2 delegados/as suplentes.

Dirección de Investigación Operativa (DIO) – Policía Judicial (calle Duarte Quirós)
Cintia Verónica Cajal (Titular): 50 votos
Ernesto Ortiz (Titular): 50 votos
Leonardo Drenkard (suplente): 50 votos
Emiliano Manno (suplente): 50 votos

Edificio de Policía Judicial – Unidad choferes:
José Abel Peña (titular): 4 votos
Miguel Quintero (suplente): 2 votos

Edificio de Policía Judicial General (calle Laprida)
Titulares:
– María Noelia Luque: 94 votos
– Alejandro Chávez: 88 votos
– Gonzalo Lassaga: 76 votos
– Carolina Camba: 62 votos
– Jorge Perea: 60 votos

Suplentes
– Silvia Andrea Sosa: 58 votos
– Juan Pablo Canteros: 57 votos
– Adrián Roldan: 37 votos
– Sebastián Zapata: 31 votos
– Hugo Federico Chávez Reynoso: 14 votos

Felicitamos a las y los delegados electos y a todos los y las que participaron.

AGEPJ puso en conocimiento de la Administración General que en los Tribunales de Familia de Capital se vienen registrando, con creciente frecuencia, situaciones de violencia y agresión por parte del público hacia las y los trabajadores judiciales que allí desempeñan sus tareas.

Las situaciones de mayor conflictividad suelen registrarse especialmente en las Defensorías Públicas y en la OGA, lugares donde se reciben múltiples consultas diarias por parte de la ciudadanía y se brinda atención directa y continua. Las agresiones suelen originarse porque las personas que acuden a este fuero llegan en un estado de gran alteración, exigiendo respuestas inmediatas y son las y los empleados quienes las reciben y atienden directamente, y cuando las respuestas no resultan favorables, muchas veces son quienes terminan siendo objeto de agresiones verbales o incluso físicas.

Sin perjuicio de comprender el estado de vulnerabilidad y angustia que atraviesa la mayoría de las personas que acuden a los Tribunales de Familia, nada justifica que los trabajadores y trabajadoras debamos sufrir agresiones en nuestro ámbito laboral. Todos y todas merecemos desempeñarnos en un entorno seguro, donde se pueda trabajar en armonía y sin miedo.

Frente a esta situación, las delegadas y delegados del fuero presentaron una nota a la jueza encargada del edificio, Dra. Marcela Menta, solicitando la adopción de medidas de prevención y la presencia permanente de la guardia policial en los distintos pisos del edificio —no solo en planta baja—, especialmente en el primero, cuarto y séptimo piso, donde funcionan las Defensorías Públicas.

Asimismo, desde la AGEPJ se realizaron gestiones ante la Administración General del Poder Judicial, solicitando que se adopten las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad del personal y garantizar condiciones de trabajo dignas para todo el personal  del fuero de Familia.

Estas situaciones son similares a las denunciadas en las Unidades Judiciales y también conocemos en el Edificio de San Jerónimo, dónde también nos encontramos trabajando y profundizaremos gestiones. Pero se trata de una realidad que está altamente emparejada con la crisis económica y los resultados sociales cuando el Estado se retira. Situaciones que están lejos de solucionarse en el mediano plazo por lo que sí no se toman las medidas necesarias para las y los trabajadores judiciales, estos hechos no harán más que agravarse.

El compromiso, la empatía y la vocación de servicio de las y los trabajadores judiciales son pilares fundamentales del funcionamiento de fueros o espacios judiciales tan sensibles como los de Familia, Violencia Familiar y Unidades Judiciales. Por eso, desde AGEPJ reiteramos la necesidad de que se implementen de forma urgente acciones concretas que aseguren un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de violencia.

La Comisión Directiva de AGEPJ continúa recorriendo las Unidades Judiciales, recabando de primera mano las inquietudes y problemáticas que atraviesan las y los trabajadores.

En este contexto, observamos con gran preocupación como resultan diarios los episodios de violencia en los cuales denunciantes maltratan verbalmente a las y los sumariantes, quienes se ven expuestos a insultos, amenazas y hasta sustracción de sus pertenencias. Ninguna sede está exenta de ello.

El complejo contexto social que atraviesa nuestro país y, puntualmente, nuestra provincia, se materializa en el aumento de la violencia urbana. Cada vez es mayor la cantidad de personas en situación de calle, con consumo problemático de drogas y alcohol, y con diferentes problemas de salud mental sin un acompañamiento acorde. Todas estas problemáticas terminan en la puerta de la unidad judicial, configurando un escenario laboral de alta exposición y vulnerabilidad.

Por otro lado, la infraestructura de los edificios demuestra la falta de inversión, necesaria para tener un espacio digno de trabajo: cajas apiladas en lugares insólitos, paredes descascaradas por la humedad y hongos a escasos centímetros de los puestos de trabajo, solo por nombrar algunas de las problemáticas.

A ello se le suma, la falta de personal policial en el ingreso a las sedes judiciales. En algunas, no existe registro por parte del personal de seguridad de quién ingresa o sale, ni de lo que sucede en las salas de espera, donde se registran peleas entre denunciantes, se presentan personas notablemente alcoholizadas, en estado de consumo de estupefacientes o lesionadas. Incluso durante los trasnoches, llega gente a dormir. Esto no surge sólo de los relatos de los y las sumariantes, sino del propio registro realizado por los miembros de la Comisión Directiva durante las visitas, donde al llegar a algunas las comisarías, no se observaba personal policial.

El relevamiento de los botones antipánico arroja que algunos se ubican en lugares que no son prácticos, no tienen batería (pila) o el personal policial desconoce “como suena”, por lo que no advierte las situaciones de crisis que requieren de su presencia. La integridad física de los y las sumariantes no puede depender de que el oficial de servicio “justo escuche”, sino que debe ser garantizada las 24 horas del día.

Para finalizar, no nos pasa desapercibido que el inminente comienzo del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas, absorberá personal que actualmente se encuentra trabajando en las unidades judiciales de número, lo que implica un aumento en los turnos trasnoches y fines de semana por parte de los sumariantes que continuarán en esas sedes. Vale decir que, en algunas Unidades Judiciales ya se encuentran trabajando al límite del personal mínimo necesario para un normal desarrollo conforme los acuerdos que Recursos Humanos mantiene con AGEPJ.

Por todo lo analizado hasta este punto, es que desde AGEPJ reiteramos al MPF, la imperiosa necesidad de:

• Diseñar un plan de acondicionamiento edilicio de las Unidades Judiciales, que incluya la reparación de humedades, la incorporación de elementos de protección en todos los edificios (mostrador, ventana de doble hoja, etc.) y la adecuación de un espacio de guardado de las pertenencias y elementos de higiene de los y las sumariantes.
• Garantizar la presencia de personal policial en el ingreso de los edificios donde se ubican las unidades judiciales, de manera tal que estén atentos a la circulación de personas y, en caso de ser necesario, accionen en consecuencia.
• Programar la apertura del nuevo centro de recepción de personas aprehendidas de modo tal que no implique una sobrecarga a la jornada laboral mensual de los y las sumariantes.
• Reconocemos que los recursos son escasos y no se nos escapa que el contexto económico es complejo. Sin embargo, se anunció con bombos y platillos, la creación del nuevo fuero de flagrancia, con una exorbitante asignación de recursos para el nombramiento de funcionarios y Fiscales, mientras la seguridad y las condiciones de trabajo de los y las sumariantes sigue siendo postergada.
• Es urgente adoptar medidas que protejan a quienes, las 24 horas de los 365 días del año, son la puerta de ingreso al sistema de justicia penal de la provincia.