A 11 años del primer grito masivo de Ni Una Menos, la violencia machista sigue arrebatándonos vidas cada 36 horas. Esta vez, con la vida de Agostina Madeleine Vega.
Como mujeres feministas, este caso nos interpela y conmueve profundamente. Como trabajadoras judiciales, que representamos el 75% del total del Poder Judicial, nos interpela además desde un lugar que conocemos demasiado bien: el de quienes reciben las denuncias, sostienen guardias, escuchan los relatos de violencia, acompañan a las víctimas y sostienen cotidianamente un sistema que hace años muestra signos evidentes de agotamiento. Por eso conocemos estas falencias desde adentro. No hablamos desde la teoría: hablamos desde la experiencia cotidiana de quienes intentan hacer funcionar un sistema que hace tiempo opera por encima de sus límites.
Desde AGEPJ y desde Judicialas, venimos advirtiendo estas falencias mucho antes de que una tragedia vuelva a exponerlas ante la sociedad. Hace años alzamos la voz para señalar las profundas grietas estructurales que presenta el Poder Judicial en nuestra provincia: la falta de recursos humanos y materiales, la fragmentación de los circuitos institucionales, la falta de diálogo con el resto de los dispositivos estatales encargados de prevenir la violencia de género, la ausencia de una perspectiva de género real en la toma de decisiones y en los altos mandos de dirección y el riesgo de exigir respuestas eficaces a un sistema que funciona permanentemente al borde del colapso.
Más aún, trabajamos de manera activa y constante en iniciativas que invitan al diálogo entre las diversas partes del sistema de justicia. El protocolo contra la violencia laboral y de género, el proyecto por la democratización de las tareas de cuidado dentro del Poder Judicial y la más reciente mesa interinstitucional para mejorar el abordaje judicial de la violencia de género son algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo en los últimos años en torno a esta problemática.
Ante un Poder Judicial que se niega a revisarse y a hacer autocrítica, nosotras alzamos la voz con claridad: el sistema actual pregona una supuesta eficiencia y rapidez que choca contra una realidad cotidiana signada por el desborde, la fragmentación y un financiamiento escaso y mal dirigido, pensado desde arriba sin conocer el trabajo cotidiano ni donde radican las necesidades más urgentes. No hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas y que no escuchan a sus trabajadoras.
Las unidades territoriales (antes Unidades Judiciales) son el primer eslabón del proceso penal. Estas dependencias sufren un constante vaciamiento. Mientras la escala de violencia e inseguridad multiplica la cantidad de denuncias y causas a investigar, los recursos humanos y materiales disminuyen. Existen realidades que son imposibles de ocultar: guardias sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, oficinas sin infraestructura adecuada y equipos que deben responder a situaciones extremas con recursos cada vez más escasos. Bajo estas condiciones, es imposible garantizar simultáneamente la celeridad, la escucha y el acompañamiento que las víctimas necesitan.
Asimismo, las Fiscalías de Instrucción, el Fuero de Familia, el Fuero de Violencia Familiar y Género y el Ministerio Público Fiscal, también conviven con el aumento exponencial de la litigiosidad contando con cada vez menos recursos y con directivas de formas de trabajo propias de otra época, no actualizadas a las necesidades reales de hoy. Así los equipos técnicos y administrativos se ven obligados a priorizar lo urgente de lo urgente, trabajando bajo niveles intolerables de presión, angustia y estrés. El compromiso de los trabajadores y trabajadoras es absoluto, pero es el diseño institucional del abordaje de las violencias de género lo que falla.
Advertimos con profunda preocupación que, ante cada crisis, la decisión institucional es la amenaza de sumarios o represalias contra quienes instruyeron las causas. Se intenta buscar culpables individuales para ocultar las falencias de diseño, presupuesto y gestión del propio Estado; los que hace años venimos denunciando desde adentro. Esta persecución instala un paradigma perverso y dañino: el de «trabajar para cubrirse». Un trabajador o trabajadora judicial que ejerce sus tareas con miedo a ser el chivo expiatorio de una resolución sumarial no puede concentrarse en lo importante, que es brindar un servicio humano y eficiente a la comunidad. Las fallas de coordinación, la fragmentación entre fueros y los circuitos burocráticos que revictimizan a quienes buscan ayuda son responsabilidad política de quienes diseñan las estructuras, no de quienes las sostienen con su salud y su esfuerzo.
La verdadera prevención no empieza con la persecución penal
Frente a cada femicidio consumado suele instalarse la idea de que la responsabilidad exclusiva recae sobre el Poder Judicial. Sin embargo, esa mirada parte de un error de diagnóstico que impide discutir soluciones reales. El sistema judicial, y especialmente el derecho penal, no están diseñados primordialmente para prevenir delitos, sino para intervenir cuando los hechos ya ocurrieron o cuando existen situaciones concretas que son puestas en su conocimiento. Las fiscalías investigan conductas y persiguen responsabilidades una vez producida la vulneración de derechos; no pueden sustituir las políticas públicas de prevención ni convertirse en la única barrera frente a la violencia de género.
Si verdaderamente queremos evitar nuevos femicidios, el foco debe estar puesto en las falencias del Estado en su conjunto. La prevención requiere inversión sostenida en políticas públicas específicas, fortalecimiento de las áreas de género, equipos interdisciplinarios, programas de acompañamiento y dispositivos territoriales capaces de detectar tempranamente situaciones de riesgo. Escuelas, centros de salud, clubes, espacios comunitarios, municipios y organismos especializados deben contar con recursos y herramientas para actuar cuando las primeras señales de alarma aparecen. El Poder Judicial tiene la obligación de mejorar sus respuestas, optimizar sus diseños institucionales y articular acciones con el resto de los organismos estatales, pero seguir señalándolo como único responsable no evitará ningún otro femicidio. Por el contrario, desvía la atención de las transformaciones estructurales que resultan indispensables para prevenir la violencia antes de que sea demasiado tarde.
Desde Judicialas estamos convencidas de que con el diagnóstico no basta; por eso, las políticas de género e interinstitucionales son y seguirán siendo la prioridad de nuestro trabajo colectivo: hemos impulsado y convocado de manera proactiva a Mesas de Articulación Interinstitucional para mejorar el abordaje de la violencia de género en el Poder Judicial. Sentamos en la misma mesa a representantes de Unidades Judiciales, Fiscalías, Defensorías, Equipos Técnicos, Cámaras del Crimen, el Polo de la Mujer y el Fuero de Familia y Violencia Familiar y Género. Estamos identificando dónde fallan los circuitos porque somos quienes los operamos y hemos propuesto de manera constante canales de coordinación para terminar con la fragmentación de los fueros y la burocracia que revictimiza.
Sin embargo, para que estos cambios se consoliden, el Poder Judicial debe cambiar muchas cosas: primero asumir que la perspectiva de género no se agota en el cumplimiento formal de la formación obligatoria (Ley Micaela) y que es inaudito que el diseño de la persecución penal esté a cargo exclusivamente de varones, lo cual quedó en evidencia en la conferencia de prensa en el marco del femicidio de Agostina: no puede discutirse la violencia contra las mujeres sin mujeres participando de las decisiones. Con los últimos movimientos institucionales, la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba quedó en manos de cinco varones y eso es una decisión política por parte del Estado provincial. Solo desde AGEPJ nos posicionamos en contra, no escuchamos a ningún medio de comunicación hacerse eco de este reclamo. Se necesitan políticas profundas que dejen de ver la temática como una cuestión accesoria y la asuman como el norte de una reforma integral.
En segundo lugar, hay que asumir las fallas graves que existen en la comunicación entre la justicia y la sociedad. La falta de empatía, de lenguaje claro, de un diálogo eficaz y sincero, solo demuestra la enorme distancia que hay entre quienes resuelven los conflictos y quienes los viven y transitan. Se tiene que abordar urgentemente la soberbia judicial a la que nos tienen acostumbrados muchos de los magistrados, todo lo cual quedó reflejado en las palabras – a nuestro entender – desafortunadas del fiscal Garzón. Los sumariantes, los instructores de la causa, los cuerpos operativos en conjunto, trabajaron comprometidamente para esclarecer lo sucedido, pero nada de eso se vio reflejado en la comunicación institucional, donde pareció que se olvidaron que lo que estaban informando a la comunidad era la muerte de una joven de 14 años.
Si el Poder Judicial – y el Estado en su conjunto – no analiza, escucha y resuelve de raíz las deficiencias del sistema, la estructura seguirá colapsando.
Este 3J, las judiciales de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y con las víctimas de violencia. Exigimos que el Estado en su totalidad asuma su responsabilidad institucional: necesitamos políticas integrales para erradicar la violencia de género, recursos humanos y materiales para sostenerlas y condiciones de trabajo dignas para cada trabajador y trabajadora de la justicia.
Las advertencias existieron. Las venimos denunciando desde hace años.
Es tiempo de que el Poder Judicial y el Estado escuchen a quienes trabajan dentro de él.
Ni una menos. Ni un femicidio más.
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